Últimas medidas contra la crisis: el gobierno se convierte en traficante de armas

Escrito por Centre Delàs

Jueves, 31 de Mayo de 2012 14:29

Comunicado del Centro Delàs sobre el Real Decreto 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio de armas español El reciente Real Decreto Ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios (publicado en el BOE de 26 de mayo) contiene una sorpresa: un nuevo mecanismo de apoyo a la exportación de armamento. La novedad consiste en que el Gobierno, a través del Ministerio de Defensa, podrá celebrar contratos de exportación de armas con un Gobierno extranjero. En realidad, el Ministerio de Defensa firmará dos contratos. Uno con el Gobierno extranjero; contrato por el cual el Ministerio de Defensa se compromete a garantizar el suministro del armamento fabricado por una empresa española, supervisando la ejecución del contrato y el suministro del material. En este primer contrato, el Ministerio de Defensa actúa en nombre y representación del Gobierno extranjero. El segundo contrato se celebrará entre el Ministerio de Defensa y la empresa suministradora del armamento. De esta forma, es el Gobierno español el que garantiza la realización de las operaciones de transferencia de material de defensa. Esta garantía, que venía siendo prestada por otros gobiernos, facilita que un Gobierno extranjero se decida por adquirir armamento producido en España. Pensemos en la posible venta a Arabia Saudí de más de 200 tanques Leopard por un valor que podría ser superior a los 3.000 millones de euros, contrato que lleva negociándose desde mayo de 2008 y que todavía no se ha cerrado. El Real Decreto Ley 19/2012 también permite que el Ministerio de Defensa supervise el cumplimiento de los contratos de suministro de armas celebrados entre gobiernos extranjeros y empresas con domicilio en territorio español; planee y administre programas de obtención de armamento a favor de otros gobiernos; transmita conocimiento operativo y tecnológico sobre material de defensa a gobiernos extranjeros; preste asesoramiento técnico y operativo para la ejecución de un programa de material de defensa; o realice actividades de aseguramiento de la calidad. Esta medida supone un salto cualitativo en la política de fomento de las exportaciones de armamento que tradicionalmente venía realizando el Gobierno español. Una política en la que el apoyo institucional del Ministerio de Defensa ha sido constante y variado: ofreciendo información a las empresas españolas a través de la Oficina de Apoyo Exterior del Ministerio; ofreciendo servicios de consultoría y facilitando las negociaciones a través de la Isdefe, una empresa pública dependiente del Ministerio de Defensa; y garantizando la opacidad en el control del comercio de armamento al haber clasificado como secreto el contenido de las actas del órgano administrativo que autoriza las exportaciones de material de defensa, la JIMDU (Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso). Aunque la política española de fomento de las exportaciones de armas ha sido muy importante, hasta ahora el Ministerio de Defensa no había asumido por sí mismo llevar a cabo la exportación de armamento. Eran las empresas las que celebraban los contratos de armamento con los gobiernos extranjeros y quienes se encargaban de cumplir dichos contratos. En otras palabras, el Ministerio de Defensa facilitaba que se realizaran contratos de exportación de armamento, pero no llevaba a cabo la exportación. A partir de ahora, el Ministerio de Defensa podrá firmar los contratos de exportación de armas, recibiendo el armamento contratado y encargándose de enviarlo al país que lo ha adquirido. Por tanto, no es una exageración afirmar que el Gobierno español se ha convertido en un traficante de armas. Ya que, según el diccionario de la Real Academia Española traficar significa, en su primera acepción, comerciar, negociar con el dinero y las mercancías. Con esta medida, el Gobierno protege los intereses de la industria armamentística, a la que considera como un «sector esencial de la actividad económica del país». Habrá que estar pendiente de los efectos que este importante cambio tendrá en materia de control de las exportaciones. Según el Real Decreto Ley 19/2012, las exportaciones de armas que se realicen con base en un contrato firmado por el Ministerio de Defensa han de someterse al control de la JIMDDU. Sin embargo, parece razonable pensar que, una vez que el Ministerio de Defensa haya firmado un contrato de exportación con un Gobierno extranjero, es imposible que la JIMDDU no autorice dicha operación. En otras palabras, se puede convertir en papel mojado la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, así como la Posición Común de la Unión Europea 2008/944/PESC sobre control de las exportaciones de tecnología y equipo militares. Esto es algo que, en cierta medida, está sucediendo ya. Vulnerando la normativa mencionada anteriormente, la JIMDDU está autorizando exportaciones de armamento a países que violan los derechos humanos o que sufren conflictos armados, como Marruecos, Colombia, Israel o Arabia Saudí. España se ha convertido en el séptimo país del mundo en exportaciones de armamento; durante 2011, las exportaciones alcanzaron la cifra récord de 2.400 millones de euros. Esto se ha logrado, en gran medida, gracias a la política gubernamental de apoyo a las exportaciones. El Real Decreto Ley 19/2012 pretende mantener, e incluso mejorar, dicha posición durante los años venideros. El Gobierno español parece dispuesto a olvidar que el comercio de armamento puede facilitar las violaciones de derechos humanos, favorecer el surgimiento de conflictos o agravar conflictos ya existentes, o limitar las posibilidades de desarrollo de países con escasos recursos. Hay que recordarle constantemente que se trata de un negocio manchado de sangre. Centre Delàs d’Estudis per la Pau (Justícia i Pau). Barcelona, 31 de maig de 2012