¿España puede vender armas a Marruecos?

La revista shukran acaba de publicar el ejemplar número 28, correspondiente al mes de septiembre, y que en esta ocasión ha contado con la colaboración del Observatorio Aragonés para el Sahara Occidental para un artículo relativo a la venta de armas de España a Marruecos.







Cualquier ciudadano informado es conocedor que tres cuartas partes del Sáhara Occidental se encuentran ocupadas militarmente por Marruecos desde hace más de 35 años. Durante el periodo que duró la guerra entre Marruecos y el Frente POLISARIO, Marruecos no dudó en bombardear a civiles indefensos que huían por el desierto hacia territorio argelino. En estos bombardeos empleó fósforo blanco y napalm. Por estas acciones, y otras, se investiga judicialmente a autoridades marroquíes por un presunto delito de genocidio contra la población saharaui. Aunque no se logró la paz, la guerra cesó -temporalmente- con un alto el fuego alcanzado en 1991, de cuya supervisión se encargan los cascos azules de Naciones Unidas. Sin embargo, la ilegal ocupación militar y policial permanece a día de hoy. Si Marruecos no se retira del Sáhara, entre otros motivos, es gracias al dominio y superioridad militar sobre un territorio que no le pertenece. Lo que no todo el mundo conoce es que el Gobierno español autoriza transferencias de armamento al ejército marroquí. La aplicación de la Ley 53/2007, de Comercio Exterior de material de defensa y de doble uso, norma que establece cuales son los requisitos que se deben de cumplir para exportar armas a terceros países, debería impedir estas exportaciones. La Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble (JIMMDU) es el órgano que preceptivamente tiene la función de informar cada una de las solicitudes de exportación. Preocupados por esta situación, el pasado mes de abril, diferentes organizaciones sociales y jurídicas, entre las que se encuentra AFAPREDESA y el Observatorio Aragonés para el Sahara Occidental, presentamos una denuncia ante el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio solicitando que se revoquen las licencias concedidas, que se nos diera vista de diferentes expedientes administrativos y que se paralizaran las transferencias de armamento a Marruecos.


En la respuesta de la Secretaria de Estado de Comercio, Dª Silvia Iranzo asegura que “las autoridades españolas han valorado las condiciones de uso […] de forma que se garantice que el destino, usuario y uso finales del material exportado sean los autorizados por el Gobierno español y se impida una reexportación o un uso no deseados”. Después, el 8 de junio, en su comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso defendió la venta de material de defensa y doble uso a Marruecos por considerar que estas exportaciones no violan los Derechos Humanos ni alimentan conflictos en curso y por estimar que los productos no serán utilizados con fines de represión interna, añadiendo que "en ningún momento, se ha destinado a alimentar el conflicto que el país tiene abierto con el Sáhara”.

Los criterios establecidos en el artículo 8 de la Ley 53/2007 son claros: se deben rechazar las exportaciones de armas “cuando existan indicios racionales de que el material de defensa, el otro material o los productos y tecnologías de doble uso puedan ser empleados en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional, puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes, puedan ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos, tengan como destino países con evidencia de desvíos de materiales transferidos o puedan vulnerar los compromisos internacionales contraídos por España. Para determinar la existencia de estos indicios racionales se tendrán en cuenta los informes sobre transferencias de material de defensa y destino final de estas operaciones que sean emitidos por organismos internacionales en los que participe España, los informes de los órganos de derechos humanos y otros organismos de Naciones Unidas, la información facilitada por organizaciones y centros de investigación de reconocido prestigio en el ámbito del desarrollo, el desarme y los derechos humanos, así como las mejores prácticas más actualizadas descritas en la Guía del Usuario del Código de Conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas”.




Informes de organizaciones internacionales de derechos humanos (Human Rights Watch, Amnistía Internacional,…) y documentos oficiales de organismos internacionales (informe del Parlamento Europeo del 2008, informe de la Misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos del año 2006….) acreditan las violaciones de derechos humanos cometidas por Marruecos en el Sáhara Occidental y deberían conducir necesariamente al cese de este comercio letal. Los testimonios que nos siguen llegando cada día confirman que estas prácticas son una constante, ahora incluso pueden dar fe de ellas los diferentes grupos de españoles que han sido agredidos directamente por la policía marroquí. La confianza exhibida por la Secretaria de Comercio al manifestar haber “exigido documentos de control muy estrictos, en concreto certificados de último destino firmados por las autoridades del Reino de Marruecos, de forma que se garantice que el destino, usuario y uso finales del material exportado sean los autorizados por el Gobierno español y se impida una reexportación o un uso no deseados” no contribuye a tranquilizarnos. Es conocido el grado de respeto de Marruecos en materia de derechos humanos y su nivel de compromiso con el Derecho Internacional. Geoffrey Robertson, juez de apelación en el tribunal de la ONU de crímenes de guerra en Sierra Leona, refiriéndose a los certificados de último destino afirmaba que “esa certificación no vale ni el precio del papel en el que está escrita (o en el que es remitida por fax): no es legalmente vinculante en el país importador y solo se solicita para proteger de las críticas al Estado exportador cuando sus armas aparecen en las manos o en el lugar equivocados”.

