jueves, 6 de noviembre de 2014
Siete organizaciones presentan la quinta denuncia contra España por la venta de armas ilegales a Marruecos
MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
Siete organizaciones han presentado este
jueves al Ministerio de Economía y Competitividad la quinta denuncia
contra España por la venta de armas ilegales a Marruecos y han
denunciado que el Gobierno español continúa ignorando las violaciones de
los Derechos Humanos que se comenten diariamente en territorio
saharaui.
"Conjuntamente, con otros compañeros de otras ONG y de una
asociación saharaui, hemos venido un año más al Ministerio de Economía
para denunciar la venta de armas a un país que viola los Derechos
Humanos. Marruecos ocupa ilegalmente un territorio y diariamente viola
los Derechos Humanos de los saharauis, tortura, detiene y priva de
libertad", ha explicado el presidente de la Coordinadora de Asociaciones
Solidarias con el Sahara (CEAS-Sáhara), José Taboada, que ha pedido al
Gobierno que "deje de violar los Derechos Humanos".Simultáneamente, en los campamentos saharauis y en Madrid, han recordado que aunque el Ejecutivo español ha suspendido la venta de armamento a Libia desde 2011 y a Egipto y Taiwán desde 2013, esta suspensión no está afectando al Sáhara. "Siempre han hecho caso omiso a las peticiones de auxilio de la población saharaui, país del que España es potencia administradora según ratificó el pasado mes de julio la Audiencia Nacional", han subrayado.
"El Gobierno español ha dado carpetazo a las denuncias que anualmente desde 2010 presentan las organizaciones civiles e ignoran los informes de Naciones Unidas, la Unión Europea" y organizaciones internacionales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, han explicado.
Coincidiendo con el 39 aniversario de la Marcha Verde --movimiento con el que comenzó la ocupación del Sáhara Occidental por entonces español por parte de Marruecos-- han denunciado que con la venta de armas a Marruecos el Gobierno español vulnera la legislación que prohíbe dichas exportación en los casos que existen "indicios racionales" de que el armamento se pueda utilizar para llevar a cabo "acciones de represión internas o situaciones de violaciones de Derechos Humanos".
Según ha explicado Eduardo Melero, de Justicia i Pau, en los últimos 20 años España ha vendido material de defensa a Marruecos por valor de 250 millones de euros. "Entendemos que estas exportaciones son contrarias a la legislación española y la posición común de la Unión Europea porque se están realizando a un país que viola los Derechos Humanos y a un país que está en conflicto con el Sáhara".
Además de CEAS-Sáhara, desde Madrid han firmado la denuncia Justicia i Pau, la Red de estudios sobre efectos de minas terrestres y muros en el Sahara occidental (REMMSO), el Observatorio Asturiano de Derechos Humanos para el Sahara Occidental y el Observatorio Aragonés para el Sahara Occidental. Desde el campamento de refugiados de Tinduf (Argelia), la Asociación Andaluza de Juristas por el Sahara (AJASAHARA) y la Asociación de Familiares y Presos Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA), acompañados por el Coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo.
MINAS ANTIPERSONAS
Otro de los problemas fundamentales que han querido resaltar es la existencia de minas para la defensa del muro que divide el territorio saharaui, un muro que, según ha dicho Taboada, "impide a las familias comunicarse".En total, se estima que existen unos siete millones de minas, algunas españolas y otras francesas e italianas, que convierten al Sáhara Occidental en uno de los territorios más minados del mundo.
Gaici Nah de REMMSO ha explicado que las minas "afectan a toda la población privándoles de la libre circulación y provocando más miedo y terror y miles de víctimas".
Como saharaui "he venido aquí a denunciar que mi pueblo lleva desde 1975 sufriendo una invasión marroquí y para que la comunidad internacional aplique su labor para terminar con esta situación". Además ha subrayado que "la propia Europa está violando sus derechos porque está dando mantenimiento a un Ejército que está ocupando ilegalmente un territorio".
"Esperamos que España asuma más su responsabilidad, esperamos que Naciones Unidas se tome en serio la situación del pueblo saharaui" porque, según ha defendido, "está haciendo una lucha pacífica y reivindicando los derechos amparados por las diferentes resoluciones de la ONU y el Consejo de Seguridad".
Por último, Taboada ha subrayado que "es una vergüenza que en el siglo XXI se siga manteniendo un territorio por la fuerza". "Creemos que la ONU tiene que imponer una solución pacífica y que el Gobierno español debe ayudar", ha añadido. Y es por ello por lo que junto a la denuncia, presentarán en Tinduf un documento con todas las actuaciones ilegales que, según ellos, el Gobierno español ha cometido a lo largo de la historia en relación a la venta de armas a Marrueco, con la intención de que llegue hasta las manos del secretario general de la ONU, Ban Ki Moon.
