HERALDO DE ARAGON
Martes 25 de septiembre de 2012
Luis Mangrané y Blanca Enfedaque
LA TRIBUNA
En 1884 el aragonés Emilio Bonelli desembarcó en los alrededores
de Villa Cisneros suscribiendo acuerdos con las tribus saharauis que
permitieron la Declaración de Protectorado Español del Sahara Occidental. La huella de casi un
siglo de presencia colonial en esa ciudad ha sido borrada a
conciencia por Marruecos y reducida a algunas alcantarillas de hierro fundido,
cuarteles, el idioma español que los mayores se resisten a olvidar y la iglesia
de Nuestra Señora del Carmen. Precisamente, Mohamed Fadel Semlali, el encargado
de su conservación, fue agredido por la policía marroquí por este cometido, a
pesar de ser discapacitado, y acompañó a la delegación del Observatorio
Aragonés para el Sahara Occidental durante su estancia en Dajla.
El motivo de nuestra presencia este mes de septiembre en los
Territorios Ocupados fue asistir a la apelación del juicio contra saharauis,
celebrado en la ciudad de El Aaiun, un año después de los sucesos violentos que
tuvieron lugar en Dajla. Sobrecogidos, una vez más, al escuchar a uno de los
jóvenes acusados al comparecer ante el Tribunal cuando denuncia cómo fue
violado por la policía marroquí, antes de que el Presidente le retire la
palabra, estas acusaciones no extrañan a quienes conocen el aparato represor
marroquí: el relator contra la Tortura de la ONU informó recientemente de los malos
tratos en cárceles y detenciones y que las confesiones
arrancadas bajo tortura tienen ante el juez más validez que los testimonios
ante el tribunal.
En El Aaiun conocemos a la familia de Mohamed Dihani, encarcelado
en la prisión de Sale-2, previa desaparición forzada en el centro de detención
secreto de Temara, donde fue sometido a todo tipo de torturas. El caso de este
saharaui es un ejemplo más de que Marruecos está muy lejos de ser la excepción
democrática dentro de los países inmersos en la “primavera árabe”.
Mientras tanto, este verano se produjo la vergonzante repatriación
de los cooperantes españoles de los campamentos saharauis en Tinduf, lo que ha
vuelto a focalizar la atención en los refugiados. Una decisión injustificada y
que sólo afectó a los españoles acreditados como cooperantes. Los españoles
saharauis (los de tez oscura) no se vieron afectados por esa decisión, lo que
demuestra el desinterés de las autoridades españolas por el pueblo saharaui, llegando
incluso a la discriminación racial.
Los obstáculos a la cooperación no sólo son de tipo económico. El
Ministro Margallo vuelve a insistir en obstaculizar la presencia de cooperantes
españoles, cuando el resto de países con nacionales en la zona y agencias
internacionales no lo hacen. En vez de practicar una solidaridad real con el
pueblo saharaui y cumplir con las obligaciones internacionales, nuestros
gobernantes siguen escribiendo páginas negras en la historia del Sáhara Occidental.
Dejando atrás muchas cicatrices sin cerrar, su compromiso con los derechos
humanos se limita a declaraciones vacías. La divisa de nuestra política se basa
en complacer al sultán de Marruecos y perseguir intereses comerciales. Emilio
Bonelli, estará revolviéndose en su tumba.
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