Frente a la preocupación de las oenegés se alza el compromiso del Gobierno con la industria militar. Constantino Méndez, Secretario de Estado de Defensa, declaró en la prensa que “estamos decididos a apoyarlas e impulsar su internacionalización"…."Es verdad que hemos tardado en tomar conciencia de la importancia de tener una política de exportación. …debemos acompañar a las empresas con las relaciones entre gobiernos, algo que otros países hacen con naturalidad". La exigencia de transparencia e información es contestada con una negativa al acceso a los expedientes, escudándose en el carácter secreto de las actas de la JIMDU, impidiendo el control exhaustivo de las decisiones. No se sabe quienes se benefician de este comercio y si existen intereses individuales en que el conflicto permanezca estancado en la situación actual.

La vía administrativa ha quedado cerrada con la respuesta de la Secretaria Estado de Comercio, contra su decisión se ha interpuesto el correspondiente recurso contencioso-administrativo de manera que serán los Tribunales de Justicia los encargados de resolver la cuestión legal. En todo caso, siempre podrán plantear nuevas denuncias administrativas ante el Ministerio de Comercio, o de otro tipo, en relación al contenido de la Ley 53/2007 y teniendo en cuenta la situación y acontecimientos que se viven en Marruecos y en el Sahara Occidental.

Desde un punto de vista político, las exportaciones de armas a Marruecos dan aliento y legitimidad al Reino alauí. El pasado 15 de diciembre de 2009 se aprobó en el Congreso de los Diputados de España una Proposición no de ley, en cuyo punto 5, se insta a “seguir defendiendo las resoluciones aprobadas por el Congreso de los Diputados en el sentido de que el estatuto definitivo del Sáhara Occidental respete la legalidad internacional y sea el resultado del libre ejercicio del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación mediante referéndum de acuerdo con la carta de Naciones Unidas y las resoluciones del Consejo de Seguridad”. ¿Cómo se puede hacer compatible el contenido de esta proposición y a la vez armar a una de las partes del conflicto? Quizás sea con una adaptación de la conocida teoría del palo y la zanahoria cómo el Gobierno pretende contribuir a resolver la cuestión del Sáhara Occidental ¿Obligando a los saharauis a aceptar el proyecto de autonomía marroquí para deshacerse de un conflicto que le molesta y perdura en la agenda desde hace más de tres décadas por la ejemplar resistencia de los saharauis?

Sabemos que Marruecos se está armando hasta los dientes, en parte con armas españolas, y que los saharauis aguantan en condiciones extremas en los campamentos de refugiados gracias a la ayuda internacional, en parte española. El Gobierno español, en lugar de promover en los foros internacionales acciones en las que se exija a Marruecos el respeto del Derecho Internacional en la cuestión del Sáhara Occidental apoya militarmente al opresor y dosifica la ayuda humanitaria a las víctimas de esta situación. De esta manera quizás algún día nuestros gobernantes consigan que el Frente Polisario acepte un plan de autonomía marroquí por el que ya ha manifestado sus preferencias el ejecutivo español. Todo un ejemplo de la gran alma y visión de alcance de nuestros gobernantes, espíritu cuya comprensión está más allá de la capacidad de la sociedad española.

El Periodico de Aragón

El conflicto permanente

5/09/2010

Los colectivos prosaharauis denuncian la actitud del Gobierno español ante la situación del Sáhara Occidental y piden que las agresiones no caigan en el olvido.


Todos coinciden: hace falta que peguen a un extranjero para que la situación que se vive en el Sáhara Occidental salga a la luz. El caso de las aragonesas Pilar Fortuño y Emma Pomar, que llegaron como turistas a El Aaiún y acabaron siendo agredidas al ejercer como observadoras internacionales en el recibimiento de un grupo de activistas saharauis, ha vuelto a poner de actualidad en la comunidad un conflicto que no es nuevo.

Ellas, que aunque sensibilizadas con la causa no acudieron a la zona con ningún objetivo político, ya han manifestado que volverán. Los colectivos en defensa del pueblo saharaui insisten en la importancia de la presencia internacional para, por un lado, minimizar la violencia y, por el otro, contribuir a hacer visible la situación.

La llegada de observadores --ya sea abogados destinados a controlar la legalidad de los juicios o simples ciudadanos que confían en que la acción policial sea menor si ellos están presentes-- no es nueva, aunque se intensificó a raíz de la detención en el aeropuerto de Casablanca, en octubre del 2009, del conocido como "grupo de los siete", formado por activistas saharauis que regresaban de los campamentos de Tinduf. Tanto Rafael Antorrena, miembro de Um Draiga, como el abogado Luis Mangrané, del Observatorio aragonés para el Sáhara Occidental, o Álvaro Sanz, portavoz de la Presidencia de IU-Aragón, coinciden en defender la necesidad de estas misiones. Los tres han visto sobre el terreno las consecuencias. Antorrena, incluso, fue agredido el pasado mes de abril. Aun así, insisten en que no es suficiente y reprochan al Gobierno español su actitud.

Las declaraciones de la secretaria de Política Internacional del PSOE, Elena Valenciano, que tras la detención en El Aaiún de 11 activistas canarios manifestó que el Gobierno "difícilmente puede proteger a los españoles en otro país si se dedican a actividades que no son legales" --en referencia a la falta de autorización del grupo para manifestarse-- no sentaron nada bien entre los colectivos prosaharauis. Tampoco las del secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Juan Pablo de la Iglesia, que puso en duda la versión de los arrestados. Fortuño y Pomar también denunciaron a su vuelta a Zaragoza la falta de ayuda de la embajada.
"Dicen que esto pasa por no respetar la ley, pero Marruecos es un ocupante, y Naciones Unidas y todos lo saben", insiste Mangrané. De manera similar se expresa Antorrena. "El Gobierno es cómplice --lamenta--. ¿De qué ley hablan? La ley marroquí impera allí por la fuerza, dicen que los agresores son civiles, pero son policías de paisano". El abogado recuerda que España vende armas a Marruecos, "que sirven para perpetuar la opresión". "¿A esto se refiere Zapatero cuando dice que hay intereses en juego?", cuestiona.

