jueves, 28 de junio de 2012

Denuncia al Gobierno por exportar armas a Marruecos en contra de la legislación española y europea, que prohíbe estas ventas a países que violan los Derechos Humanos







NOTA DE PRENSA
Jueves, 28 de Junio de 2012
                                                              
El joven Kaziza, en huelga de hambre días atrás, acompañó
a las organizaciones denunciantes AJASAHARA y JUSTICIA I PAU:
“Nos soltaban sus perros por la noche, nos pegaban, nos desnudaban y apagaban las colillas de los cigarros en nuestros cuerpos”

Denuncia al Gobierno por exportar armas a Marruecos en contra
de la legislación española y europea, que prohíbe estas ventas
a países que violan los Derechos Humanos

“A los saharauis se les está torturando como demuestran los informes aportados en la denuncia”, alegó el presidente de AJASAHARA

“Queremos que España detenga la venta de armamento a Marruecos y revoque todas las licencias de exportación de material de defensa y doble uso al reino alauí” declaraba ante la sede del Ministerio de Economía y Competitividad Francisco Serrano, presidente de la Asociación de Juristas Andaluces por el Sahara (AJASAHARA), organización que -junto a JUSTICIA I PAU- ha interpuesto esta mañana una demanda administrativa contra dicha institución gubernamental. “España incumple su propia legislación, además del Derecho Internacional”, añadió Serrano, refiriéndose concretamente a la Ley 53/2007 que en su artículo 8 determina que no se puede exportar material de Defensa a países en los que existan indicios racionales de que puede ser empleado en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad regional; contra el respeto y la dignidad del ser humano; con fines de represión interna o en situaciones de vulneración de Derechos Humanos’; y también a la Posición Común 2008/944/PESC de la Unión Europea que impide estas transacciones a estados en los que existen tensiones o conflictos internos y donde no se respetan los Derechos Humanos.

Según las estadísticas de exportación 2011 publicadas por la Secretaría de Estado de Comercio, España envío a Marruecos aeronaves valoradas en 1.529.901 euros y material de doble uso por importe de 1.580.858. Además, autorizó la exportación de material de defensa -en la categoría de bombas, torpedos, cohetes, misiles- y otras tecnologías de doble uso por un valor de 2.352.444 euros.




A pesar de que en 2011, el Gobierno español había acordado oficialmente la suspensión temporal de cualquier exportación de armas a países del Norte de África envueltos en las revueltas de la primavera, permitió el envió de material de defensa y doble uso al Reino de Marruecos como se refleja en las Estadísticas de Exportación. Esta violación de la posición oficial, que llevó a la suspensión de la venta de armas a Libia, Túnez y Egipto, y a una revisión exhaustiva tras el fin de la suspensión de las exportaciones acordadas en años anteriores para estos países, también forma parte de la base de la denuncia.


Fotografías de un vehículo blindado de fabricación española, un VAMTAC (Vehículo de Alta Movilidad Táctica) de fabricación española, apostado en la puerta de un colegio en El Aaiún, capital del Sáhara Occidental, es otro de los documentos aportados por los denunciantes. Concretamente, en este sentido, se pide al Ministerio de Economía y Competitividad que requiera información al Ministerio de Defensa sobre si los vehículos que aparecen en las imágenes son los que España ha vendido a Marruecos, tal y como consta en las estadísticas oficiales del Ministerio de Comercio del año 2008 (1.015 vehículos y camiones militares) y 2009 (286 vehículos todo-terreno).

El presidente de AJASAHARA ha destacado que “la situación de conflicto e inestabilidad interna en Marruecos y en el Sahara son evidentes, con una escala de violencia desde los sucesos de Gdeim Izik en 2010”. Sobre esta realidad –apuntó-, habla el informe anual del Secretario General de las Naciones Unidas al Consejo de Seguridad, doc. SC/2012/197 de fecha 5 de abril de 2012, donde se informa de las sucesivas violaciones del alto al fuego cometidas por el Real Ejército de Marruecos y registradas por la MINURSO (Misión de Nacionales Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental).

Las torturas cometidas por las fuerzas de seguridad y el Ejército marroquí en el Sáhara Occidental “también están documentadas” –según palabras de Serrano y el propio texto de la denuncia- en los informes sobre Derechos Humanos de Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Centro para la Justicia y los Derechos Humanos Robert F. Kennedy,  Freedom House,  el Parlamento Europeo, el Consejo General de la Abogacía, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el Comité contra la Tortura, estos últimos dependientes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH). "A los saharauis se les está torturando", subrayó Serrano mientras miraba al joven Lafkir Haziza que lo acompañó durante la presentación de la denuncia en el Registro General del Ministerio.

