Jueves, 6 de Noviembre de 2014
En el 39º
aniversario de la Marcha
Verde
y, por primera
vez, de forma simultánea en Madrid y en los campamentos saharauis
Nueva denuncia contra el Gobierno español por vender
ilegalmente
armas a Marruecos, al ignorar que viola los Derechos
Humanos de civiles
Siete organizaciones sociales y jurídicas alegan que España otorga
respaldo político a un régimen autoritario
y contribuye a crear el terror que Marruecos impone en el Sahara Occidental
El Coordinador general de IULV-CA, de visita oficial en los campamentos, entregó junto con los demandantes la denuncia a Naciones Unidas,
solicitando el amparo de Ban Ki Moon
“En el Sahara Occidental las
armas han matado a miles de mujeres, niños y personas inocentes desde el inicio
de la invasión marroquí, hace hoy 39 años. Lamentablemente muchas de esas armas
son españolas. En un solo campamento, en Um Draiga, el 18 de febrero de 1976,
los bombardeos se cobraron más de 200 víctimas. Pero España también es cómplice
de los crímenes que están ocurriendo después de esa fecha, cuando las víctimas
no tenían otra nacionalidad que la española, por vender y regalar armamentos al
ejército marroquí contra el pueblo saharaui, por condecorar a sus torturadores
y por silenciar las graves violaciones cometidas contra ciudadanos españoles”,
declaraba esta mañana Abdeslam Omar, presidente de la Asociación de
Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA), tras interponer
una nueva denuncia contra el Gobierno Español por la venta de armas a
Marruecos, ilegal –según alega el texto jurídico- al ignorar
que el Reino alauí viola los Derechos Humanos de civiles. Junto a él en Tinduf,
Francisco serrano, Presidente de la Asociación de Juristas Andaluces por el Sahara
(AJASAHARA), recalcaba que “España contribuye a crear el terror que Marruecos
impone en el Sahara Occidental, vendiéndole armamento”.
Hoy,
cuando se cumple el 39º aniversario de la Marcha Verde que
materializó la ocupación militar del Sahara Occidental, siete organizaciones sociales y jurídicas ha presentando la quinta denuncia al Gobierno español para intentar
paralizar las autorizaciones de exportación de armamento español a Marruecos. Y lo han hecho por primera vez de forma simultáneamente en los campamentos saharauis (Tinduf,
Argelia) y en Madrid, para dar una dimensión internacional a esta iniciativa
cuyo alegato fundamental es que la Administración
española está vulnerando la legislación que prohíbe autorizar estas transacciones en los casos en que existan indicios
racionales de que el material puede ser empleado en
acciones con fines de represión interna o en situaciones de violaciones de los
derechos humanos.
En Madrid, interponían la denuncia en el Ministerio de Economía y Competitividad
la Coordinadora
Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS-Sahara),
Justicia i Pau, la Red de estudios sobre efectos de
minas terrestres y muros en el Sahara occidental (REMMSO),
el Observatorio Asturiano de Derechos Humanos para el
Sahara Occidental y el Observatorio Aragonés
para el Sahara Occidental. Mientras que en los campamentos saharauis,
intervenían en la denuncia paralela la Asociación Andaluza
de Juristas por el Sahara (AJASAHARA) y la Asociación de
Familiares y Presos Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA), acompañados por el
Coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, de
visita en los campamentos saharauis desde el pasado miércoles por invitación
del Presidente Mohamed Abdelaziz.
El candidato a la presidencia
de la Junta de
Andalucía por la colación de izquierdas declaró durante el acto que “España tiene mucho más que hacer
para afrontar una salida justa al conflicto saharaui. Hay que evitar amenazas
como las que se derivan de la venta de armas –afirmó Maíllo- y, sobre todo,
hacer una apuesta ambiciosa para reordenar las relaciones con Marruecos,
promoviendo la política de buena vecindad en condiciones de respeto mutuo y de
apoyo a la paz”.
Según el presidente del
Observatorio Asturiano de Derechos humanos para el Sáhara Occidental, Javier A.
González, “al participar en el Tratado sobre Comercio de Armas España ha
asumido unas obligaciones internacionales que debe cumplir; entre ellas la de
no permitir las ventas de armas a Estados poco respetuosos con los Derechos
Humanos. Nuestro país al autorizar -como viene haciendo- la venta de armas a
Marruecos, contribuye a la represión del pueblo del Sáhara Occidental y viola
flagrantemente estos compromisos”. En la misma línea se expresaba Eduardo
Melero, abogado de Justìcia i Pau, afirmando que
“las exportaciones españolas
de armas a Marruecos son contrarias a la legislación, ya que se utilizan para
vulnerar los derechos humanos de la población saharaui y, además, otorgan
respaldo político a un régimen autoritario”.