Nueva denuncia contra el Gobierno español por vender ilegalmente armas a Marruecos, al ignorar que viola los Derechos Humanos de civiles
NOTA DE PRENSA
Jueves, 6 de Noviembre de 2014
En el 39º
aniversario de la Marcha
Verde
y, por primera
vez, de forma simultánea en Madrid y en los campamentos saharauis
Nueva denuncia contra el Gobierno español por vender
ilegalmente
armas a Marruecos, al ignorar que viola los Derechos
Humanos de civiles
Siete organizaciones sociales y jurídicas alegan que España otorga
respaldo político a un régimen autoritario
y contribuye a crear el terror que Marruecos impone en el Sahara Occidental
El Coordinador general de IULV-CA, de visita oficial en los campamentos, entregó junto con los demandantes la denuncia a Naciones Unidas,
solicitando el amparo de Ban Ki Moon
“En el Sahara Occidental las
armas han matado a miles de mujeres, niños y personas inocentes desde el inicio
de la invasión marroquí, hace hoy 39 años. Lamentablemente muchas de esas armas
son españolas. En un solo campamento, en Um Draiga, el 18 de febrero de 1976,
los bombardeos se cobraron más de 200 víctimas. Pero España también es cómplice
de los crímenes que están ocurriendo después de esa fecha, cuando las víctimas
no tenían otra nacionalidad que la española, por vender y regalar armamentos al
ejército marroquí contra el pueblo saharaui, por condecorar a sus torturadores
y por silenciar las graves violaciones cometidas contra ciudadanos españoles”,
declaraba esta mañana Abdeslam Omar, presidente de la Asociación de
Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA), tras interponer
una nueva denuncia contra el Gobierno Español por la venta de armas a
Marruecos, ilegal –según alega el texto jurídico- al ignorar
que el Reino alauí viola los Derechos Humanos de civiles. Junto a él en Tinduf,
Francisco serrano, Presidente de la Asociación de Juristas Andaluces por el Sahara
(AJASAHARA), recalcaba que “España contribuye a crear el terror que Marruecos
impone en el Sahara Occidental, vendiéndole armamento”.
Hoy,
cuando se cumple el 39º aniversario de la Marcha Verde que
materializó la ocupación militar del Sahara Occidental, siete organizaciones sociales y jurídicas ha presentando la quinta denuncia al Gobierno español para intentar
paralizar las autorizaciones de exportación de armamento español a Marruecos. Y lo han hecho por primera vez de forma simultáneamente en los campamentos saharauis (Tinduf,
Argelia) y en Madrid, para dar una dimensión internacional a esta iniciativa
cuyo alegato fundamental es que la Administración
española está vulnerando la legislación que prohíbe autorizar estas transacciones en los casos en que existan indicios
racionales de que el material puede ser empleado en
acciones con fines de represión interna o en situaciones de violaciones de los
derechos humanos.
En Madrid, interponían la denuncia en el Ministerio de Economía y Competitividad
la Coordinadora
Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS-Sahara),
Justicia i Pau, la Red de estudios sobre efectos de
minas terrestres y muros en el Sahara occidental (REMMSO),
el Observatorio Asturiano de Derechos Humanos para el
Sahara Occidental y el Observatorio Aragonés
para el Sahara Occidental. Mientras que en los campamentos saharauis,
intervenían en la denuncia paralela la Asociación Andaluza
de Juristas por el Sahara (AJASAHARA) y la Asociación de
Familiares y Presos Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA), acompañados por el
Coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, de
visita en los campamentos saharauis desde el pasado miércoles por invitación
del Presidente Mohamed Abdelaziz.
El candidato a la presidencia
de la Junta de
Andalucía por la colación de izquierdas declaró durante el acto que “España tiene mucho más que hacer
para afrontar una salida justa al conflicto saharaui. Hay que evitar amenazas
como las que se derivan de la venta de armas –afirmó Maíllo- y, sobre todo,
hacer una apuesta ambiciosa para reordenar las relaciones con Marruecos,
promoviendo la política de buena vecindad en condiciones de respeto mutuo y de
apoyo a la paz”.
Según el presidente del
Observatorio Asturiano de Derechos humanos para el Sáhara Occidental, Javier A.
González, “al participar en el Tratado sobre Comercio de Armas España ha
asumido unas obligaciones internacionales que debe cumplir; entre ellas la de
no permitir las ventas de armas a Estados poco respetuosos con los Derechos
Humanos. Nuestro país al autorizar -como viene haciendo- la venta de armas a
Marruecos, contribuye a la represión del pueblo del Sáhara Occidental y viola
flagrantemente estos compromisos”. En la misma línea se expresaba Eduardo
Melero, abogado de Justìcia i Pau, afirmando que
“las exportaciones españolas
de armas a Marruecos son contrarias a la legislación, ya que se utilizan para
vulnerar los derechos humanos de la población saharaui y, además, otorgan
respaldo político a un régimen autoritario”.