Lafkir Kaziza tiene 21 años. Una huelga de hambre de 15 días, en la que pedía justicia para los presos políticos saharauis, le llevó al hospital. Precisamente está en España, donde ha llegado desde El Aaiún para ser atendido de urgencia porque está a punto de perder el brazo derecho debido a los golpes que recibió en el hombro con un fusil. Tras su participación en el campamento de Gdeim Izik, el detonante de la primavera árabe según Noam Chomsky y otros analistas, fue encarcelado por las fuerzas marroquíes. Allí alega que fue torturado: “Nos soltaban sus perros por la noche, nos pegaban, nos desnudaban y apagaban las colillas de los cigarros en nuestros cuerpos”. Sus informes médicos así lo acreditan. “En el Sahara Occidental, también en Marruecos, la población es torturada. Vivimos bajo un régimen de terror y represión. La gente es detenida, desaparecida, apaleada. Sus derechos son violados continuamente”. Según Gali Abdelfatá, secretario general de la UJSARIO presente en el acto, cuando Kaziza estaba en huelga de hambre en España “la seguridad marroquí primero intentó sobornar a su familia y luego la amenazó con hacerlo desaparecer si volvía a El Aaiún”.

También acompañaban a Kaziza y a los denunciantes, el presidente de CEAS-Sahara (Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sahara), José Taboada, y el diputado de la Asamblea de Madrid por IU, Mauricio Valiente. Taboada señaló que seguirán insistiendo en sus reclamaciones para que España no venda armas a Marruecos (esta es la tercera denuncia que se presenta con la concurrencia de más de doce asociaciones de Derechos Humanos), “confiamos en las promesas que nos hizo el PP en la oposición de que iba a hacer una política de principios y no de intereses y de comercio, aunque estamos sorprendidos porque nos dijeron que iba a ser diferentes al gobierno de Zapatero y por ahora están haciendo las cosas igual o peor”. Por su parte, Mauricio Valiente, afirmó que España no puede permitirse vender material bélico (en 2011 nuestro país ocupó el puesto 7º en el ranking de exportadores de armas) a países que violan los Derechos Humanos, haciendo hincapié en Marruecos, y dijo que seguirán trabajando para impedirlo, refiriéndose a la Proposición no de Ley sobre esta cuestión rechazada ayer por la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados con los votos en contra del PP.


Efe 

miércoles, 27 de junio de 2012

Víctimas del uso de armas y testigos acompañan a las asociaciones que interpondrán la denuncia: AJASAHARA y JUSTICIA I PAU

CONVOCATORIA DE PRENSA
Jueves, 28 de Junio de 2012
11 Horas
Frente al Ministerio de Economía y Competitividad (Paseo de la Castellana 160. 28046 Madrid)
Víctimas del uso de armas y testigos acompañan a las asociaciones
que interpondrán la denuncia: AJASAHARA y JUSTICIA I PAU





El Gobierno español denunciado por violar su acuerdo de no exportar armas al Norte de África en 2011, tras autorizar ventas a Marruecos superiores a 2 millones de euros y permitir envíos valorados en más de 3 millones

Lafkir Kaziza tiene 21 años. Una huelga de hambre de 15 días, en la que pedía justicia para los presos políticos saharauis, le llevó al hospital. Precisamente estaba en España, donde había llegado desde El Aaiún, para ser atendido de urgencia porque está a punto de perder el brazo derecho debido a los golpes que recibió en el hombro con un fusil. Tras su participación en el campamento de Gdeim Izik, el detonante de la primavera árabe según Noam Chomsky y otros analistas, fue encarcelado por las fuerzas marroquíes. Allí alega que fue torturado: “Nos soltaban sus perros por la noche, nos pegaban, nos desnudaban y apagaban las colillas de los cigarros en nuestros cuerpos”. Sus informes médicos así lo acreditan.

El jueves, Kaziza junto a otros saharauis acompañarán a los representantes de la Asociación de Juristas Andaluces por el Sahara (AJASAHARA) y Justicia i Pau a la sede del Ministerio de Economía y Competitividad para interponer una denuncia contra la venta de armas a Marruecos, prohibida por la normativa española que impide estas transacciones a países en los que existen tensiones o conflictos internosy donde no se respetan los Derechos Humanos. 

