El silencio de España

Heraldo de Aragón.
16 Noviembre 2010
Tribuna. La Firma

España abandonó el territorio del Sahara Occidental hace ahora 35 años, incumpliendo sus compromisos de garantizar la descolonización. Aunque aseguró la salida de militares, comerciantes y funcionarios, abandonó a su suerte a los saharauis. La semana pasada Marruecos atacó el campamento de Agdaym Izik, donde más de 20.000 saharauis se encontraban concentrados pacíficamente reclamando mejoras sociales y económicas. La protesta se trasladó a El Aaiún. Hoy la ciudad está sometida a estado de sitio, se desconoce el número de muertos, heridos y el alcance real de los hechos porque Marruecos impide el acceso a la prensa. Entre los muertos figura un español, Babi Hamday Buyema, saharaui con nacionalidad española, su cadáver permanece en una morgue.

Este crimen nos ha recordado la existencia de miles de saharauis con nacionalidad española repartidos entre España, los campamentos de Tinduf y el Sahara ocupado por Marruecos. Seguirán siendo españoles hasta que se ultime el proceso de descolonización en el que decidan su destino. Lo cierto es que no hablamos de un mayor número de “españoles” por los obstáculos que la administración pone a los saharauis que intentan obtener la documentación española en regla y a la que por origen tienen derecho. En el número del pasaporte de los saharauis residentes en Argelia figura el 09, indicativo de que el pasaporte es sólo un título de viaje y que no tienen nacionalidad argelina. En el pasaporte marroquí una SH que los distingue de los marroquíes. El artículo 14 de la Constitución española dice que “los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza (…) o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Los saharauis españoles, sin embargo, no tienen los mismos derechos que el resto de españoles. El caso de Babi Hamday demuestra que esa igualdad no existe. En estos momentos y bajo la ocupación marroquí otros saharauis españoles se encuentran igualmente desprotegidos y amenazados. La protección de nacionales españoles en el extranjero es una obligación del Estado de acuerdo con la Constitución que afirma que "la voluntad de proteger a todos los españoles (…) en el ejercicio de los derechos humanos". El ejercicio de esta protección corresponde al Ministerio de Asuntos Exteriores (artículo 1 del RD 1124/2008 sobre la estructura y funciones de este Departamento). Frente a los ataques a la libertad de prensa en Marruecos y el Sahara Occidental, agresiones físicas incluidas, el Ministerio de Asuntos Exteriores permanece pasivo. La reacción de la ministra Dª Trinidad Jiménez ante la muerte de un ciudadano español se ha limitado a pedir una “aclaración”. Nadie duda que hoy está ocurriendo una tragedia. A la sociedad española no le es indiferente el destino del pueblo saharaui y su interés es correspondido por los medios de comunicación, a la altura de las circunstancias. Marruecos no quiere testigos y arremete contra periodistas y medios españoles para que no cubran los acontecimientos. El Presidente ha declarado que “los intereses de España son lo que el Gobierno tiene que poner por delante". ¿Qué hay mas importante que la vida, libertad y la integridad física? Las imágenes de colonos marroquíes patrullando El Aaiún machete en mano nos traen a la memoria la limpieza étnica de Ruanda y Timor Oriental.



El ataque al campamento de Agdaym Izik y la posterior represión marcan un punto de no retorno en este conflicto y tendrán dos víctimas colaterales. La primera, la propuesta de autonomía marroquí para la solución del mismo, imposible creer en ella, ahora menos que antes. La segunda, el pretendido compromiso del Gobierno español --y el partido que lo apoya-- con los derechos humanos. Zapatero justificaba la retirada de las tropas de Irak en que “no quiere, no puede y no va a actuar en contra ni de espaldas a la voluntad de los españoles”. El PSOE proclama en su programa electoral “la defensa activa y universal de los Derechos Humanos y la condena de todo lo que la degrada, incluida la tortura”. El Gobierno no ha condenado las actuaciones de Marruecos. Este, con la impunidad garantizada por parte de sus aliados, seguirá cometiendo sus crímenes, sin testigos.

Luis Mangrané Cuevas
Vicepresidente del Observatorio Aragonés para el Sahara Occidental

Carta abierta entre el valor y la felonía

A las víctimas saharauis que resisten recluidas en prisiones de arena, en cárceles de la dictadura o en el exilio.

13/11/2010




Carta abierta sobre el drama de un pueblo al que están dejando morir. A los cómplicestítulo




A) Al ministro de la Presidencia (de nombre Ramón Jáuregui).