En los últimos diez años,
nuestro país vendió 193 millones de euros en armamento a Marruecos, siendo éste
el país destinatario del mayor número de armas españolas dentro del continente
africano. Estas reclamaciones administrativas y jurídicas incluyen testimonios
y pruebas como las fotografías de los VAM
TAC, cuya venta autorizó el Ministerio de Comercio entre los años 2008 y 2010,
rodeando los colegios de El Aaiún, o los informes del
Secretario General Naciones Unidas, sus relatores, la Unión Europea (el
más reciente el Informe Tannock de 22 de octubre de 2013) y los de
prestigiosas organizaciones independientes como Human Rights Watch, el Centro
Robert F. Kennedy para la
Justicia y los Derechos Humanos, Amnistía
Internacional o Freedomhouse.
Pero hasta la fecha el Gobierno
español les ha dado carpetazo y ha rechazado su tramitación; priorizando la exportación de armamento frente a la protección de
los derechos humanos y la prevención de los conflictos, y siendo imposible el control jurídico y ciudadano de las autorizaciones
administrativas de estas transacciones armamentísticas. España,
mostrando una actitud arbitraria, sí suspendió
las autorizaciones de exportación de armamento a
Libia en 2011 y a Egipto y Taiwán en 2013; pero siempre ha hecho caso omiso a las peticiones de auxilio de la
población saharaui que vive bajo la represión marroquí en el Sahara Occidental,
país del que además España es potencia
administradora según ratificó el pasado mes julio
la Audiencia
Nacional.
Por esta razón, ante esta
situación de desamparo y movidos
por la preocupación acerca de las violaciones de los derechos humanos del
pueblo saharaui, las organizaciones denunciantes han traslado sus demandas al
Secretario General de Naciones Unidas. A través a
los responsables de la MINURSO
en Tinduf, con la rúbrica
de Maíllo y de los representantes de los Encuentros Internacionales de Arte y
Derechos Humanos del Sahara Occidental (ARTifariti) que se celebran estos días
en la wilaya de Bojador, se entregó esta mañana a Ban Ki Moon la denuncia, un
dossier histórico de las acciones legales emprendidas y una carta en la que se
le solicita que, como depositario del “Tratado sobre comercio de armas”, exija al Gobierno español el cumplimiento de sus obligaciones
como país firmante. Además, se le pide que demande a España el respeto a las Resoluciones de
Naciones Unidas, tanto en su condición de potencia administradora, que viola
sus compromisos internacionales al autorizar ventas de armas a quien ocupa
ilegalmente y por la fuerza un territorio que se encuentra a día de hoy
pendiente de descolonización; como a los
principios y fines enunciados en la Resolución 2625 (XXV) de 1970 de la Asamblea General
donde se indica el deber de los Estados de abstenerse de instigar, ayudar o
participar en actos de guerra civil o de consentir actividades organizadas
dentro del territorio de los pueblos en proceso de descolonización encaminadas
al uso de la fuerza.
Luis
Mangrané, del Observatorio Aragonés para el
Sahara Occidental,
destacó que "la existencia de presos políticos saharauis, que permanecen
encarcelados en pésimas condiciones en cárceles marroquíes y que precisamente
hoy inician una huelga de hambre, es una prueba más de las violaciones de los
derechos humanos de la población saharaui; represión posible gracias al opaco
suministro de armas de España, del que se desconocen los beneficiarios y las
razones por las que se autorizan".
La
denuncia, como señalaba Abdeslam Omar, se presenta justo un año antes de que se
cumpla el 40 aniversario de la
Marcha Verde, una efemérides nefasta frente a otra positiva
que recordaba José
Taboada, Presidente de CEAS, a su salida
del Ministerio. “El domingo 9 de noviembre, comentaba Taboada,
se cumplen 25 años del desmantelamiento del famoso Muro de Berlín. Es una buena
ocasión para celebrarlo y, al mismo tiempo, exigir el fin de otros muros muchas
veces silenciados. Existe el muro de Palestina, el de México, los de Ceuta y
Melilla y el que divide el Sahara Occidental por la mitad, que fue construido
por Marruecos hace más de 30 años, el muro de la Vergüenza”. El coordinador
de REMMSO, el ingeniero saharaui Gaici Nah Bachir, insistía en que "tenemos que alzar la voz para
denunciar que Marruecos continúa minando el Muro de Ocupación marroquí. Son
miles los saharauis víctimas de minas y demás arsenal que Marruecos mantiene a
lo largo de más de 2700 Km,
separando familias desde hace décadas y amenazando la vida de todo un Pueblo,
el Pueblo Saharaui”. Naj forma parte del equipo coordinador de la
“Campaña internacional contra el muro de la ocupación marroquí: Remove the
wall”, que busca apoyo internacional para
obligar al estado marroquí a cumplir las reglas del derecho internacional
humanitario y desmilitarizar el muro, eliminado
todas las minas antipersona y antitanque y los restos explosivos de guerra que
oculta.
