COMUNICADO DE PRENSA

El Ministerio de Comercio se lava las manos
ante la venta de armas a Marruecos


Desde las asociaciones abajo firmantes expresamos nuestra disconformidad con la comunicación remitida por la Secretaría de Estado de Comercio que pretende impedir la tramitación de la denuncia presentada el pasado 9 de abril por siete asociaciones para que se limiten las transferencias de armamento español al Reino de Marruecos

Que por parte del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio se pretenda paralizar la denuncia administrativa presentada el pasado mes de abril no supone una sorpresa por ser esta la Administración que hasta la fecha venía autorizando estas transferencias sin mayores problemas a pesar de las pruebas que debían conducir necesariamente a su paralización.

El pasado 9 de abril, diversas organizaciones jurídicas y sociales presentamos ante el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio una denuncia administrativa tendente a que se paralice la concesión de autorizaciones de exportación de material bélico al Reino de Marruecos, por considerar que se está contraviniendo la normativa española, Ley 53/2007, y la normativa europea, Posición Común 2008/944/PESC. Sin embargo, la negativa a tramitar dicha denuncia se pretende justificar, principalmente, por la Administración en lo que ésta considera como ausencia de legitimación de las entidades solicitantes (por no tener a su entender la condición de interesados) y por el carácter secreto de las actas de la Junta Interministerial de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU).

En todo caso, no podemos sino manifestar nuestra más profunda decepción con el pronunciamiento de la Secretaria de Estado de Comercio que se contrapone con las declaraciones de diferentes miembros del Gobierno español, y con las del Presidente del ejecutivo español quien, aparentemente, pretendía convertir la defensa y promoción de los Derechos Humanos en un eje de su labor de gobierno. La respuesta dada por la Secretaria de Comercio, escudándose en el carácter “secreto” de las actas de la JIMDDU y en la falta de legitimación de los solicitantes, se contrapone a los criterios de la Ley 53/2007 y de la Posición Común 2008/944/PESC. La opacidad y el secretismo con el que se pretende impedir el control y supervisión de este tipo de negocios no encuentra acomodo en un sistema democrático y participativo en el que los ciudadanos tienen derecho a conocer si se respeta el principio de legalidad en las actuaciones administrativas. La violación de los derechos humanos en Marruecos y en el Sahara Occidental, así como el resto de los criterios cuya infracción se ponía de manifiesto en la denuncia, debería conllevar inexorablemente la calificación de Marruecos como un país no apto para ser destinatario de dichas exportaciones. La actitud del Gobierno español, por medio de la Secretaria de Comercio Exterior, convierten las declaraciones del mismo en materia de Derechos Humanos en palabras vacías y huecas.

La indiferencia, desinterés real o cerrazón de la Administración española al mantener la postura seguida en las autorizaciones de transferencia de armamento al Reino de Marruecos nos obligan a plantearnos el análisis y estudio legal de la respuesta dada por la Administración española para ejercitar las acciones legales oportunas ante los Juzgados y Tribunales competentes.

Los recientes y luctuosos sucesos protagonizados por los ejércitos de Tailandia e Israel, países receptores de armamento español durante el 2009, no presagian que los controles realizados por el Gobierno español eviten lo que la Secretaria de Estado de Comercio, Dª Silvia Iranzo Gutiérrez, califica como un “uso no deseado”.



“ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE PRESOS Y DETENIDOS SAHARAUIS” (AFAPREDESA); “ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE JURISTAS POR EL SAHARA OCCIDENTAL” (IAJUWS); “ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS DE ESPAÑA” (APDHE); “OBSERVATORIO ARAGONÉS PARA EL SÁHARA OCCIDENTAL”; “OBSERVATORIO ASTURIANO DE DERECHOS HUMANOS PARA EL SÁHARA OCCIDENTAL”; “ASOCIACIÓN CANARIA DE JURISTAS POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS-JUPADEHU-”.