Ya han pasado más de 30 años desde que España, antigua potencia colonial del Sáhara Occidental, abandonó la zona, dejándola en manos de Marruecos y Mauritania. El conflicto sigue enquistado y saharauis y activistas internacionales denuncian una opresión que alcanza también a extranjeros y periodistas. Mientras tanto, las demandas de los que conocen el problema de cerca se repiten: "que el Ejecutivo español se posicione, que Naciones Unidas actúe para velar por los derechos humanos y, sobre todo, que la gente sepa lo que ocurre, y lo sepa de verdad".

DIAGONAL ARAGON. Incidentes en El Aaiún

Blanca Enfedaque
Martes 31 de agosto de 2010.


Aragón dirige su mirada hacia la represión marroquí

Dos zaragozanas fueron agredidas por la policía marroquí mientras acompañaban a un grupo de activistas saharauis en El Aaiún. Recién llegadas a Aragón, reclaman la atención y la ayuda internacional para intervenir en esta “guerra de baja intensidad”.


Suena el teléfono del consulado español en Agadir, en la madrugada del 23 de agosto. A un lado del hilo se escuchan unas voces angustiadas. Se trata de Pilar Fortuño y Emma Pomar, dos zaragozanas que emprendieron un viaje turístico y terminaron ejerciendo de observadoras internacionales a El Aaiún, ciudad saharaui actualmente ocupada por Marruecos. Con la voz rota por el miedo denuncian que un grupo de policías vestidos de paisano les han atacado cuando acompañaban a un grupo de activistas saharauis que retornaban a casa tras haber participado en una conferencia en Argelia sobre derechos humanos. Con voz soñolienta, el funcionario –probablemente ciudadano marroquí– asegura: “estas cosas pasan todos los días, mañana por la mañana ya veremos”.
“Esperábamos en casa la llegada de unos activistas –recuerda Emma– y desde el momento en el que pusieron el pie fuera del coche, comenzaron a llover los golpes”. “Nosotras nos quedamos en la puerta de la casa, intentando ayudar a que entrara la gente dentro”, rememora Pilar. Tras recibir patadas, puñetazos e insultos, Pilar y Emma pasaron tres días “sitiadas” junto con veinte activistas saharauis y otros dos observadores: la catalana Isabel Terraza y el mexicano Antonio Velázquez.
Pero la tensión comenzó antes. Las zaragozanas afirman que desde su llegada, el 12 de agosto, la policía les fue siguiendo a todas partes. “Fueron los mismos que luego nos pegaron –asevera Pilar–, pero eso es lo de menos, lo que hay que denunciar es que los saharauis viven con furgones llenos de policía en las puertas de sus hogares. Las consecuencias para ellos son mucho peores que una paliza: desapariciones, torturas indecibles, violaciones…”. Ambas niegan la versión sostenida por los gobiernos marroquí y español, quienes aseguran que los atacantes fueron colonos. “Se trata de policías vestidos de civiles. Hay más de éstos que con uniforme”.
“En esos momentos, ante la situación de desprotección, nos sentimos muy respaldadas por los medios de comunicación –reconocen ambas–, así como por un grupo de saharauis que se ha jugado su vida y su libertad por ayudarnos”. Sin embargo, sienten que la actitud tomada por España ante este caso es la de “allanarle el camino a Marruecos”, pues según relatan sólo recibieron presiones para que se marcharan de allí. También reconocen la labor realizada desde el Gobierno de Aragón, que sí les ofreció apoyo.
Por el momento no han decidido si emprenderán acciones legales, pero lo que tienen muy claro es que volverán, ya que “es necesaria la presencia de observadores internacionales”. “Si hubiéramos estado veinte extranjeros en vez de cuatro, dudo que esto hubiera pasado”, se lamenta Pilar.
Una guerra de baja intensidad
Desde que las jóvenes regresaran a Zaragoza, el lunes 30 de agosto, la tensión en los territorios ocupados se ha recrudecido. Las represalias tomadas contra el grupo de activistas canarios son sólo la punta del iceberg. En conexión telefónica desde El Aaiún, Waly El Houcini, un joven saharaui de 22 años residente en Mora de Ebro describe la situación. “Nunca había visto tanta policía junta. Nos pegan por salir a la calle pacíficamente con una bandera, sin mediar palabra –denuncia–. Ayer mismo, la policía hirió a cuatro menores, ocho mujeres y 16 hombres, algunos de ellos están muy graves”.