Solicitud de amparo a Ban Ki Moon
Su Excelencia Ban Ki-Moon
Secretario General
Organización de las Naciones Unidas
Re: Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS-Sahara), Red de estudios sobre efectos de
minas terrestres y muros en el Sahara Occidental (REMMSO), Asociación de Familiares de Presos y
Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA), Observatorio Asturiano de Derechos Humanos para el
Sahara Occidental,
Observatorio Aragonés para el Sahara Occidental, Asociación Andaluza de
Juristas por el Sahara (AJASAHARA) y Justicia i Pau.
Se entrega en
Rabuni (Tinduf-Argelia), el 6 de Noviembre de 2014, en presencia de los y las artistas participantes en los
VIII Encuentros Internacionales de Arte y Derechos Humanos del Sahara
Occidental, ARTifariti 2014, organizados por la Asociación de Amistad
con el Pueblo Saharaui de Sevilla (AAPSS) y el Ministerio de Cultura de la RASD; y de la mano de Antonio Maíllo, Coordinador general de
IULV-CA, los Presidentes de AJASAHARA, Francisco Serrano, y AFAPREDESA,
Abdeslam Omar, y el responsable de ARTifariti y Presidente de la AAPSS, Fernando Peraita, que
rubrican en nombre de los remitentes y suscriben la petición expresada en esta
carta.
Su
Excelencia:
Nuestras
organizaciones, sociales y jurídicas, iniciaron hace
cinco años una trayectoria de denuncias contra el Gobierno español que
pedían la paralización de la venta de armas a Marruecos por poner estas
operaciones en riesgo los derechos de la población saharaui. Informarle que en los últimos diez años, nuestro
país ha vendido 193 millones de euros en armamento a Marruecos, siendo el país
destinatario del mayor número de armas españolas dentro del continente
africano.
Ante la
sistemática vulneración de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental, de la
que usted es consciente como refleja en su informe al Consejo de Seguridad del 10 de abril de 2014, diferentes
actores de la sociedad civil tomamos la iniciativa de presentar denuncias
administrativas contra dichas exportaciones por entender inaceptable que España
otorgara, de esta manera, apoyo logístico, militar y político a la potencia que
ocupa ilegalmente el territorio después de una agresión militar.
Le adjuntamos a esta
carta la nueva denuncia que hoy 6 de Noviembre de 2014, efemérides de la Marcha Verde, hemos
interpuesto simultáneamente en los campamentos saharauis y en Madrid, y un
histórico de las acciones legales y administrativas emprendidas por nuestras
organizaciones en un intento de paralizar la autorización de venta de armas
españolas a Marruecos. Estas exportaciones son ilegales, ya que contravienen
entre otros compromisos internacionales el “Tratado sobre
Comercio de Armas” del que España es firmante; causa de impunidad, otorgando respaldo político a un régimen autoritario; y dejan en
situación de indefensión a la población del Sahara
Occidental, a la que paradójicamente nuestro país debería proteger en su
estatus de Potencia Administradora como le reconoce la legalidad internacional
y más recientemente los propios Tribunales españoles (Auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
emitido, con fecha
4 de julio de 2014, en el caso de la
muerte violenta del ciudadano español Baby Liamday Buyema, ocurrido en la
mañana del día 8 de noviembre del 2010).
Hemos solicitado a
nuestro Gobierno que investigase la presencia en el Sahara Occidental de
material militar vendido por España a Marruecos, como los vehículos de alta
movilidad técnica VAM TAC, cuya venta autorizó el Ministerio de Comercio
durante los años 2008, 2009 y 2010 y que hemos visto rodeando los colegios de
El Aaiún. Tenemos las fotografía que así lo atestiguan.
Hemos solicitado a
nuestro Gobierno que suspendiese la autorización de venta de armamento a
Marruecos al existir indicios racionales de que el material podía ser empleado
en acciones con fines de represión interna o en situaciones de violaciones de
los derechos humanos. El Gobierno sí lo hizo en el caso Libia en 2011 y Egipto
y Taiwán en 2013. Y tenemos pruebas y testimonios de que la
violación de los Derechos Humanos en el Sahara Occidental ocupado es una
realidad, además de sus propios informes, así lo ratifican los de sus
Relatores, los de la
Unión Europea (el más reciente el Informe Tannock de 22 de octubre de 2013)
o los de prestigiosas organizaciones independientes como Human Rights Watch, el Centro
Robert F. Kennedy para la
Justicia y los Derechos Humanos, Amnistía
Internacional o
Freedomhouse.
Sin embargo, hasta la fecha, el Gobierno español ha
dado carpetazo a nuestras denuncias y ha rechazado su tramitación;
priorizando la exportación de armamento frente a la protección de los derechos humanos y la prevención de los
conflictos, y siendo imposible el control jurídico y ciudadano
de las autorizaciones administrativas en estas transacciones armamentísticas.