Resulta preocupante que todo un ministro de la Presidencia justifique la violación absoluta del derecho a la información con base en la soberanía de un Estado. A sabiendas de que dicha oscuridad mediática se está utilizando para violar todos los derechos de los nacionales saharauis allí encerrados, desde la tortura a la muerte, sin las más elementales garantías judiciales, y a merced de las instancias represivas de una dictadura (Declaración Universal de 1948). Resulta estremecedor que todo un ministro de la Presidencia asigne esa soberanía del territorio a la potencia invasora de Marruecos, cuando es cuestión elemental de Derecho que un territorio bajo proceso de descolonización no está sujeto a soberanía de Estado alguno (resolución 2625 de la ONU).

Resulta significativo que todo un ministro de la Presidencia se corrija luego asignando el estatus de Estado administrador a un Estado agresor al que dicha categoría le fue transferida ilegalmente (Acuerdos de Madrid, 1975), ya que un Estado colonial no puede ceder la administración en medio de un proceso de descolonización, máxime de un territorio que consta en anexos al respecto (Resolución 1514). Premisa corroborada por dictamen de la ONU (subsecretario de Asuntos Jurídicos, H. Correl, 2002).

Resulta mezquino el argumento de "prudencia por intereses" cuando un actor, que es permanente agresor, decide llevar su perversidad hasta sus últimas consecuencias, quemando un campamento en el que se refugiaban veinte mil personas que ya había sido privadas de los servicios más esenciales. Personas apaleadas, humilladas y asesinadas, pertenecientes a una concreta etnia, en acto rayano en el genocidio parcial (Estatuto de Roma, 1998).

Resulta delictivamente cobarde el recurso a la diplomacia imparcial cuando centenares de esas personas son de nacionalidad española, cuando miles de ellos fueron ciudadanos españoles y cuando decenas de miles de ellos son descendientes directos de empleados públicos españoles (de forma combinada: artículo 11.2 de la Constitución, real decreto 2258/1976, sentencia del Tribunal Supermo 1026/98).

Resulta claro el nivel nulo de ejercicio de la soberanía nacional que puede gestionar España al hilo de todo lo anterior, respecto a un Estado cleptocrático y dictatorial que además ejerce de paria internacional en IDH e indicador de miseria (coeficiente 31.1 solo superado por 36 Estados) a pesar de las multimillonarias ayudas de esta Unión Europea inválida y mercachifle.





B) Al representante del Partido Popular en la Comisión de Asuntos Exteriores (de nombre Gustavo de Arístegui)

Resulta ilustrativa su ausencia de voluntad para condenar el asalto de Marruecos. Su asepsia cómplice en posición de equilibrio entre víctimas y victimarios, entre asesinos y asesinados.

Resulta cínica su afirmación de cómo la responsabilidad es de las dos partes por "estancar negociaciones" cuando la parte agredida lleva siete años intentando que la parte agresora acepte el mismo plan que ella misma propuso años atrás. El Frente Polisario, desde 1991, aceptó ampliaciones censales imposibles, dilaciones injustificadas, renunció a un referéndum e incluso, finalmente, aceptaría un plan que plasmaba las propias propuestas de Marruecos a cambio de no realizar dicho referéndum inmediato (Plan Baker II 2003; resolución 1495 de la ONU).

Resulta obscena su afirmación de que las dos partes "se sienten cómodas" con la situación, mientras una parte "cómoda" está asesinada, encarcelada o exiliada (Informes Amnistía Internacional).

Resulta significativa la condecoración a este ejemplar patriota con la más alta distinción de la dictadura de Marruecos, la Wisam Alaui (Revista Hola).


C) A las víctimas y a los héroes, desde nuestra complicidad

A las víctimas que resisten recluidas en prisiones de arena, en cárceles de la dictadura o en el exilio.

A esas sonrisas infantiles torcidas en gestos agrios y abatidos años después, muchos años después, entre las soledades de la jamada.

A esos viejos soldados saharaui-españoles, luchadores por la liberación, que se han ido consumiendo entre té y té, entre pliegos de esperanzas pacíficas.

A los héroes del anteayer y a los héroes del ayer mismo, enfrentados como sus padres al enemigo, a pecho descubierto, con la esencial arma de la dignidad.

En este mundo que nos acosa es difícil ver mesuras tan ascéticas, inteligencias tan serenas, valentías extremas y medidas, capacidades para el perdón, vocaciones comunitarias con ese sentido exquisito para la empatía colectiva. Toda esa idiosincrasia como pueblo merece la conformación de un Estado. No se pide sino un simple Estado más, en medio de esa orgía de Estados artificiales, canallas, fallidos e imperialistas que componen la cada vez más hedionda sociedad internacional.

Se lo van a poner difícil los amos (del poder) y sus siervos...

FRANCISCO Palacios
Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza y miembro de Um-Draiga