Waly narra cómo su hermano pequeño tiene que soportar las amenazas de la policía marroquí cada vez que va a comprar el pan. “Te vamos a cortar las piernas y a romper la boca, como hicimos con tu madre”. Frases como éstas son dolorosamente cotidianas en los territorios ocupados. “Se supone que hay democracia, pero nosotros no la vemos”, señala.
El Aaiún, que hasta 1975 fue la capital del Sáhara español, es el resultado de un proceso de descolonización atropellado. Y es que el caso de España es paradigmático. Más allá de haber abandonado a su suerte hace 35 años a decenas de miles de ciudadanos españoles, en la última década se ha lucrado con la venta de armas, convirtiéndose en la sexta exportadora mundial, con ventas multimillonarias a 67 países, entre ellos Marruecos.
Desde el Observatorio Aragonés para el Sáhara Occidental, el abogado zaragozano Luis Mangrané afirma que “los incidentes de este verano demuestran, una vez más, que Marruecos es un país al que España no debería vender armas”. Tras los incidentes de Melilla, que Marruecos califica como ciudades “ocupadas”, ha quedado demostrada, nuevamente, la incompatibilidad de las transferencias de armamento de España hacia Marruecos, por contravenir los “intereses generales de la defensa nacional y de la política exterior del Estado”. Éste es uno de los criterios que establece el artículo 8 de la Ley 53/2007 y que debe valorar la administración española para rechazar o autorizar las transferencias de armamento a otros países.
Mangrané, que viaja regularmente a los territorios ocupados para asistir a juicios de activistas saharauis en calidad de observador internacional, lo tiene claro: “Las recientes agresiones a los activistas canarios no son más que la punta del iceberg de la violación de los derechos humanos que sufre diariamente la población saharaui en los territorios ocupados ilegalmente por Marruecos en el Sáhara Occidental”.
Durante el primer semestre de 2009 se autorizaron por parte del Ministerio de Comercio español ventas de material de defensa por valor de 29,5 millones de euros a Marruecos. Por ello, diferentes oenegés interpusieron el pasado mes de junio un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional para revocar y paralizar estas transferencias de armamento.
Ante la respuesta del presidente Zapatero de "que están en juego intereses comerciales y económicos" al respecto de la reacción del Gobierno español frente a estas agresiones, el abogado zaragozano se cuestiona “si entre estos intereses se encuentran los de la industria armamentista española, gracias a la cual se perpetúa un conflicto que dura ya más de tres décadas”.

¿Tengo una pregunta para usted?

Rubalcaba puede aprovechar el viaje del próximo lunes, cuando el Ministro de Interior español se reúna con su homólogo marroquí tiene una ocasión inmejorable para preguntarle por cual ha sido el trato que desde finales del verano pasado han dado los miembros de las fuerzas de seguridad marroquí a los diferentes ciudadanos españoles que se han desplazado al Sahara Occidental ocupado ilegalmente por Marruecos.

En su informe de noviembre de 2009, Human Rights Watch denunciaba las restricciones de movimientos y el trato dado a periodistas y juristas españoles a los que se expulsa arbitrariamente de los domicilios de ciudadanos saharauis.

Del acoso inicial se ha pasado a las agresiones directas, testimonio y víctima de las mismas ha sido el miembro de la Asociación UM DRAIGA de Amigos del Pueblo Saharaui en Aragón, Rafael Antorrena, quien elaboró un detallado informe del viaje que realizó el pasado mes de abril en compañía de Berta Herranz.

Estas agresiones lejos de cesar se han incrementado en los últimos tiempos y así nos lo contó la periodista Laura Gallego en Guinginbali .

Este medio de comunicación nos ha dado noticia de las agresiones que han sufrido los españoles que han acompañado a activistas saharauis que regresaban de visitar los campamentos de refugiados en Tinduf (Argelia). Además de las agresiones sufridas por la propia Laura Gallego se recoge otro desgarrador testimonio, el del joven extremeño Javier Sopeña .


Como la ausencia de nuestro Ministro de Exteriores no obedece a un síndrome veraniego, Rubalcaba debe exigir, respecto a todos estos incidentes, a Taieb Cherkaoui las explicaciones que durante todo este tiempo no le ha pedido su compañero de gabinete Sr. Moratinos al Gobierno marroquí.

El Periódico de Aragón: La venta de armas, un triste récord

(sábado, 3 julio)


En una reciente comparecencia en el Congreso, la Secretaria de Estado de Comercio, Silvia Iranzo, defendió la venta de armas españolas a países como Marruecos, Irán, Venezuela, Israel o Tailandia, por considerar que dichas exportaciones no violan los derechos humanos, no alimentan conflictos en curso y no van a ser utilizadas con fines de represión interna. Ante tales afirmaciones cabe preguntarse en qué mundo vive la señora Secretaria de Estado, si sigue mínimamente la actualidad internacional y si no se ha enterado, por ejemplo, de que Marruecos mantiene desde hace más de tres décadas un conflicto abierto por el Sahara Occidental, que Israel, como bien se ha visto en el sangriento episodio de la flotilla de la libertad, es capaz de llevar a cabo acciones bélicas de un inusitado salvajismo ignorando plenamente la legislación internacional, que en Tailandia se vive hoy en un clima cercano a una guerra civil, que Irán muestra un peligroso perfil que no propicia precisamente la paz, que Venezuela no es, desde luego, un paradigma en derechos humanos, etc. Por lo visto lo importante es vender armas a troche y moche, aunque sea ignorando la propia legislación interna española, en especial la ley 53/2007, que impide la venta de armamento español a países en conflicto.
El pasado 9 de abril siete organizaciones defensoras de la causa saharauí y de los derechos humanos presentaron una denuncia administrativa en el Ministerio de Industria y Comercio por la venta de armas españolas a Marruecos. La respuesta del Ministerio fue que dichas organizaciones no están legitimadas y que, por tanto, el Ministerio no está obligado a informarles de sus actividades en esta materia. Dicho de otro modo, el gobierno español practica una opacidad absurda en este campo, olvidando que en un sistema democrático el ciudadano que paga sus impuestos y las organizaciones sociales legalmente constituídas tienen pleno derecho a ser informadas de algo tan importante como la venta de armas de su país a otras naciones y si se cumplen o no las leyes vigentes en esas transacciones. Me parece que el incumplimiento en los casos apuntados y en otros semejantes es más que evidente, lo que nos lleva a la triste conclusión de un claro cinismo gubernamental, de un ejecutivo que quiere mostrarse a menudo como defensor a ultranza de los derechos humanos, progresista y de izquierdas, pero que luego, en la práctica, alienta sin medida el negocio de la venta de armas. Y no sólo éso: la señora Secretaria parecía muy ufana al señalar que las exportaciones españolas en materia de armamento aumentaron en el año 2009 en un 44, 1 por ciento, alcanzando un valor de 1.346 millones de euros, lo que constituye un récord histórico. Triste récord, cuando además se basa en buena parte en la venta de armas a países en claro conflicto o capaces de ignorar por completo el cumplimiento de los derechos humanos, como Marruecos en su constante e implacable acción represora contra el pueblo saharaui. Por lo visto lo importante es hacer negocio, aunque sea faltando a toda ética y practicando la opacidad, el misterio más indefendible, el cinismo y la hipocresía más palmaria.