Por eso, ante esta situación de desamparo y movidos por nuestra preocupación acerca de las violaciones
de los derechos humanos del pueblo saharaui, nos dirigimos a SE para
solicitarle que, como depositario del “Tratado sobre comercio de armas”, exija
a España el cumplimiento de las obligaciones que le incumben como país firmante de dicho
Tratado, en concreto las prohibiciones establecidas en los Artículo 6 y 7, que
limitan la transferencia de armas, municiones o componentes a países donde puedan ser utilizados para cometer o facilitar graves
violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.
Además le instamos a
que exija a nuestro país que respete las Resoluciones de Naciones Unidas, tanto en su
condición de potencia administradora, que viola sus compromisos internacionales
al autorizar ventas de armas a quien ocupa ilegalmente y por la fuerza un
territorio que se encuentra a día de hoy pendiente de descolonización; como a los principios y fines
enunciados en la Resolución
2625 (XXV) de 1970 de la
Asamblea General donde se indica el deber de los Estados de
abstenerse de instigar, ayudar o participar en actos de guerra civil o de
consentir actividades organizadas dentro del territorio de los pueblos en
proceso de descolonización encaminadas al uso de la fuerza, denunciando el
deber de no recurrir a cualquier medida que prive a los pueblos coloniales a
ejercer su derecho a la autodeterminación y conminando a los estados de
abstenerse de toda medida que pueda agravar la situación de modo que ponga en
peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.
Le
agradecemos de antemano su consideración de esta petición.
Atentamente,
Antonio Maíllo
Coordinador general de IULV-CA
Francisco Serrano
Presidente de AJASAHARA
Francisco Serrano
Presidente de AJASAHARA
Fernando Peraita
Presidente de la AAPSS
y Productor Ejecutivo de ARTifariti
Abdeslam Omar
Presidente de AFAPREDESA
Abdeslam Omar
Presidente de AFAPREDESA
Siete organizaciones presentan la quinta denuncia contra España por la venta de armas ilegales a Marruecos
El Semanal Digital
6 de noviembre de 2014
Siete organizaciones han presentado este jueves al Ministerio de Economía y Competitividad la quinta denuncia contra España por la venta de armas ilegales a Marruecos y han denunciado que el Gobierno español continúa ignorando las violaciones de los Derechos Humanos que se comenten diariamente en territorio saharaui.
"Conjuntamente, con otros compañeros de otras ONG y de una asociación saharaui, hemos venido un año más al Ministerio de Economía para denunciar la venta de armas a un país que viola los Derechos Humanos. Marruecos ocupa ilegalmente un territorio y diariamente viola los Derechos Humanos de los saharauis, tortura, detiene y priva de libertad", ha explicado el presidente de la Coordinadora de Asociaciones Solidarias con el Sahara (CEAS-Sáhara), José Taboada, que ha pedido al Gobierno que "deje de violar los Derechos Humanos".
Simultáneamente, en los campamentos saharauis y en Madrid, han recordado que aunque el Ejecutivo español ha suspendido la venta de armamento a Libia desde 2011 y a Egipto y Taiwán desde 2013, esta suspensión no está afectando al Sáhara. "Siempre han hecho caso omiso a las peticiones de auxilio de la población saharaui, país del que España es potencia administradora según ratificó el pasado mes de julio la Audiencia Nacional", han subrayado.
"El Gobierno español ha dado carpetazo a las denuncias que anualmente desde 2010 presentan las organizaciones civiles e ignoran los informes de Naciones Unidas, la Unión Europea" y organizaciones internacionales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, han explicado.
Coincidiendo con el 39 aniversario de la Marcha Verde --movimiento con el que comenzó la ocupación del Sáhara Occidental por entonces español por parte de Marruecos-- han denunciado que con la venta de armas a Marruecos el Gobierno español vulnera la legislación que prohíbe dichas exportación en los casos que existen "indicios racionales" de que el armamento se pueda utilizar para llevar a cabo "acciones de represión internas o situaciones de violaciones de Derechos Humanos".
Según ha explicado Eduardo Melero, de Justicia i Pau, en los últimos 20 años España ha vendido material de defensa a Marruecos por valor de 250 millones de euros. "Entendemos que estas exportaciones son contrarias a la legislación española y la posición común de la Unión Europea porque se están realizando a un país que viola los Derechos Humanos y a un país que está en conflicto con el Sáhara".
Además de CEAS-Sáhara, desde Madrid han firmado la denuncia Justicia i Pau, la Red de estudios sobre efectos de minas terrestres y muros en el Sahara occidental (REMMSO), el Observatorio Asturiano de Derechos Humanos para el Sahara Occidental y el Observatorio Aragonés para el Sahara Occidental. Desde el campamento de refugiados de Tinduf (Argelia), la Asociación Andaluza de Juristas por el Sahara (AJASAHARA) y la Asociación de Familiares y Presos Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA), acompañados por el Coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo.