A pesar de que en 2011, el Gobierno español acordó oficialmente la suspensión temporal de cualquier exportación de material de defensa a países del Norte de África envueltos en las revueltas de la primavera, permitió el envió al Reino de Marruecos de aeronaves categoría 10 valoradas en 1.529.901 €. con destino a las Fuerzas Armadas marroquíes y material de doble uso por importe de 1.580.858 €, y autorizó la exportación de material de defensa correspondientes a la categoría de bombas, torpedos, cohetes, misiles y otros productos y tecnologías de doble uso por un importe total de 2.352.444 €.

Esta violación de la posición oficial forma parte de la base de la denuncia, que junto al resto de alegaciones, materiales gráficos y testimonios de las víctimas, será presentada a la prensa en un encuentro que tendrá lugar el jueves 28 en Madrid frente al Ministerio de Economía y Competitividad a las once de la mañana.

Más Información Convocatoria Prensa:
628 713 657

domingo, 10 de junio de 2012

Concentración 08-06-2012 Zaragoza

Más de medio centenar de personas se acercaron a reclamar verdad y justicia en el Sahara Ocupado, frente a la delegación del gobierno en Zaragoza. Imagen cortesía de Primo ¡gracias!

miércoles, 6 de junio de 2012

CONCENTRACIÓN


CONCENTRACIÓN
CONTRA LA TORTURA Y EL ASESINATO  DE  SAHARAUIS
VIERNES 8 DE JUNIO DE 2012
20 H – DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ARAGÓN
            PLAZA DEL PILAR - ZARAGOZA
Convocamos a todos los ciudadanos a protestar contra las autoridades Marroquíes por los crímenes de Hamdi y Dambar; a exigir la aclaración de los hechos y el castigo de los responsables; a pedir al Gobierno Español que impida la violación de los Derechos Humanos en el Sahara Occidental y que impulse las resoluciones de Naciones Unidas para la Descolonización del Sahara y acabar con la ocupación ilegal de Marruecos en el Sahara Occidental
Las asociaciones aragonesas de solidaridad con el Pueblo Saharaui Um Draiga (Amigos del Pueblo Saharaui en Aragón), AISA (Asociación de Inmigrantes Saharauis en Aragón) y el Observatorio Aragonés para el Sahara Occidental denuncian, una vez más, los asesinatos y la tortura, física y psicológica, a la que se ve sometida la población saharaui en los Territorios Ocupados por Marruecos en el Sahara Occidental.
Hace unos días, el cadáver de Hamdi Etarfaoui (Hamdi Uld Ehdaya uld Ahmed Lehbib) fue encontrado cortado en pedazos. La familia se niega a enterrarlo sin que se haga la autopsia y se esclarezca lo sucedido. Hamdi, crítico de forma pública con el Gobierno marroquí y su represión policial en el Sahara Occidental, desapareció tras una cena con miembros de la prefectura.
En diciembre de 2010, Said Uld Sidahmed Uld Abdelwahad, un joven saharaui de 26 años de edad, más conocido por Dambar, llegó en estado clínico de coma, con muerte cerebral, al hospital Ben El Mehdi de El Aaiún. Dambar, licenciado en economía y trabajador del ayuntamiento, recibió, de un policía marroquí, un disparo entre los ojos. Desde entonces permanecía sin ser enterrado ya que la familia reclamaba una autopsia para aclarar lo sucedido.
Ahora nos enteramos que Dambar ha sido enterrado sin el consentimiento de la familia, en una clara actitud de ocultar las causas de su muerte.
Las muertes de Said Dambar y de Hamdi Etarfaoui las separa más de un año, pero las circunstancias en que se produjeron y la actitud de las autoridades marroquíes en El Aaiún (Sahara Ocupado) hacia ellos las relacionan.
Por este motivo, convocamos a todos los ciudadanos a protestar contra las autoridades Marroquíes por los crímenes de Hamdi y Dambar; a exigir la aclaración de los hechos y el castigo de los responsables; a pedir al Gobierno Español que impida la violación de los Derechos Humanos en el Sahara Occidental y que impulse las resoluciones de Naciones Unidas para la Descolonización del Sahara y acabar con la ocupación ilegal de Marruecos en el Sahara Occidental
AISA – UM DRAIGA – OBSERVATORIO ARAGONÉS PARA EL SAHARA

martes, 5 de junio de 2012

Comunicado de Prensa: Asociaciones aragonesas de solidaridad con el Pueblo Saharaui condenan la actuación de las autoridades marroquíes ante los asesinatos de Said Dambar y Hamdi Etarfaoui


