Su Excelencia Ban Ki-Moon
Secretario General
Organización de las Naciones Unidas
Re: Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS-Sahara), Red de estudios sobre efectos de
minas terrestres y muros en el Sahara Occidental (REMMSO), Asociación de Familiares de Presos y
Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA), Observatorio Asturiano de Derechos Humanos para el
Sahara Occidental,
Observatorio Aragonés para el Sahara Occidental, Asociación Andaluza de
Juristas por el Sahara (AJASAHARA) y Justicia i Pau.
Se entrega en
Rabuni (Tinduf-Argelia), el 6 de Noviembre de 2014, en presencia de los y las artistas participantes en los
VIII Encuentros Internacionales de Arte y Derechos Humanos del Sahara
Occidental, ARTifariti 2014, organizados por la Asociación de Amistad
con el Pueblo Saharaui de Sevilla (AAPSS) y el Ministerio de Cultura de la RASD; y de la mano de Antonio Maíllo, Coordinador general de
IULV-CA, los Presidentes de AJASAHARA, Francisco Serrano, y AFAPREDESA,
Abdeslam Omar, y el responsable de ARTifariti y Presidente de la AAPSS, Fernando Peraita, que
rubrican en nombre de los remitentes y suscriben la petición expresada en esta
carta.
Su
Excelencia:
Nuestras
organizaciones, sociales y jurídicas, iniciaron hace
cinco años una trayectoria de denuncias contra el Gobierno español que
pedían la paralización de la venta de armas a Marruecos por poner estas
operaciones en riesgo los derechos de la población saharaui. Informarle que en los últimos diez años, nuestro
país ha vendido 193 millones de euros en armamento a Marruecos, siendo el país
destinatario del mayor número de armas españolas dentro del continente
africano.
Ante la
sistemática vulneración de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental, de la
que usted es consciente como refleja en su informe al Consejo de Seguridad del 10 de abril de 2014, diferentes
actores de la sociedad civil tomamos la iniciativa de presentar denuncias
administrativas contra dichas exportaciones por entender inaceptable que España
otorgara, de esta manera, apoyo logístico, militar y político a la potencia que
ocupa ilegalmente el territorio después de una agresión militar.
Le adjuntamos a esta
carta la nueva denuncia que hoy 6 de Noviembre de 2014, efemérides de la Marcha Verde, hemos
interpuesto simultáneamente en los campamentos saharauis y en Madrid, y un
histórico de las acciones legales y administrativas emprendidas por nuestras
organizaciones en un intento de paralizar la autorización de venta de armas
españolas a Marruecos. Estas exportaciones son ilegales, ya que contravienen
entre otros compromisos internacionales el “Tratado sobre
Comercio de Armas” del que España es firmante; causa de impunidad, otorgando respaldo político a un régimen autoritario; y dejan en
situación de indefensión a la población del Sahara
Occidental, a la que paradójicamente nuestro país debería proteger en su
estatus de Potencia Administradora como le reconoce la legalidad internacional
y más recientemente los propios Tribunales españoles (Auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
emitido, con fecha
4 de julio de 2014, en el caso de la
muerte violenta del ciudadano español Baby Liamday Buyema, ocurrido en la
mañana del día 8 de noviembre del 2010).
Hemos solicitado a
nuestro Gobierno que investigase la presencia en el Sahara Occidental de
material militar vendido por España a Marruecos, como los vehículos de alta
movilidad técnica VAM TAC, cuya venta autorizó el Ministerio de Comercio
durante los años 2008, 2009 y 2010 y que hemos visto rodeando los colegios de
El Aaiún. Tenemos las fotografía que así lo atestiguan.
Hemos solicitado a
nuestro Gobierno que suspendiese la autorización de venta de armamento a
Marruecos al existir indicios racionales de que el material podía ser empleado
en acciones con fines de represión interna o en situaciones de violaciones de
los derechos humanos. El Gobierno sí lo hizo en el caso Libia en 2011 y Egipto
y Taiwán en 2013. Y tenemos pruebas y testimonios de que la
violación de los Derechos Humanos en el Sahara Occidental ocupado es una
realidad, además de sus propios informes, así lo ratifican los de sus
Relatores, los de la
Unión Europea (el más reciente el Informe Tannock de 22 de octubre de 2013)
o los de prestigiosas organizaciones independientes como Human Rights Watch, el Centro
Robert F. Kennedy para la
Justicia y los Derechos Humanos, Amnistía
Internacional o
Freedomhouse.
Sin embargo, hasta la fecha, el Gobierno español ha
dado carpetazo a nuestras denuncias y ha rechazado su tramitación;
priorizando la exportación de armamento frente a la protección de los derechos humanos y la prevención de los
conflictos, y siendo imposible el control jurídico y ciudadano
de las autorizaciones administrativas en estas transacciones armamentísticas.
Por eso, ante esta situación de desamparo y movidos por nuestra preocupación acerca de las violaciones
de los derechos humanos del pueblo saharaui, nos dirigimos a SE para
solicitarle que, como depositario del “Tratado sobre comercio de armas”, exija
a España el cumplimiento de las obligaciones que le incumben como país firmante de dicho
Tratado, en concreto las prohibiciones establecidas en los Artículo 6 y 7, que
limitan la transferencia de armas, municiones o componentes a países donde puedan ser utilizados para cometer o facilitar graves
violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.
Además le instamos a
que exija a nuestro país que respete las Resoluciones de Naciones Unidas, tanto en su
condición de potencia administradora, que viola sus compromisos internacionales
al autorizar ventas de armas a quien ocupa ilegalmente y por la fuerza un
territorio que se encuentra a día de hoy pendiente de descolonización; como a los principios y fines
enunciados en la Resolución
2625 (XXV) de 1970 de la
Asamblea General donde se indica el deber de los Estados de
abstenerse de instigar, ayudar o participar en actos de guerra civil o de
consentir actividades organizadas dentro del territorio de los pueblos en
proceso de descolonización encaminadas al uso de la fuerza, denunciando el
deber de no recurrir a cualquier medida que prive a los pueblos coloniales a
ejercer su derecho a la autodeterminación y conminando a los estados de
abstenerse de toda medida que pueda agravar la situación de modo que ponga en
peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.
Le
agradecemos de antemano su consideración de esta petición.
Atentamente,
Antonio Maíllo
Coordinador general de IULV-CA
Francisco Serrano
Presidente de AJASAHARA
Francisco Serrano
Presidente de AJASAHARA
Fernando Peraita
Presidente de la AAPSS
y Productor Ejecutivo de ARTifariti
Abdeslam Omar
Presidente de AFAPREDESA
Abdeslam Omar
Presidente de AFAPREDESA
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