MINAS ANTIPERSONAS
Otro de los problemas fundamentales que han querido resaltar es la existencia de minas para la defensa del muro que divide el territorio saharaui, un muro que, según ha dicho Taboada, "impide a las familias comunicarse".
En total, se estima que existen unos siete millones de minas, algunas españolas y otras francesas e italianas, que convierten al Sáhara Occidental en uno de los territorios más minados del mundo.
Gaici Nah de REMMSO ha explicado que las minas "afectan a toda la población privándoles de la libre circulación y provocando más miedo y terror y miles de víctimas".
Como saharaui "he venido aquí a denunciar que mi pueblo lleva desde 1975 sufriendo una invasión marroquí y para que la comunidad internacional aplique su labor para terminar con esta situación". Además ha subrayado que "la propia Europa está violando sus derechos porque está dando mantenimiento a un Ejército que está ocupando ilegalmente un territorio".
"Esperamos que España asuma más su responsabilidad, esperamos que Naciones Unidas se tome en serio la situación del pueblo saharaui" porque, según ha defendido, "está haciendo una lucha pacífica y reivindicando los derechos amparados por las diferentes resoluciones de la ONU y el Consejo de Seguridad".
Por último, Taboada ha subrayado que "es una vergüenza que en el siglo XXI se siga manteniendo un territorio por la fuerza". "Creemos que la ONU tiene que imponer una solución pacífica y que el Gobierno español debe ayudar", ha añadido. Y es por ello por lo que junto a la denuncia, presentarán en Tinduf un documento con todas las actuaciones ilegales que, según ellos, el Gobierno español ha cometido a lo largo de la historia en relación a la venta de armas a Marrueco, con la intención de que llegue hasta las manos del secretario general de la ONU, Ban Ki Moon.
6 de noviembre de 2014
Siete organizaciones han presentado este jueves al Ministerio de Economía y Competitividad la quinta denuncia contra España por la venta de armas ilegales a Marruecos y han denunciado que el Gobierno español continúa ignorando las violaciones de los Derechos Humanos que se comenten diariamente en territorio saharaui.
"Conjuntamente, con otros compañeros de otras ONG y de una asociación saharaui, hemos venido un año más al Ministerio de Economía para denunciar la venta de armas a un país que viola los Derechos Humanos. Marruecos ocupa ilegalmente un territorio y diariamente viola los Derechos Humanos de los saharauis, tortura, detiene y priva de libertad", ha explicado el presidente de la Coordinadora de Asociaciones Solidarias con el Sahara (CEAS-Sáhara), José Taboada, que ha pedido al Gobierno que "deje de violar los Derechos Humanos".
Simultáneamente, en los campamentos saharauis y en Madrid, han recordado que aunque el Ejecutivo español ha suspendido la venta de armamento a Libia desde 2011 y a Egipto y Taiwán desde 2013, esta suspensión no está afectando al Sáhara. "Siempre han hecho caso omiso a las peticiones de auxilio de la población saharaui, país del que España es potencia administradora según ratificó el pasado mes de julio la Audiencia Nacional", han subrayado.
"El Gobierno español ha dado carpetazo a las denuncias que anualmente desde 2010 presentan las organizaciones civiles e ignoran los informes de Naciones Unidas, la Unión Europea" y organizaciones internacionales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, han explicado.
Coincidiendo con el 39 aniversario de la Marcha Verde --movimiento con el que comenzó la ocupación del Sáhara Occidental por entonces español por parte de Marruecos-- han denunciado que con la venta de armas a Marruecos el Gobierno español vulnera la legislación que prohíbe dichas exportación en los casos que existen "indicios racionales" de que el armamento se pueda utilizar para llevar a cabo "acciones de represión internas o situaciones de violaciones de Derechos Humanos".
Según ha explicado Eduardo Melero, de Justicia i Pau, en los últimos 20 años España ha vendido material de defensa a Marruecos por valor de 250 millones de euros. "Entendemos que estas exportaciones son contrarias a la legislación española y la posición común de la Unión Europea porque se están realizando a un país que viola los Derechos Humanos y a un país que está en conflicto con el Sáhara".
Además de CEAS-Sáhara, desde Madrid han firmado la denuncia Justicia i Pau, la Red de estudios sobre efectos de minas terrestres y muros en el Sahara occidental (REMMSO), el Observatorio Asturiano de Derechos Humanos para el Sahara Occidental y el Observatorio Aragonés para el Sahara Occidental. Desde el campamento de refugiados de Tinduf (Argelia), la Asociación Andaluza de Juristas por el Sahara (AJASAHARA) y la Asociación de Familiares y Presos Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA), acompañados por el Coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo.
