El Periódico de Aragón.- Espacio 3
La Ley de Transparencia es opaca sobre la venta de armas
Un todoterreno de fabricación española (izquierda) usado por el ejército marroquí en el Sáhara.
D. CHIC 28/04/2012
Durante los levantamientos populares de la
conocida como Primavera Árabe los medios de comunicación dieron a
conocer que se había utilizado para la represión civil armamento español tanto
en Libia --bombas racimo procedentes de la fábrica de Zaragoza-- como en el
Sáhara ocupado --con la acción de vehículos de doble uso en El Aaiún, durante
el desmantelamiento del campamento Gdeim Izik, llamado el Campamento de la Libertad--, pese a que la legislación española indica
claramente que la venta de armas a países en guerra o en zonas desestabilizadas
está prohibida.
Con anterioridad, varias de estas organizaciones
suscribieron solicitudes de información relativas a la venta de armas dirigidas
a la Secretaría
de Estado de Comercio, siempre con respuesta negativa por acogerse a la Ley de Secretos de Estado.
Para denunciar estos hechos se desarrollaron campañas de presión activa sobre
el papel perverso del Estado español en la venta de armamento de origen español
destinado a Marruecos y se logró algún pequeño cambio de las actitudes. Estas
denuncias se basaban en la ocupación ilegal y violenta del Sahara Occidental,
desde la invasión del territorio en 1975 hasta la actualidad.
Con estos antecedentes no es raro que durante el
periodo de consulta pública abierto para el desarrollo del anteproyecto de Ley
de Transparencia, un grupo de organizaciones no gubernamentales, entre las que
se encuentran el Centre d'Estudis per la Pau J.M. Delàs y diversas asociaciones de
solidaridad con el pueblo saharaui hayan presentado un conjunto de alegaciones
por entender que la nueva ley "supone un ataque al derecho al acceso de
información pública relativa al comercio exterior de armas".
De este modo, dentro del procedimiento de
consulta pública al que se ha sometido el Anteproyecto de Ley de Transparencia,
Acceso a la
Información Pública y Buen Gobierno, diferentes
organizaciones no gubernamentales de amplio espectro han presentado unas alegaciones conjuntas denunciando el
futuro texto de la normativa.
Entre las oenegés que
se adhieren a esta iniciativa se encuentra una organización dedicada al fomento
de una cultura de paz y la construcción de una sociedad desarmada y que, desde
1999, denuncia los efectos negativos del militarismo y el comercio de armas,
así como entidades firmantes son organizaciones sociales, jurídicas y de
solidaridad con el pueblo saharaui, como CEAS-SAHARA –la Coordinadora Estatal
de Asociaciones de Solidaridad con el Sáhara-, Um Draiga –la asociación de
Amigos del Pueblo Saharaui en Aragón-, y organizaciones jurídicas como IAJUWS
-Asociación Internacional de Juristas por el Sahara Occidental-, el
Observatorio Aragonés para el Sahara Occidental, el Observatorio asturiano para
el Sahara Occidental y JUPADEHU –una agrupación de Juristas por la Paz y los Derechos Humanos-.
LOS INTERESES DE LA INDUSTRIA.- Las
entidades firmantes denuncian que la opacidad del anteproyecto y que la futura
Ley “podría aumentar la opacidad sobre el comercio de armamento al considerar
que la transparencia en esta materia puede perjudicar los intereses de la
industria armamentista”. Por estas razones consideran que en el texto se vierte
un secretismo calculado en relación con el comercio de armas que según ellos “tiene como única finalidad favorecer las
exportaciones de armamento”
De este modo, “en contra de las pretendidas
bondades democráticas que el Gobierno predica del anteproyecto lo cierto es que
una concepción democrática de la defensa exige, por el contrario, que los
ciudadanos puedan ejercer su derecho a saber sobre la información relacionada
con la defensa nacional”, subrayan los firmantes de las alegaciones. Por ello solicitan
“la modificación del anteproyecto para que se
incluyan, expresamente, la información relativa a la defensa y al comercio
exterior de armamento como materias propias del derecho de acceso a la
información pública”.
Los ánimos no son
especialmente optimistas entre los impulsores de las alegaciones a la ley, pues
saben que es difícil que obtengan una respuesta favorable. De hecho, casi no
hace falta ni recordar la vinculación del actual Ministro de Defensa con las
fábricas españolas de armamento. El portavoz del Observatorio Aragonés para el Sahara Occidental,
Luis Mangrané, destaca que la presión mediática se ha apagado en los últimos
meses, pero no pierden totalmente la esperanza.
“No creemos que
nuestras propuestas vayan a tener un trato político favorable”, asegura, pero
por otro lado, no están dispuestos a tirar la toalla. Si sus peticiones caen en
saco roto, durante el trámite parlamentario están dispuestos a seguir plantando
batalla política para frenar un comercio de armamento que consideran inmoral.
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