Ayer enterraron, sin el permiso de la familia y sin la autopsia pertinente, el cuerpo de Said Dambar, que estaba retenido en la morgue desde hace año y medio; este ‘entierro a tra’ción' coincide con la exigencia de la familia de Hamdi Etarfaoui, que demanda que se esclarezcan las causas de la muerte del joven saharaui que fue encontrado descuartizado hace unos días


Zaragoza, 5 de junio de 2012.- A las muertes de Said Dambar y de Hamdi Etarfaoui las separa más de un año, pero las circunstancias en que se produjeron y la actitud de las autoridades marroquíes en El Aaiún (Sahara Ocupado) hacia ellos las relacionan. Por este motivo, las asociaciones aragonesas de solidaridad con el Pueblo Saharaui Um Draiga (Amigos del Pueblo Saharaui en Aragón), AISA (Asociación de Inmigrantes Saharauis en Aragón) y el Observatorio Aragonés para el Sahara Occidental denuncian, una vez más, los asesinatos y la tortura, física y psicológica, a la que se ve sometida la población saharaui en los Territorios Ocupados por Marruecos.

Cuatro activistas saharauis, entre las que se encuentra Yamila Dambar, hermana de Said, en el aniversario del asesinato de su hermano (Diciembre 2011)


En diciembre de 2010, Said Uld Sidahmed Uld Abdelwahad, un joven saharaui de 26 años de edad, más conocido por Dambar, llegó en estado clínico de coma, con muerte cerebral, al hospital Ben El Mehdi de El Aaiún. Dambar, licenciado en economía y trabajador del ayuntamiento, recibió, de un policía marroquí,  un disparo entre los ojos.
Sin embargo, tras su fallecimiento, las autoridades marroquíes negaron una autopsia y defendieron la tesis de que la causa fue una riña callejera, habiendo mantenido su cadáver en la morgue del hospital hasta un año y medio después, contra la voluntad de su familia y sin permitir una autopsia. Ayer, 4 de junio, sin motivo aparente y sin avisar a sus allegados, procedieron entierro del cuerpo.

La historia se repite, una vez más. Recientemente, el cadáver de Hamdi Etarfaoui (Hamdi Uld Ehdaya uld Ahmed Lehbib) fue encontrado cortado en pedazos. La familia se niega a enterrarlo sin que se haga la autopsia y se esclarezca lo sucedido. Hamdi, crítico de forma pública con el Gobierno marroquí y su represión policial en el Sahara Occidental, desapareció tras una cena con miembros de la prefectura.

Hay poca información al respecto pero, según Western Sahara Human Right Watch, Hamdi Etarfaoui, funcionario civil de la prefectura, “desapareció tras una cena en la que había dos ministros marroquíes” en la que, según la organización, habría acusado a los mismos de “corruptos”. Nunca más se supo de él y las autoridades marroquíes sostienen la hipótesis de que el asesinato de Hamdi Etarfaoui tuvo que ver también con una riña motivada por el alcohol, en un claro intento de desprestigiar a la población saharaui para encubrir asesinatos y torturas motivados por su activismo político, al igual que sucedió con el caso de Said Dambar.

Suscriben este comunicado: Um Draiga (Amigos del Pueblo Saharaui en Aragón), AISA (Asociación de Inmigrantes Saharauis en Aragón) y el Observatorio Aragonés para el Sahara Occidental

viernes, 1 de junio de 2012

Últimas medidas contra la crisis: el gobierno se convierte en traficante de armas


