23 de octubre de 2010 | Guin Guin Bali
La tensión va en aumento en el campamento de Gdeim Izik, a las afueras de El Aaiun, donde unos 15.000 saharauis han decidido trasladarse en protesta por la opresión en que viven bajo la dominación marroquí. El viernes, la Policía apedreó a varios saharauis que intentaban entrar en el campamento y provocó un accidente a un LandRover con resultado de ocho personas heridas.
Marruecos estrecha el cerco sobre Gdeim Izik
Marruecos estrecha el cerco sobre el campamento de Gdeim Izik, donde ya se han trasladado unos 15.000 saharauis desde la cercana ciudad de El Aaiún en protesta por las duras condiciones en las que viven bajo el régimen marroquí. Rabat ha trasladado efectivos desde Agadir y Marrakech y fuerzas de intervención rápida procedentes del muro defensivo del Sahara para impedir la entrada y salida de personas y ya se han producido los primeros altercados con saharauis que querían entrar o salir, con el resultado de al menos cuatro personas heridas, una de ellas de gravedad. Además, está levantando un muro que frene la entrada de vehículos con comida y agua.
Fuentes del propio campamento han confirmado la presencia de tractores y bulldozers en las cercanías del campamento con la intención, según informan, de construir un muro para impedir que los saharauis sigan saliendo de la ciudad del Aaiún y entrando en el mismo, situado a unos 18 kilómetros. “Hace cuatro días llegó una niveladora, pero esta mañana han venido con tres máquinas más para acelerar la construcción del muro y que no podamos entrar con vehículos, con comida y con agua”, contaba Siri Brahim, uno de los que ha conseguido salir y volver a entrar en el campamento “entre una lluvia de piedras y de balas para redadas, tratan de meternos miedo, pero con algunos no lo van a conseguir”, asegura.
Miembros del comité formado en el interior del campamento cuentan también que "desde hace 5 días, las fuerzas de seguridad marroquíes intentan provocar a la población civil saharaui desarmada, impiden la llegada de agua, medicamentos y comida y siembran el terror con cazas y helicópteros que realizan pasadas rasantes una y otra vez”, atestiguan.
Además, según explicó Brahim, esta misma mañana, una caravana formada por diez vehículos todo-terreno ha conseguido introducir algunas provisiones pero ha sufrido un ataque con piedras y otros objetos que los ha dejado prácticamente inutilizados. “Nos estamos quedando sin coches”, lamenta este saharaui.
Un intento por llegar con vehículos anoche terminó peor que el de esta mañana. Fueron requisados y sus ocupantes detenidos y “se produjeron numerosos heridos”, entre los que se nombra a “Fatimetu Butahba, Huria El Musaui, El Emhdaui Ahmed Mahayub, Jadiyetu Malainin y Sidati Chakudi y Saleh Mojtar”, éste último en estado de mayor gravedad.
La prioridad de Marruecos es desmantelar esta concentración espontánea de ciudadanos saharauis que ya alcanza las 3.000 jaimas; así se lo hicieron saber anoche a los portavoces del campamento una delegación llegada expresamente desde Rabat. Según fuentes saharauis, les ofrecieron realizar un censo de las personas que están en su interior con una explicación de cuáles son sus reivindicaciones, y que se marchen a casa. Después, recibirían una contestación. “Pero hemos dicho que no, hay mujeres enfermas o personas inválidas a las que no hemos dejado venir pero que también querrían estar ¿les apuntamos también?”, pregunta Brahim. Además “sólo quieren distraernos”, razona.
En esta protesta no hay banderas ni proclamas independentistas. “Es la gente, que está harta de llevar 35 años malviviendo, de ver cómo explotan nuestros recursos mientras sobrevivimos gracias a la emigración, pero pobremente”, explica Brahim.
Derechos sociales, reclaman. Los propios militares pudieron comprobarlo. “Creían que estaba organizado por activistas, que la gente estaba allí poco menos que secuestrada, pero les dijimos que fueran a comprobarlo, y llegaron con camiones, ofreciendo a la gente una paga de 2.000 dirham (200 euros) por subirse al camión y marcharse”. ¿Lo hizo alguien?. “No”, contesta Brahim, “la gente se sintió que les trataban como si fueran vacas, pretendiendo llevárselos de allí de esa forma, y nadie aceptó”, aclara.
Mujeres, ancianos y niños fueron las primeras víctimas del bloqueo y “una mujer en avanzado estado de gestación, Lala Oum Lojut, perdió su bebé ante las duras condiciones de vida creadas por las fuerzas marroquíes”, aunque, “los comités creados para formar la seguridad interna, distribuir los pocos recursos existentes, y la determinación de la población ha evitado caer en las provocaciones y mantener una actitud pacífica en todo momento”, según detallan fuentes del Frente Polisario.