MINAS ANTIPERSONAS
Otro de los problemas fundamentales que han querido resaltar es la existencia de minas para la defensa del muro que divide el territorio saharaui, un muro que, según ha dicho Taboada, "impide a las familias comunicarse".
En total, se estima que existen unos siete millones de minas, algunas españolas y otras francesas e italianas, que convierten al Sáhara Occidental en uno de los territorios más minados del mundo.
Gaici Nah de REMMSO ha explicado que las minas "afectan a toda la población privándoles de la libre circulación y provocando más miedo y terror y miles de víctimas".
Como saharaui "he venido aquí a denunciar que mi pueblo lleva desde 1975 sufriendo una invasión marroquí y para que la comunidad internacional aplique su labor para terminar con esta situación". Además ha subrayado que "la propia Europa está violando sus derechos porque está dando mantenimiento a un Ejército que está ocupando ilegalmente un territorio".
"Esperamos que España asuma más su responsabilidad, esperamos que Naciones Unidas se tome en serio la situación del pueblo saharaui" porque, según ha defendido, "está haciendo una lucha pacífica y reivindicando los derechos amparados por las diferentes resoluciones de la ONU y el Consejo de Seguridad".
Por último, Taboada ha subrayado que "es una vergüenza que en el siglo XXI se siga manteniendo un territorio por la fuerza". "Creemos que la ONU tiene que imponer una solución pacífica y que el Gobierno español debe ayudar", ha añadido. Y es por ello por lo que junto a la denuncia, presentarán en Tinduf un documento con todas las actuaciones ilegales que, según ellos, el Gobierno español ha cometido a lo largo de la historia en relación a la venta de armas a Marrueco, con la intención de que llegue hasta las manos del secretario general de la ONU, Ban Ki Moon.
CEAS-Sahara denuncia, por quinta vez, la venta de armas de España a Marruecos
Lucía de la Fuente
6 noviembre 2014
Este jueves, 6 de noviembre, se cumplen 39 años desde que Marruecos
enviara a unos 350.000 ciudadanos y 25.000 soldados para invadir el
Sahara Occidental, que por aquel entonces era territorio español. La
Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sahara
(CEAS-Sahara), entre otros organismos, ha aprovechado el aniversario de la Marcha Verde
para denunciar por quinta vez al Gobierno de España "por vender
ilegalmente armas a Marruecos, al ignorar que viola los derechos humanos
de civiles".
De 1995 a 2012 España ha vendido material de defensa por más de 250 millones de euros a Marruecos, tal y como documentan los denunciantes (CEAS-Sahara, Justicia y Pau, Red de Estudios sobre Efectos de minas terrestres y muros en el Sahara Occidental (REMMSO), el Observatorio Asturiano de Derechos Humanos para el Sahara Occidental y el Observatorio Aragonés para el Sahara Occidental) en un texto que presentarán ante el Ministerio de Economía y Competitividad. "Existen indicios racionales de que el material puede ser empleado en acciones con fines de represión interna o en situaciones de violaciones de los derechos humanos", argumentan los organismos. La legislación internacional restringe la exportación de armas a países en conflicto.
Se trata de la quinta denuncia de este tipo que se presenta contra el Gobierno español, habiendo sido desestimadas todas las anteriores alegando que toda información "acerca de la exportación de armas es secreto de Estado" y que los denunciantes no están legitimados puesto que no son parte interesada. CEAS Sahara critica además que se hayan "ignorado" los "informes de Naciones Unidas, la Unión Europea y los relatores independientes de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Freedomhouse donde se expone que la violación de los derechos humanos de la población saharaui es sistemática por parte del Reino de Marruecos". "Si se rechaza la venta de armas a China o a Egipto por temas de derechos humanos consideramos que a Marruecos tampoco se debería vender, puesto que existe un conflicto latente", señala Luis Mangrané, portavoz del Observatorio Aragonés para el Sahara Occidental. La venta de armas ni siquiera se interrumpió tras lo acaecido en la Isla de Perejil en 2002. No obstante, en 2013 España solo vendió material armamentístico de caza y tiro deportivo al reino de Mohammed VI.
El próximo 16 de noviembre se ha convocado una manifestación en Madrid que comenzará a las 12.00 horas en Atocha y finalizará en la plaza de Santa Ana "por la descolonización y la independencia, en defensa de los derechos humanos. Libertad para los presos políticos saharauis". Mangrané recuerda además que desde este jueves "todos los presos políticos saharauis en todas las cárceles marroquíes permanecerán en huelga de hambre en símbolo de protesta por el asesinato del preso Hassana Eluali".