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Escrito por Centre Delàs   
Jueves, 31 de Mayo de 2012 14:29
Comunicado del Centro Delàs sobre el Real Decreto 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio de armas español
El reciente Real Decreto Ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios (publicado en el BOE de 26 de mayo) contiene una sorpresa: un nuevo mecanismo de apoyo a la exportación de armamento.
La novedad consiste en que el Gobierno, a través del Ministerio de Defensa, podrá celebrar contratos de exportación de armas con un Gobierno extranjero. En realidad, el Ministerio de Defensa firmará dos contratos. Uno con el Gobierno extranjero; contrato por el cual el Ministerio de Defensa se compromete a garantizar el suministro del armamento fabricado por una empresa española, supervisando la ejecución del contrato y el suministro del material. En este primer contrato, el Ministerio de Defensa actúa en nombre y representación del Gobierno extranjero. El segundo contrato se celebrará entre el Ministerio de Defensa y la empresa suministradora del armamento.
De esta forma, es el Gobierno español el que garantiza la realización de las operaciones de transferencia de material de defensa. Esta garantía, que venía siendo prestada por otros gobiernos, facilita que un Gobierno extranjero se decida por adquirir armamento producido en España. Pensemos en la posible venta a Arabia Saudí de más de 200 tanques Leopard por un valor que podría ser superior a los 3.000 millones de euros, contrato que lleva negociándose desde mayo de 2008 y que todavía no se ha cerrado.
El Real Decreto Ley 19/2012 también permite que el Ministerio de Defensa supervise el cumplimiento de los contratos de suministro de armas celebrados entre gobiernos extranjeros y empresas con domicilio en territorio español; planee y administre programas de obtención de armamento a favor de otros gobiernos; transmita conocimiento operativo y tecnológico sobre material de defensa a gobiernos extranjeros; preste asesoramiento técnico y operativo para la ejecución de un programa de material de defensa; o realice actividades de aseguramiento de la calidad.
Esta medida supone un salto cualitativo en la política de fomento de las exportaciones de armamento que tradicionalmente venía realizando el Gobierno español. Una política en la que el apoyo institucional del Ministerio de Defensa ha sido constante y variado: ofreciendo información a las empresas españolas a través de la Oficina de Apoyo Exterior del Ministerio; ofreciendo servicios de consultoría y facilitando las negociaciones a través de la Isdefe, una empresa pública dependiente del Ministerio de Defensa; y garantizando la opacidad en el control del comercio de armamento al haber clasificado como secreto el contenido de las actas del órgano administrativo que autoriza las exportaciones de material de defensa, la JIMDU (Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso).
Aunque la política española de fomento de las exportaciones de armas ha sido muy importante, hasta ahora el Ministerio de Defensa no había asumido por sí mismo llevar a cabo la exportación de armamento. Eran las empresas las que celebraban los contratos de armamento con los gobiernos extranjeros y quienes se encargaban de cumplir dichos contratos. En otras palabras, el Ministerio de Defensa facilitaba que se realizaran contratos de exportación de armamento, pero no llevaba a cabo la exportación. A partir de ahora, el Ministerio de Defensa podrá firmar los contratos de exportación de armas, recibiendo el armamento contratado y encargándose de enviarlo al país que lo ha adquirido. Por tanto, no es una exageración afirmar que el Gobierno español se ha convertido en un traficante de armas. Ya que, según el diccionario de la Real Academia Española traficar significa, en su primera acepción, comerciar, negociar con el dinero y las mercancías.
Con esta medida, el Gobierno protege los intereses de la industria armamentística, a la que considera como un «sector esencial de la actividad económica del país». Habrá que estar pendiente de los efectos que este importante cambio tendrá en materia de control de las exportaciones. Según el Real Decreto Ley 19/2012, las exportaciones de armas que se realicen con base en un contrato firmado por el Ministerio de Defensa han de someterse al control de la JIMDDU. Sin embargo, parece razonable pensar que, una vez que el Ministerio de Defensa haya firmado un contrato de exportación con un Gobierno extranjero, es imposible que la JIMDDU no autorice dicha operación. En otras palabras, se puede convertir en papel mojado la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, así como la Posición Común de la Unión Europea 2008/944/PESC sobre control de las exportaciones de tecnología y equipo militares. Esto es algo que, en cierta medida, está sucediendo ya. Vulnerando la normativa mencionada anteriormente, la JIMDDU está autorizando exportaciones de armamento a países que violan los derechos humanos o que sufren conflictos armados, como Marruecos, Colombia, Israel o Arabia Saudí.
España se ha convertido en el séptimo país del mundo en exportaciones de armamento; durante 2011, las exportaciones alcanzaron la cifra récord de 2.400 millones de euros. Esto se ha logrado, en gran medida, gracias a la política gubernamental de apoyo a las exportaciones. El Real Decreto Ley 19/2012 pretende mantener, e incluso mejorar, dicha posición durante los años venideros.
El Gobierno español parece dispuesto a olvidar que el comercio de armamento puede facilitar las violaciones de derechos humanos, favorecer el surgimiento de conflictos o agravar conflictos ya existentes, o limitar las posibilidades de desarrollo de países con escasos recursos. Hay que recordarle constantemente que se trata de un negocio manchado de sangre.
Centre Delàs d’Estudis per la Pau (Justícia i Pau). Barcelona, 31 de maig de 2012