Los acampados aseguran que “las autoridades de ocupación marroquíes han establecido una doble estrategia”. Por un lado, “el bloqueo armado al campamento así como a las zonas norte y nordeste de la ciudad de El Aaiún para evitar nuevas incorporaciones de civiles”. Por el otro, un “cerco informativo y absoluto de las comunicaciones del asentamiento con el exterior” y el despliegue de una “campaña masiva de calumnias e informaciones falsas sobre la situación para crear confusión y destruir la moral entre los acampados”. Rabat ha trasladado a la zona efectivos desde Agadir y Marrakech y fuerzas de intervención rápida procedentes del muro defensivo del Sahara.
Los acampados advierten de que “los pozos se están secando, la comida se agota y los enfermos crónicos como diabéticos y asmáticos corren serio peligro de no permitirse la entrada de ayuda urgente, ayuda que las fuerzas marroquíes impiden llegar”.
Por lo tanto el Comité que gestiona el campamento hace “un llamamiento urgente y desesperado a la comunidad internacional, a las organizaciones humanitarias y a los gobiernos democráticos del mundo para que paren este genocidio” y denuncian que “el pueblo saharaui es el único pueblo del mundo refugiado en su propio país”, ante lo que piden “medidas”.
Un llamamiento que el enviado especial de Naciones Unidas, Chistopher Ross, podrá conocer de primera mano, ya que se encuentra de gira por la región. Después de pasar por Argel, se ha trasladado a los campamentos de refugiados en Tinduf y mañana se espera su llegada a Rabat.
El Polisario teme una intervención violenta de Marruecos El Frente Polisario ha hecho este jueves un llamamiento a la comunidad internacional para intentar impedir una intervención violenta por parte de la Policía marroquí en el campamento de Gdeim Izik, a las afueras de El Aaiún, donde unos 15.000 saharauis protestan por sus condiciones de vida en los territorios ocupados.
Según el Frente Polisario, hay que tener en cuenta que la Policía marroquí ya intervino para desmantelar campamentos similares que intentaron montarse en Dajla, Bojador y Smara, lo que provocó heridas a decenas de personas, así como detenciones de personas de las que aún se desconoce su paradero.
Para el movimiento de liberación saharaui, esta misma actuación se podría repetir en las próximas horas en el campamento instalado a unos 18 kilómetros de la ciudad ocupada de El Aaiún. "Conociendo la naturaleza salvaje de las actuaciones e intervenciones del ejército, la gendarmería y la policía marroquíes. y temiendo por las vidas y la integridad física de las personas allí concentradas", el Polisario ha hecho un llamamiento urgente a instituciones, fuerzas políticas y sindicales, a las organizaciones no gubernamentales y de defensa de los derechos humanos, a las organizaciones juveniles y a todas las fuerzas vivas de la sociedad civil".
Este llamamiento se ha producido en diversas comunidades autónomas españolas y su objetivo es que intervengan "a fin de garantizar la seguridad y la libertad de los exiliados saharauis en su propia tierra y evitar un nuevo episodio de violencia en la Zonas Ocupadas del Sahara Occidental, exigiendo el cese inmediato del cerco militar, policial y paramilitar al Campamento de la Justicia, la presencia de observadores internacionales y el derecho de los ciudadanos en protesta a disponer de los medios esenciales de subsistencia".
Por otra parte, diversas concentraciones y muestras de apoyo se están organizando en ciudades españolas para denunciar el acoso policial que están sufriendo los saharauis que participan en esta protesta. Así, por ejemplo, para este viernes a partir de las 18.30 horas está prevista una concentración frente al Consulado marroquí en Las Palmas de Gran Canaria, la capital española más próxima a El Aaiún.
[Esta notícia procede de: Revista Guin Guin Bali]
sábado, 23 de octubre de 2010
domingo, 17 de octubre de 2010
BREVE RESUMEN JUICIO 15/10/2010 TRIBUNAL PENAL DE CASABLANCA.
17 de octubre de 2010 | IAJUWS
Tribunal Penal de Primera Instancia de Ain Seba'a - Casablanca (Marruecos)
Fecha: 15 de octubre de 2010
Acusados: D. BRAHIM DAHANE - D. ALI SALEM TAMEK - D. AHMED ENNASIRI - Dª DEGJA LECHGAR, D. YAHDID TERROUZI, D. SALEH LEBEIHI Y RACHID SGHAIR.
INICIO DE LA VISTA ORAL
A las 14:25 horas de hoy, 15/10/2010, un grupo de 30 abogados marroquíes aproximadamente (quizás algunos más) ataviados con la Toga Profesional, entraron conjuntamente y de forma coordinada entre ellos, en la Sala del Tribunal Penal de Casablanca, ocupando la totalidad del espacio reservado a los Abogados de la Defensa, dificultando la ubicación de los Juristas Observadores Internacionales, y situándose delante del Tribunal haciendo casi imposible que los miembros del Tribunal pudieran visualizar a los acusados y al público asistente.