Ricardo Vázquez-Prada

Periodista

Comercio letal/Comercio ilegal

--OPINION--


El pasado día 9 de abril, diferentes organizaciones no gubernamentales presentaron una denuncia administrativa ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo por las autorizaciones de transferencia de material de defensa por parte del estado español y con destino al Reino de Marruecos. Como una de las cuestiones principales de esta denuncia aparece la cuestión de la ocupación ilegal del Sahara Occidental por parte de Marruecos. Si bien el reino alauí es el protagonista principal de este ilícito internacional, la colaboración de España suministrándole armamento conlleva que nuestra participación pueda calificarse con el término “cooperador necesario”, siguiendo la terminología propia del derecho penal; desde el punto de vista de la responsabilidad política nos encontraríamos con una relación de complicidad. Después volveremos sobre ello. Esta ocupación, de naturaleza militar y policial, se sustenta, lógicamente, sobre la fuerza de las armas, entre otras las procedentes de España. Precisamente estas asociaciones denunciaban que se incumplen los criterios de la Ley 53/2007, de Comercio Exterior de material de defensa y de doble uso. La Secretaria de Estado de Comercio, Silvia Iranzo, no ha tardado en rechazar la tramitación de la denuncia, así mediante una resolución, de fecha 29 de abril de 2010, cerraba las puertas del procedimiento administrativo por considerar, según se dice en dicha resolución, que “las autoridades españolas han valorado las condiciones de uso… de forma que se garantice que el destino, usuario y uso finales del material exportado sean los autorizados por el Gobierno español y se impida una reexportación o un uso no deseados”. El siguiente día 8 de junio, en su comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso para detallar las últimas operaciones de venta de armamento autorizadas por la Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble (JIMMDU), la Secretaria de Comercio explicó que las exportaciones de armamento crecieron el año pasado un 44,1 por ciento, en relación al año anterior, con un total de 1.346 millones de euros. La Sra. Iranzo defendió la venta de material de defensa y doble uso a Marruecos por considerar que estas exportaciones no violan los Derechos Humanos ni alimentan conflictos en curso y por estimar que los productos no serán utilizados con fines de represión interna, añadiendo que "en ningún momento, se ha destinado a alimentar el conflicto que el país tiene abierto con el Sáhara.

No compartimos la confianza y optimismo exhibidos en las declaraciones del Gobierno español respecto a que no se hará un uso inadecuado de este material. Estas declaraciones no se justifican mínimamente y se contradicen con los innumerables informes de organizaciones internacionales de derechos humanos (Human Rights Watch, Amnistía Internacional,…) y organismos internacionales (informe del Parlamento Europeo del 2008, ….) que demuestran precisamente todo lo contrario. Los testimonios que nos siguen llegando cada día desde los Territorios Ocupados por Marruecos en el Sahara Occidental confirman que la violación de los derechos humanos por parte de las autoridades marroquíes es una constante.
La Secretaria de Comercio se justifica por haber “exigido documentos de control muy estrictos, en concreto certificados de último destino firmados por las autoridades del Reino de Marruecos, de forma que se garantice que el destino, usuario y uso finales del material exportado sean los autorizados por el Gobierno español y se impida una reexportación o un uso no deseados”. Si bien no se conocen el contenido de estos “estrictos” documentos, por el velo de secretismo que rodea este tipo de transacciones comerciales, hay que recordar la valoración del ilustre jurista inglés Geoffrey Robertson, quien ha trabajado como juez de apelación en el tribunal de la ONU de crímenes de guerra en Sierra Leona, éste dejó escrito en su libro “Crímenes contra la humanidad. La lucha por una justicia global” que “esa certificación no vale ni el papel en el papel en el que está escrita (o en el que es remitida por fax): no es legalmente vinculante en el país importador y solo se solicita para proteger de las críticas al Estado exportador cuando sus armas aparecen en las manos o en el lugar equivocados”.

Marruecos quebranta el Derecho internacional al ocupar los 3/4 partes del Sahara Ocdidental, al negarse a abandonar los territorios ocupados viola el derecho del pueblo saharaui a la libre determinación y lo mantiene bajo un dominio y una subyugación que le impide determinar libremente su estatuto político; este hecho viola la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales (A/RES 1514 (XV), 14 de diciembre de 1960) y todas las resoluciones de la AGNU que reafirman el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui desde hace décadas.


Resulta incompatible la postura del ejecutivo español con el respeto a los diferentes imperativos de diverso orden y que obligatoriamente deberían conducir necesariamente a la cesación inmediata de la venta de este material. Por ello, es preciso recordarle que infringe tanto sus compromisos políticos (con sus votantes y los asumidos en el Parlamento) como legales (tanto del derecho interno como de derecho internacional).