Y mientras, la comunidad internacional 'pasa' de las decenas de miles de saharauis que sobreviven gracias a la ayuda humanitaria en los campamentos de refugiados instalados en la región de Tinduf (Argelia), un terreno desértico que registra vientos de arena que alcanzan los 115 kilómetros por hora y temperaturas que superan los 50 grados en verano. Curiosamente, en esta zona del mundo, donde muchos habitantes hablan castellano con fluidez, se ha creado una de las sociedades menos machistas del mundo musulmán. El pasado octubre, una delegación de españoles viajó a los campamentos para manifestarse ante el muro que impide el paso de los saharauis a su tierra original.
miércoles, 5 de noviembre de 2014
Presentación de denuncia contra la venta de armas y material de doble uso del España a Marruecos Jueves, 6 de Noviembre de 2013
CONVOCATORIA DE PRENSA
Jueves, 6 de Noviembre de 2014
CONVOCATORIA
DE PRENSA
Presentación
de denuncia contra la venta de armas y material de doble uso del España a
Marruecos Jueves, 6 de Noviembre de 2014
Interviene en la
presentación de la denuncia en Madrid (España): José Taboada (CEAS-Sahara),
Eduardo Melero (Justicia i Pau) y Gaici Naj (REMSO)
Hora Madrid: 11 h.
Lugar: Puerta del
Ministerio de Economía y Competitividad (Paseo Castellana 162. 28046 MADRID)
Interviene en la
denuncia en los Campamentos de Población Refugiada Saharaui (Tinduf-Argelia):
Abdeslam Omar (AFAPREDESA) y Francisco Serrano (AJASAHARA)
Acompaña: Antonio
Maíllo, Coordinador general de IULV-CA
Hora Tinduf: 9
h.
Lugar: Rabouni
--------------------
Por
primera vez, de forma simultánea en Madrid y en los campamentos saharauis
y en el 39º
aniversario de la Marcha
Verde
Se presenta la quinta
denuncia contra el Gobierno español por vender ilegalmente armas a
Marruecos, al ignorar que viola los Derechos Humanos de civiles
Por esta razón, sí
fueron suspendidas en 2013
las autorizaciones de
exportación de armamento a Egipto y Taiwán
La población del
Sahara Occidental, país del que España es potencia administradora
según ratificó
el pasado julio la
Audiencia Nacional, se encuentra en situación de indefensión
Los denunciantes
entregarán posteriormente la demanda a Naciones Unidas
El próximo
jueves 6 de Noviembre, 39º aniversario de la Marcha Verde, se
presenta la quinta denuncia contra el Gobierno español por la venta de armas a
Marruecos, vulnerando la legislación que prohíbe autorizar estas exportaciones
en los casos –como el de reino alauí- en que existen indicios racionales de que
el material puede ser empleado en acciones con fines de represión interna o en
situaciones de violaciones de los derechos humanos. En los últimos diez años,
nuestro país vendió 193 millones de euros en armamento a Marruecos, siendo éste
el país destinatario del mayor número de armas españolas dentro del continente
africano.
Hasta la
fecha el Gobierno español ha dado carpetazo a las denuncias que anualmente
desde 2010 presentan diversas organizaciones civiles e ignora los informes de
Naciones Unidas, la
Unión Europea y los relatores independientes de Amnistía
Internacional, Human Rights Watch y Freedomhouse donde se expone que la
violación de los Derechos Humanos de la población saharaui es sistemática por
parte del Reino de Marruecos.
Por eso,
simultáneamente en los campamentos saharauis y en Madrid, siete organizaciones
vuelven a denunciar al Gobierno español, que sigue autorizando la venta de
armas a Marruecos de forma ilegal y arbitraria. Sí suspendió las autorizaciones
de exportación de armamento a Libia en 2011 y a Egipto y Taiwán en 2013, pero
siempre ha hecho caso omiso a las peticiones de auxilio de la población
saharaui que vive bajo la represión marroquí en el Sahara Occidental, país del
que además España es potencia administradora según ratificó el pasado mes julio
la Audiencia
Nacional.
En Madrid
interpondrán la denuncia la Coordinadora Estatal de Asociaciones
Solidarias con el Sáhara (CEAS-Sahara), Justicia i Pau, la Red de estudios sobre efectos de minas terrestres y muros en
el Sahara occidental (REMMSO), el Observatorio Asturiano de Derechos
Humanos para el Sahara Occidental y el Observatorio Aragonés para el Sahara
Occidental.
En Tinduf
(Argelia), intervendrán en la denuncia la Asociación Andaluza
de Juristas por el Sahara (AJASAHARA) y la Asociación de
Familiares y Presos Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA), acompañados por el
Coordinador general de IULV-CA, Antonio
Maíllo, de visita en los campamentos saharauis por invitación del Presidente
Mohamed Abdelaziz. Posteriormente, la denuncia y un histórico sobre las
actuaciones ilegales del Gobierno español en relación a la venta de armas a
Marruecos se entregarán a los responsables de la MINURSO en Tinduf para que
se la hagan llegar al Secretario General de la ONU, Ban Ki Moon.
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