Constituido el Tribunal, y antes de iniciarse la sesión de juicio por parte del Presidente, el grupo de abogados marroquíes comenzó a quejarse a gritos de la presencia de los Juristas Internacionales, alegando que debían desocupar los bancos, y que se fuesen a observar a sus países.
Los Observadores Juristas nos levantamos del segundo banco que ocupábamos, y el juez volvió decir que podíamos permanecer en él.
Los abogados marroquíes gritaban enfurecidos.
Cinco minutos después el Presidente comenzó a llamar a los saharauis imputados, empezando por los tres que estaban en prisión, D. Ali Salem Tamek, D. Ahmed Ennassiri y D. Brahim Dahane, y por lo tanto ausentes de la Sala, y los llamó reiteradas veces; Y, prosiguió llamando a los que estaban en libertad provisional y presentes en la Sala, Dª Degja Lechgar, D. Yahdid Terrouzi, D. Saleh Lebeihi y Rachid Sghair, quienes se identificaron, y desde el pasillo en el que estaban intentaron desplazarse hacia el Tribunal coreando eslóganes a favor de la lucha del Pueblo Saharaui, y cuando iniciaban los cánticos, el grupo de abogados marroquíes comenzó a gritar, a insultar a los saharauis, a provocar a los Observadores y al público saharaui asistente.
El Tribunal salió corriendo de la Sala, apresuradamente, y no hizo ningún llamamiento al orden, ni similar, no regresando en ningún momento posterior.
Los Abogados marroquíes continuaban gritando, vociferando, aclamando a Marruecos, y la marroquinidad del Sáhara, amenazando a los Observadores Juristas diciendo que el "apoyo al pueblo saharaui nos iba a costar caro", insultando a los Abogados Españoles, llamando a los españoles terroristas y asesinos, que habían aniquilado a los beréberes del RIF y que habíamos exterminado a todos los árabes de Andalucía, que Argelia nos pagaba por nuestro trabajo, y continuando con más insultos. (…)
Igualmente intentaron agredir al público, lográndolo en algunas ocasiones.
Una abogada marroquí, integrante del grupo exaltado, se subió a una mesa y a gritos insultaba al público. Y, todo ello ante una absoluta pasividad y permisividad de las fuerzas policiales presentes en la Sala.
Mientras todo esto acontecía, los Abogados Saharauis integrantes de la Defensa de los Acusados, permanecían colocados delante de la Mesa del Tribunal, en absoluto silencio en actitud contemplativa, procediendo a salir de la Sala antes que lo hiciera el público y los Juristas Internacionales.
Los saharauis presentes en la Sala comenzaron a corear la frase "VIVA LA LUCHA DEL PUEBLO SAHARAUI", cántico al que se unió la mayoría del público asistente, siendo estás las únicas palabras que se oyeron en la Sala durante varios minutos, situación que enardeció aún más al grupo de abogados marroquíes, quienes otra vez de forma violenta intentaron lanzarse contra el público asistente, colocándose ante ellos algunos policías quienes a su vez empujaban al público saharaui presente.
Esta situación de agresión y tensión en el interior de la Sala se extendió durante algo más de media hora.
Cuando los saharauis imputados, el público, y los Observadores Juristas Internacionales comenzaron a salir de la Sala, el grupo de abogados marroquíes continuó lanzando vítores, a aplaudir, y a proferir vivas a favor del rey de Marruecos, y diciendo que el Sáhara es marroquí, y mofándose de España. A su vez, siguieron el paso de las personas que salían de la Sala, y una vez en el hall de la sede del Juzgado, se incorporaron a los abogados marroquíes personal administrativo del Tribunal, portando una foto del Rey de Marruecos, celebrando que habían expulsado a los Juristas del Tribunal.
La manifestación organizada por los abogados marroquíes recorrió todo la planta baja del edificio judicial llegando a la entrada principal en el que se saludaron alegremente con los policías presentes.
Mientras sucedía lo anterior, en la salida del edificio judicial, varias mujeres y hombres marroquíes al reconocer a Doña Aminattou Haidar la insultaron e intentaron agredirla, sin que pudieran lograrlo debido a la protección que le brindo el público saharaui rodeándola en todo momento.
Los Abogados de la Defensa al salir de la Sala se dirigieron al despacho del Presidente del Tribunal, quien les manifestó que el Juicio quedaba suspendido, y se señalaba nuevamente para el día 05 de noviembre de 2010, habida cuenta la imposibilidad de celebrarlo hoy.