Desde el punto de vista del derecho interno, una simple lectura de los criterios establecidos en el artículo 8 de la Ley 53/2007 determinan que las transferencias de armamento deben ser denegadas: “cuando existan indicios racionales de que el material de defensa, el otro material o los productos y tecnologías de doble uso puedan ser empleados en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional, puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes, puedan ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos, tengan como destino países con evidencia de desvíos de materiales transferidos o puedan vulnerar los compromisos internacionales contraídos por España. Para determinar la existencia de estos indicios racionales se tendrán en cuenta los informes sobre transferencias de material de defensa y destino final de estas operaciones que sean emitidos por organismos internacionales en los que participe España, los informes de los órganos de derechos humanos y otros organismos de Naciones Unidas, la información facilitada por organizaciones y centros de investigación de reconocido prestigio en el ámbito del desarrollo, el desarme y los derechos humanos, así como las mejores prácticas más actualizadas descritas en la Guía del Usuario del Código de Conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas”.

La normativa europea, establecida por el Consejo de la Unión Europea que adoptó, el 8 de diciembre de 2008, la POSICIÓN COMÚN 2008/944/PESC, en la que se definen “las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares” es incluso más clara y conlleva idénticas conclusiones.

Por otra parte, desde el punto de vista del Derecho Internacional, las resoluciones de Naciones Unidas y Tratados Internacionales exigen que Estados como el español reaccionen frente a las violaciones del derecho internacional y de los derechos humanos cometidas por el Reino de Marruecos en la cuestión del Sahara Occidental. La Declaración sobre las relaciones de amistad de la AGNU (A/RES 2625 (XXV), 24 de octubre de 1970), referente al derecho de los pueblos a la libre determinación afirma, en su cuarto principio (párr. 2) que “todo Estado tiene el deber de promover, mediante acción conjunta o individual, la aplicación del principio de la igualdad soberana de derechos y de la libre determinación de los pueblos […], y de prestar asistencia a las Naciones Unidas en el cumplimiento de las obligaciones que se le encomiendan por la Carta respecto de la aplicación de dicho principio […]”. Los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 disponen que “las Altas Partes Contratantes se comprometen a respetar y a hacer respetar” los Convenios. De esa disposición se desprende que todo Estado parte en dicho Convenio, sea o no parte en un conflicto determinado, tiene la obligación de hacer que se cumplan las exigencias impuestas por los instrumentos en cuestión. En definitiva, que España como parte de dichos convenios no sólo se comprometen a respetar, sino también a «hacer respetar» el Convenio; es decir, que tiene el deber de reaccionar, en cumplimiento del Derecho internacional, para impedir que se infrinjan normas imperativas del Derecho internacional y para contrarrestar sus consecuencias. En cambio, el Gobierno español ni tan siquiera emite declaraciones de condena de las violaciones del Derecho internacional; no es que sea un espectador pasivo de estas atrocidades, sino que las alienta al autorizar las exportaciones de armas por parte de España hacia Marruecos.

La Resolución 2625 de la Asamblea General de Naciones Unidas, de 24 de octubre de 1970, que contiene la declaración relativa a los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los estados de conformidad con la carta de las Naciones Unidas, también conocida como Friendly Relation Resolution, establece que “todos los Estados deberán también abstenerse de organizar, apoyar, fomentar, financiar, instigar o tolerar actividades armadas, subversivas o terroristas encaminadas a cambiar por la violencia el régimen de otro Estado, y de intervenir en una guerra civil de otro Estado”.

La Comisión de Derecho Internacional, organismo dependiente de Naciones Unidas y creado para la codificación del Derecho Internacional, elaboró un Proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado que si bien no es norma vinculante resulta interesante traer a colación. En el artículo 41 del proyecto se alude a que “los Estados deben cooperar para poner fin, por medios lícitos, a toda violación grave de una norma imperativa de derecho internacional. Según dicho proyecto, el Estado que presta ayuda o asistencia es responsable internacionalmente si está al corriente de que se está violando el Derecho internacional y que la ayuda prestada está destinada a posibilitar dichas violaciones.


Marruecos mantiene desde hace más de 35 años una ocupación ilegal, dicha situación se mantiene gracias a las exportaciones de equipos militares, al apoyo económico, financiero y político que se le proporciona. Resulta inconcebible que las autoridades españolas pretendan desconocer las violaciones del Derecho internacional que está cometiendo Marruecos. En todo caso, la denuncia presentada el pasado mes de abril se lo recuerda a quienes tienen la obligación de informar estas autorizaciones.

En la historia reciente nos encontramos con situaciones similares de Estados receptores o suministradores de armamento en conflictos internacionales. En dichas situaciones instituciones internacionales advertían que no se debe suministrar armamento a quienes están infringiendo la legalidad internacional. El Parlamento Europeo condenó una y otra vez la continua violación de los derechos humanos en Timor Oriental y la ocupación ilegal del territorio por Indonesia, impidiendo así el ejercicio del derecho a la autodeterminación, y llegó a pedir a los Estados miembros que se abstuvieran de dar cualquier tipo de asistencia militar y venta de armas a Indonesia (esto último en Resolución del Parlamento Europeo de 15 de mayo de 1997 sobre Indonesia (DOCE , C 167, DE 2 junio de 1997, p. 153).

