En esencia, la negativa pretende escudarse en que se está tramitando un juicio, el procedimiento judicial 285/2010, seguido ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional.
Aunque la negativa no sorprende, por ajustarse a la tradicional actitud del Gobierno de opacidad y falta de transparencia en todo aquello que tiene que ver con el destino de nuestras exportaciones en materia de defensa y, muy especialmente, en el caso de Marruecos y el uso que de dichas armas se hace en el Sahara Occidental, lo que sí sorprende es la ausencia de peso de los argumentos con los que pretende justificarse dicha arbitraria decisión.
Desde el momento en que indebidamente se califica la denuncia presentada como realizada en el ejercicio del derecho de petición, al amparo de la Ley 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición, queda claro que la finalidad del Gobierno al responder de dicha manera no es otra que la de eludir toda actuación que le obligue a investigar y fiscalizar si el material que aparece en el video grabado en febrero pasado en El Aaiun --y que se aportaba junto a la denuncia-- se corresponde con los vehículos de alta movilidad técnica VAM TAC y cuya venta autorizó el Ministerio de Comercio a Marruecos durante los años 2008, 2009 y 2010.
Pretender evitar una investigación como la que se solicitaba en la denuncia amparándose en que existe un procedimiento judicial en curso sería completamente irrisorio de no ser porque nos encontramos ante una ocupación militar ilegal que se prolonga durante más de 35 años y que ha producido miles de víctimas. Con la negativa a investigar se pretende impedir que se conozca oficialmente si los vehículos que España vendió se están utilizando efectivamente para reprimir a la población saharaui, contribuyendo de esta manera a que Marruecos consolide su presencia y dominación militar sobre un territorio y población que no le pertenece y sobre los que no ostenta derecho ni legitimidad alguna.
No existe razón jurídica alguna que impida iniciar la investigación. Las entidades que la presentaron no son parte en proceso judicial 285/2010, seguido ante la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. Los hechos a los que se refiere su denuncia son posteriores a la interposición de dicho recurso contencioso-administrativo y se encuentran relacionados, muy especialmente, con los acontecimientos descritos el informe del Secretario General de las Naciones Unidas al Consejo de Seguridad (SC/2011/249), de fecha 1 de abril de 2011. Es decir, con el desmantelamiento violento del campamento Gdim Izik y la presencia de vehículos militares de procedencia española en la ciudad de El Aaiun durante el pasado mes de febrero de 2011.
El 8 de junio de 2010, comparecía ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados la Secretaria de Estado de Comercio Sra. Silvia Iranzo Gutiérrez, para presentar las estadísticas españolas de exportación y material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso, correspondiente al año 2009. En su intervención y a preguntas de la diputada Sra. Rosa Diez respondió que “también plantea el caso de Marruecos, donde pueden ver que la exportación ha consistido en la exportación de vehículos y camiones, que no están armados y que no están blindados, en un número importante, son 286 vehículos, y LA INFORMACIÓN QUE TENEMOS ES QUE ESTA EXPORTACIÓN NO SE HA DESTINADO, EN NINGÚN CASO, A ALIMENTAR EL CONFLICTO, QUE HA CITADO S.S., CON EL PUEBLO SAHARAUI.”
Los recientes acontecimientos han demostrado que las explicaciones dadas entonces eran falsas, Marruecos sí utiliza las armas contra el pueblo saharaui. Sin embargo, cuando se preguntar al respecto en sede parlamentaria los coríferos del Gobierno arremeten contra quienes discuten lo contrario. El pasado día 16 de noviembre de 2010, el portavoz de Defensa del Grupo Socialista en el Congreso, Jesús Cuadrado, al contestar a las preguntas del diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares respecto a las ventas de armamento a Marruecos, defendió la venta de armamento a Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, haciendo referencia, cínicamente, a que no pueden ser "Estados desarmados", porque "eso es un desastre para las necesidades de seguridad de nuestro país". Un mes después, el 17 de diciembre, Mohamed Bouazizi se echó encima un bidón de gasolina y se prendió fuego originado las revueltas en Tunez que determinaron la caída del régimen del dictador (cliente-comprador) Ben Alí.
Los hechos han demostrado que Marruecos utiliza las armas de que dispone para atacar a la población civil saharaui, desde 1975 hasta nuestros días. Los graves acontecimientos vividos en octubre-noviembre de 2010 y el posterior incremento de la presencia policial y militar en el Sahara Ocupado han acreditado que su trayectoria en lo que se refiere al respeto a los derechos humanos no ha cambiado.
La parlamentaria del grupo Izquierda Unida-Iniciativa Per Catalunya Verds, Nuria Ventura Puig, presentó una pregunta el pasado 16 de noviembre de 2010 respecto a que garantías se van adoptar por el Gobierno para asegurar que las armas que vendió España a Marruecos durante los años 2009 y 2010 no se utilizan en el Sahara occidental violando los derechos humanos. El 21 de marzo, el Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios respondía que si se demostrara una utilización indebida y no autorizada de los vehículos ya exportados se procederá a la suspensión o revocación de las licencias.
La trayectoria de las declaraciones oficiales indican que se ha pasado de asegurar (junio 2010) que Marruecos no emplea las armas españolas en el conflicto del Sahara Occidental a exigir que se demuestre una utilización indebida y no autorizada (marzo de 2011). Después (julio de 2011), cuando se contesta a la denuncia del pasado mes de junio en la que se demuestra ese uso indebido, se pretende cerrar el paso a toda investigación, aunque sea por hechos nuevos, argumentando --contra toda lógica jurídica-- que a ello se opone la existencia de un procedimiento judicial en tramite ante la Audiencia Nacional.
En octubre de 2010, todos los grupos votaron por unanimidad en el Congreso de los Diputados una propuesta de resolución en la que se exigía un control mas estricto de la Ley 53/2007 para exportaciones de armamentos con destino a países preocupantes. Sin embargo, el pasado 29 de marzo cuando en el Congreso de los Diputados se pretendía tratar de implementar y mejorar dicha Ley para facilitar el efectivo control de las exportaciones, el resultado de la votación fue el de rechazar esa propuesta de modificación.
Lo realmente cierto es que el Gobierno debería denegar la autorización de ventas de armamento a Marruecos y revocar las autorizaciones concedidas. El ordenamiento legal dispone de mecanismos legales para ello. El pasado 9 de marzo de 2011, el Presidente del Gobierno se vanagloriaba en el Congreso de la celeridad con la que España revocaba dos licencias de armamento que tenía pendientes con Libia, acudiendo incluso a la suspensión cautelar, recalcando que dichas medidas se habían iniciado incluso antes de que el Consejo de Seguridad o la Unión Europea hubiese acordado medidas de embargo en ese sentido. Por un lado, la revocación evidencia que en su día fueron concedidas indebidamente, además, hubiera sido bastante difícil ejecutarlas en las actuales condiciones. Lo que sí demuestra esa decisión es que los mecanismos legales que prevé la Ley permiten revocar las licencias, es fácil y rápido, si se tiene voluntad. La negativa a tramitar la denuncia demuestra lo contrario: la actitud complaciente con Marruecos y el abandono de las víctimas saharauis de la ocupación marroquí.
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