El Periodico de Aragón

El conflicto permanente

5/09/2010

Los colectivos prosaharauis denuncian la actitud del Gobierno español ante la situación del Sáhara Occidental y piden que las agresiones no caigan en el olvido.


Todos coinciden: hace falta que peguen a un extranjero para que la situación que se vive en el Sáhara Occidental salga a la luz. El caso de las aragonesas Pilar Fortuño y Emma Pomar, que llegaron como turistas a El Aaiún y acabaron siendo agredidas al ejercer como observadoras internacionales en el recibimiento de un grupo de activistas saharauis, ha vuelto a poner de actualidad en la comunidad un conflicto que no es nuevo.

Ellas, que aunque sensibilizadas con la causa no acudieron a la zona con ningún objetivo político, ya han manifestado que volverán. Los colectivos en defensa del pueblo saharaui insisten en la importancia de la presencia internacional para, por un lado, minimizar la violencia y, por el otro, contribuir a hacer visible la situación.

La llegada de observadores --ya sea abogados destinados a controlar la legalidad de los juicios o simples ciudadanos que confían en que la acción policial sea menor si ellos están presentes-- no es nueva, aunque se intensificó a raíz de la detención en el aeropuerto de Casablanca, en octubre del 2009, del conocido como "grupo de los siete", formado por activistas saharauis que regresaban de los campamentos de Tinduf. Tanto Rafael Antorrena, miembro de Um Draiga, como el abogado Luis Mangrané, del Observatorio aragonés para el Sáhara Occidental, o Álvaro Sanz, portavoz de la Presidencia de IU-Aragón, coinciden en defender la necesidad de estas misiones. Los tres han visto sobre el terreno las consecuencias. Antorrena, incluso, fue agredido el pasado mes de abril. Aun así, insisten en que no es suficiente y reprochan al Gobierno español su actitud.

Las declaraciones de la secretaria de Política Internacional del PSOE, Elena Valenciano, que tras la detención en El Aaiún de 11 activistas canarios manifestó que el Gobierno "difícilmente puede proteger a los españoles en otro país si se dedican a actividades que no son legales" --en referencia a la falta de autorización del grupo para manifestarse-- no sentaron nada bien entre los colectivos prosaharauis. Tampoco las del secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Juan Pablo de la Iglesia, que puso en duda la versión de los arrestados. Fortuño y Pomar también denunciaron a su vuelta a Zaragoza la falta de ayuda de la embajada.
"Dicen que esto pasa por no respetar la ley, pero Marruecos es un ocupante, y Naciones Unidas y todos lo saben", insiste Mangrané. De manera similar se expresa Antorrena. "El Gobierno es cómplice --lamenta--. ¿De qué ley hablan? La ley marroquí impera allí por la fuerza, dicen que los agresores son civiles, pero son policías de paisano". El abogado recuerda que España vende armas a Marruecos, "que sirven para perpetuar la opresión". "¿A esto se refiere Zapatero cuando dice que hay intereses en juego?", cuestiona.

Ya han pasado más de 30 años desde que España, antigua potencia colonial del Sáhara Occidental, abandonó la zona, dejándola en manos de Marruecos y Mauritania. El conflicto sigue enquistado y saharauis y activistas internacionales denuncian una opresión que alcanza también a extranjeros y periodistas. Mientras tanto, las demandas de los que conocen el problema de cerca se repiten: "que el Ejecutivo español se posicione, que Naciones Unidas actúe para velar por los derechos humanos y, sobre todo, que la gente sepa lo que ocurre, y lo sepa de verdad".