Existe otro caso que guarda semejanzas con el que nos ocupa, las actividades militares contra Nicaragua, caso que fue llevado por este país ante la Corte Internacional de Justicia al acusar a Estados Unidos por violaciones al derecho internacional al apoyar a la oposición armada (los contras) en su guerra en contra dicho gobierno y por minar los puertos del país. El 27 de junio de 1986, la Corte falló que los Estados Unidos de América, al entrenar, armar, equipar, financiar y abastecer a las fuerzas de la contra o de otra manera alentar, apoyar y ayudar en la ejecución de actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua, ha actuado en violación de su obligación, según el derecho internacional consuetudinario, de no intervenir en los asuntos de otro Estado.


Desde el punto de vista político, no es entendible como se puede hacer compatible la venta de armas a Marruecos con el contenido de la Proposición no de ley aprobada el pasado 15 de diciembre de 2009 por el Congreso de los Diputados de España, en cuyo punto 5 se insta a “seguir defendiendo las resoluciones aprobadas por el Congreso de los Diputados en el sentido de que el estatuto definitivo del Sahara Occidental respete la legalidad internacional y sea el resultado del libre ejercicio del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación mediante referéndum de acuerdo con la carta de Naciones Unidas y las resoluciones del Consejo de Seguridad”.

Finalmente, desde el compromiso del partido político que sustenta el actual Gobierno, expresado en el programa electoral. La negativa a dar curso a la denuncia presentada el pasado 9 de abril, escudándose en una falta de legitimación y la defensa de la venta de armamento a Marruecos por parte del Gobierno se contradice con el propio programa electoral de este partido para las elecciones de 2008. En el programa se decía “vamos a profundizar la participación de la sociedad civil en nuestra acción exterior” (página 279), se continuaba afirmando que “todo sistema de gobierno digno de tal nombre debería asentarse sobre unas relaciones internacionales sustentadas en sólidos principios y valores morales. Para los socialistas, ello supone la defensa activa y universal de los Derechos Humanos…y la condena de todo lo que la degrada, incluida la tortura” (página 280). Para la construcción de la paz se proponía “reforzar el control de armamento y la regulación del tráfico de armas, mediante la aplicación de la Ley de Comercio Exterior de material de defensa y de doble uso, aprobada en esta legislatura”(pagina 281). Denunciaban que “el exceso de armas sin control, el gasto excesivo en armamento, el tráfico ilícito o irresponsable de armas, y los vínculos de todo ello con la delincuencia organizada, la violencia armada y los conflictos, amenazan gravemente la estabilidad y a posibilidad de desarrollo de los pueblos. …..En la nueva legislatura, será necesario garantizar un comercio de internacional de armas lícito, responsable, transparente y respetuoso con los Derechos humanos, el derecho internacional humanitario y del derecho de los pueblos a la paz, la seguridad y el desarrollo. En estas negociaciones, la sociedad civil ha de jugar un papel de primer orden.” (página 282).

En cambio, en menos de dos años, los compromisos electorales se contradicen con la praxis del Gobierno. Así, los diferentes voceros institucionales expresan sin cortapisas cuales son las reales y actuales pretensiones que guían al ejecutivo en la venta de armas. El pasado 9 de mayo, en el diario El País, sección Empresas & sectores, se publicaba una entrevista a Constantino Méndez, Secretario de Estado de Defensa, quien, respecto a la industria española, manifestaba que “su cartera de exportaciones -el 40% de la producción- deberá crecer si quiere sobrevivir. …. Estamos decididos a apoyarlas e impulsar su internacionalización"…."Es verdad", reconoce, "que hemos tardado en tomar conciencia de la importancia de tener una política de exportación. Ese proceso debe apoyarse en la marca España, que es muy buena: somos un país seguro, que atiende bien a los clientes. Pero debemos acompañar a las empresas con las relaciones entre gobiernos, algo que otros países hacen con naturalidad; por eso hemos creado una consultaría de apoyo de la exportación, CIDIS, dentro de la empresa pública Isdefe". No llegaba a transcurrir un mes desde estas declaraciones cuando en el mismo periódico, un día antes de la comparecencia de la Secretaria de Estado de Comercio ante el Congreso para informar de las estadísticas sobre exportaciones de material de defensa, se anunciaba que España aumenta un 33 % su venta de armas respecto al 2008, lo que “supone que, por vez primera, uno de cada 10 euros de productos españoles vendidos en el extranjero corresponde a armamento y equipos militares”. De esta manera, bajo el paraguas de la crisis, en la que, al parecer, todo cabe y solo sobran los escrúpulos morales, se pretende convertir a España en uno de los principales mercaderes de productos destinados a producir la muerte. Nos preguntamos si nuestros funcionarios y autoridades padecen una ceguera, que les impide ver lo que a la vista de todos está respecto a ciertos países receptores de armamento español, o si la enfermedad que padecen es incluso mas grave e invalidante. Escudándose en el carácter secreto de ciertos documentos se omite a la sociedad española conocer cuales son los mecanismos de control que utilizan las autoridades españolas para evitar ese uso no deseado. En todo caso, parecen que dichos controles no son eficaces ya que no han impedido que en Tailandia (destinataria de mas de 55 millones de € de material en armamento durante el 2009) e Israel las armas se hayan utilizado contra la población civil.
La paradoja es sorprendente, la actitud del Gobierno se contradice con el programa del partido que le apoya --PSOE-- en cuyo programa electoral figura que “España apoya las negociaciones directas entre Marruecos y el Frente POLISARIO bajo el auspicio de Naciones Unidas, con el fin de alcanzar para el conflicto del Sahara, en el marco del derecho internacional, una solución política justa, duradera, democrática y aceptable para todas las partes implicadas que permita la autodeterminación del pueblo saharaui” (página 301). ¿Qué tipo de negociaciones “equilibradas” se pretenden fomentar cuando se están vendiendo armas al país que pretende anexionarse por la fuerza el Sahara Occidental? La respuesta la encontramos en las autorizaciones de ventas de armamento y en la negativa a tramitar la denuncia administrativa por la que se solicitaba su paralización.