En los últimos diez años,
nuestro país vendió 193 millones de euros en armamento a Marruecos, siendo éste
el país destinatario del mayor número de armas españolas dentro del continente
africano. Estas reclamaciones administrativas y jurídicas incluyen testimonios
y pruebas como las fotografías de los VAM
TAC, cuya venta autorizó el Ministerio de Comercio entre los años 2008 y 2010,
rodeando los colegios de El Aaiún, o los informes del
Secretario General Naciones Unidas, sus relatores, la Unión Europea (el
más reciente el Informe Tannock de 22 de octubre de 2013) y los de
prestigiosas organizaciones independientes como Human Rights Watch, el Centro
Robert F. Kennedy para la
Justicia y los Derechos Humanos, Amnistía
Internacional o Freedomhouse.
Pero hasta la fecha el Gobierno
español les ha dado carpetazo y ha rechazado su tramitación; priorizando la exportación de armamento frente a la protección de
los derechos humanos y la prevención de los conflictos, y siendo imposible el control jurídico y ciudadano de las autorizaciones
administrativas de estas transacciones armamentísticas. España,
mostrando una actitud arbitraria, sí suspendió
las autorizaciones de exportación de armamento a
Libia en 2011 y a Egipto y Taiwán en 2013; pero siempre ha hecho caso omiso a las peticiones de auxilio de la
población saharaui que vive bajo la represión marroquí en el Sahara Occidental,
país del que además España es potencia
administradora según ratificó el pasado mes julio
la Audiencia
Nacional.
Por esta razón, ante esta
situación de desamparo y movidos
por la preocupación acerca de las violaciones de los derechos humanos del
pueblo saharaui, las organizaciones denunciantes han traslado sus demandas al
Secretario General de Naciones Unidas. A través a
los responsables de la MINURSO
en Tinduf, con la rúbrica
de Maíllo y de los representantes de los Encuentros Internacionales de Arte y
Derechos Humanos del Sahara Occidental (ARTifariti) que se celebran estos días
en la wilaya de Bojador, se entregó esta mañana a Ban Ki Moon la denuncia, un
dossier histórico de las acciones legales emprendidas y una carta en la que se
le solicita que, como depositario del “Tratado sobre comercio de armas”, exija al Gobierno español el cumplimiento de sus obligaciones
como país firmante. Además, se le pide que demande a España el respeto a las Resoluciones de
Naciones Unidas, tanto en su condición de potencia administradora, que viola
sus compromisos internacionales al autorizar ventas de armas a quien ocupa
ilegalmente y por la fuerza un territorio que se encuentra a día de hoy
pendiente de descolonización; como a los
principios y fines enunciados en la Resolución 2625 (XXV) de 1970 de la Asamblea General
donde se indica el deber de los Estados de abstenerse de instigar, ayudar o
participar en actos de guerra civil o de consentir actividades organizadas
dentro del territorio de los pueblos en proceso de descolonización encaminadas
al uso de la fuerza.
Luis
Mangrané, del Observatorio Aragonés para el
Sahara Occidental,
destacó que "la existencia de presos políticos saharauis, que permanecen
encarcelados en pésimas condiciones en cárceles marroquíes y que precisamente
hoy inician una huelga de hambre, es una prueba más de las violaciones de los
derechos humanos de la población saharaui; represión posible gracias al opaco
suministro de armas de España, del que se desconocen los beneficiarios y las
razones por las que se autorizan".
La
denuncia, como señalaba Abdeslam Omar, se presenta justo un año antes de que se
cumpla el 40 aniversario de la
Marcha Verde, una efemérides nefasta frente a otra positiva
que recordaba José
Taboada, Presidente de CEAS, a su salida
del Ministerio. “El domingo 9 de noviembre, comentaba Taboada,
se cumplen 25 años del desmantelamiento del famoso Muro de Berlín. Es una buena
ocasión para celebrarlo y, al mismo tiempo, exigir el fin de otros muros muchas
veces silenciados. Existe el muro de Palestina, el de México, los de Ceuta y
Melilla y el que divide el Sahara Occidental por la mitad, que fue construido
por Marruecos hace más de 30 años, el muro de la Vergüenza”. El coordinador
de REMMSO, el ingeniero saharaui Gaici Nah Bachir, insistía en que "tenemos que alzar la voz para
denunciar que Marruecos continúa minando el Muro de Ocupación marroquí. Son
miles los saharauis víctimas de minas y demás arsenal que Marruecos mantiene a
lo largo de más de 2700 Km,
separando familias desde hace décadas y amenazando la vida de todo un Pueblo,
el Pueblo Saharaui”. Naj forma parte del equipo coordinador de la
“Campaña internacional contra el muro de la ocupación marroquí: Remove the
wall”, que busca apoyo internacional para
obligar al estado marroquí a cumplir las reglas del derecho internacional
humanitario y desmilitarizar el muro, eliminado
todas las minas antipersona y antitanque y los restos explosivos de guerra que
oculta.
en
El Aaiún después del ataque al campamento de Gdeim Izik, fue constada,
entre otros, por tres observadores juristas del Consejo General de la
Abogacía Española desplazados a la zona, uno de los cuales también los
vio en la ciudad de Dajla, según informó a elespeiadigital.com.
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