CCOO Aragón clausura la campaña "Una salida al Sáhara"

09-06-2010. La Fundación Sindicalismo y Cultura de CCOO Aragón puso ayer el broche final a su campaña de apoyo al Sáhara tras 20 días de actividad con una mesa redonda en la que el delegado del Frente Polisario en España, Bucharaya Beyún, advirtió del retorno a la lucha armada como "derecho legítimo" del pueblo saharaui ante el incumplimiento de las resoluciones de la ONU y los distintos acuerdos de paz alcanzados desde 1991.

La vía muerta en la que la Comunidad Internacional mantiene el conflicto del Sáhara Occidental amenaza con desembocar en una vuelta a la lucha armada por parte del Frente Polisario. Así lo reconoció ayer el delegado del Gobierno saharaui en España, Bucharaya Beyún, en la mesa redonda con la que la Fundación Sindicalismo y Cultura cerró ayer una campaña de apoyo al pueblo saharaui que ha durado 20 días y que ha aunado a artistas, escritores y músicos en torno a esta causa.




El secretario general de CCOO Aragón, Julián Buey, moderó el coloquio, que tuvo lugar en la sala Goya del edificio de la DGA en San Pedro Nolasco y en el que además de Beyún participaron el profesor de Derecho Político de la Universidad de Zaragoza Francisco Palacios y la responsable de Países Árabes, África y Asia de la Secretaría Internacional de CCOO, Alejandra Ortega.

Beyún denunció sin ambages la posición de los países occidentales, especialmente de España y Francia, como potencia administradora del territorio y como actor decisivo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas respectivamente. Así, el delegado del Frente recordó que ha sido el país galo el que ha impedido que la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (Minurso) asuma labores de vigilacia de los derechos humanos, que son violados de forma sistemática por parte de Marruecos. No en vano, recordó que todavía hay tres activistas saharauis a la espera de sentarse ante un tribunal militar "por haber cometido el delito de reclamar la autodeterminación".

Pasados 20 años desde la firma del alto el fuego, Beyún advirtió que las Naciones Unidas están facilitando el "statu quo" de ocupación del reino alauita, frustrados ya en múltiples ocasiones los intentos de llevar a cabo una consulta. "Vamos a revisar nuestra relación con la Minurso", advirtió, algo que en realidad supondría una marcha atrás en los planteamientos pacíficos que ha mantenido el Frente en estos años. "Si no se realiza el referéndum, el acuerdo de alto el fuego no tiene sentido", zanjó.

A la frustración del estancamiento diplomático, los saharauis suman el continuo "expolio" de los recursos naturales del Sáhara, con la explotación de los bancos pesqueros, la extracción de fosfatos en las minas a cielo abierto de la empresa Fos Bucrá, o la compra de arena del desierto, con unos beneficios que suponen 4.000 millones de euros anuales. Todo ello lo realiza Marruecos de forma "ilegal", apuntó, ya que ni cuenta con legitimidad para administrar el territorio (los acuerdos de Madrid han sido sancionados sin efecto por el Derecho Internacional) y ni siquiera estas operaciones redundan en beneficio de los pobladores del territorio, como exigen las Naciones Unidas.

Por su parte, el profesor Francisco Palacios, puso el acento en que la "letanía" que viene repitiendo la ONU año tras año, instando a las partes a negociar "de buena fe" es una entelequia. "Cuando no hay buena fe, no hay negociación posible", aseguró, y destacó el carácter dictatorial de la monarquía marroquí, presa de una Constitución "que no da para más". En esta línea, criticó duramente la posición de periodistas, profesores y empresarios que defienden la supuesta "modernidad" y "democracia" que existen en el país vecino, cuando es el monarca Mohammed VI quien se arroga el grueso de las competencias del Ejecutivo y tiene un control casi absoluto sobre el parlamento, que puede disolver "cuando quiera".

Frente a esta situación, alabó el carácter "ejemplar" del pueblo saharaui, que ha sido capaz de organizarse políticamente "en condiciones muy precarias" y apuntó que el nacimiento de la República Árabe Saharaui Democrática sería una "oportunidad" para el surgimiento de un Estado con esas mismas condiciones ejemplares basadas en la cooperación.

No obstante, Palacios lamentó que el actual momento de crisis política y económica no es "el mejor marco" debido a que "los gobiernos están abdicando del principio de soberanía, por lo que es difícil que puedan defender otros como el de autodeterminación".

La responsable de la Secretaría de la Secretaría Internacional de CCOO Alejandra Ortega puso por su parte en valor el trabajo que desde esta central se está llevando a cabo para llevar la problemática del Sáhara a ámbitos internacionales como la Confederación Sindical Internacional (CSI) o la propia Organización Internacional del Trabajo. La ocupación Marroquí, además de implicaciones políticas graves, incluye graves incumplimientos en materia de derechos laborales, recordó, como la discriminación de los saharauis en determinados puestos de trabajo, la imposibilidad de libre organización sindical o la conculcación de los derechos básicos sobre jornada y salario.

Fuente: http://www.aragon.ccoo.es/webAragon/menu.do?Inicio:90244