SITUACION PROCESAL
1. D. Brahim Dahane, D. Ali Salem Tamek, y D. Ahmed Ennassiri se encuentran privados de libertad en la cárcel de Salé (Rabat) desde el 12 de octubre de 2009, a la que fueron conducidos tras su detención en el interior del avión en el aeropuerto de Casablanca el día 08 de octubre de 2009, cuando regresaban de visitar los Campamentos de Refugiados Saharauis en Tindouf. Desde el momento de la detención hasta el día 12/ 10/2009 no se tuvo conocimiento de su paradero ni de las condiciones de su detención.
2. El Gobierno marroquí, a través de su Ministro de Comunicación y Portavoz del Gobierno, Khalid Naciri, manifestó que Dª Degja Lechgar, D. Yahdid Terrouzi, D. Saleh Lebeihi y Rachid Sghair, D. Ali Salem Tamek, D. Ahmed Ennassiri y D. Brahim Dahane, a los que se ha denominado el GRUPO DE LOS 7, habían atentando contra la integridad territorial de Marruecos, la seguridad de Marruecos, y se les sometía a la jurisdicción militar.
3. En el mes de Febrero de 2010 fue puesta en libertad provisional, Dª Degja Lechga, única mujer integrante del Grupo de los 7; y el 18 de mayo de 2010, fueron también puestos en libertad provisional tres de los detenidos del mismo Grupo, D. Yahdid Terrouzi, D. Saleh Lebeihi y Rachid Sghair, permaneciendo en prisión hasta la actualidad D. Ali Salem Tamek, D. Ahmed Ennassiri y D. Brahim Dahane.
4. El 23 de septiembre de 2010, el Tribunal Militar marroquí declaró su incompetencia para conocer del asunto, inhibiéndose a favor de los Tribunales Penales Ordinarios de Casablanca. La inhibición se produce justamente cuando faltaban 7 días para la conclusión del plazo de detención preventiva correspondiente a la jurisdicción militar, y el necesario señalamiento y celebración de juicio, en su caso.
5. Por parte del Tribunal Penal y el Procurador Real de Casablanca, al efectuarse la admisión de la inhibitoria procedente del Tribunal Militar de Rabat, no se dispuso el traslado de los Tres Presos a la Prisión de Casablanca, ni se les condujo personalmente ante dichos órganos judiciales para notificarles la nueva situación en la que se encontraban, así como tampoco al resto de los imputados en el referido procedimiento.
El Tribunal de Casablanca, no ha comunicado a D. Ali Salem Tamek, a D. Ahmed Ennassiri a D. Brahim Dahane, a Dª Degja Lechga, a D. Yahdid Terrouzi, D. Saleh Lebeihi, ni a Rachid Sghair, que el procedimiento seguido contra ellos está ahora siendo tramitado en su jurisdicción, y tampoco a los tres primeros, que permanecen en privados de libertad, se les ha notificado que tipo de medidas se ha adoptado con respecto a su situación personal.
6. El señalamiento del Juicio para el día 15/10/2010 se hizo público por el Tribunal dos semanas antes, sin proceder a notificación personal alguna a ninguno de los imputados. Los Abogados de la defensa, interesaron se les informase sobre la situación de los tres procesados que permanecían en prisión, y considerando que los mismos se encontraban en la prisión de Salé (Rabat) solicitaron que se acordase lo necesario para que se asegurase su presencia en el Juicio Oral el día 15/10/2010, materia que es competencia del Procurador del Rey y Tribunal.
7. El 14 de octubre de 2010 por la tarde, víspera de la fecha señalada para la celebración del Juicio, se remitió por el Procurador Real del Casablanca a la Prisión de Casablanca una solicitud para que los Tres Presos, D. Ali Salem Tamek, D. Ahmed Ennassiri y D. Brahim Dahane, fueran trasladados al juicio al día siguiente, recibiendo contestación en la que la Dirección de la Prisión manifiesta que las personas cuyo traslado se solicita no están en dicha prisión por lo que no se realizara traslado alguno.
8. El Juicio fue suspendido por la incomparecencia de los Tres Imputados que están en prisión, según manifestó a los Abogados de la Defensa el Presidente del Tribunal, señalándose como nueva fecha para su celebración el Viernes 05/11/2010, sin precisar la hora.
9. La Defensa de los Siete Imputados no pudo intervenir en el acto del Juicio por la situación de caos creada por el grupo de abogados marroquíes y que en ningún momento fue objeto de llamada al orden por el Presidente del Tribunal, cercenándose así el Derecho de Defensa.
Casablanca -Marruecos- a, 15 de octubre de 2010
IAJUWS
Tribunal Penal de Primera Instancia de Ain Seba'a - Casablanca (Marruecos)
Fecha: 15 de octubre de 2010
Acusados: D. BRAHIM DAHANE - D. ALI SALEM TAMEK - D. AHMED ENNASIRI - Dª DEGJA LECHGAR, D. YAHDID TERROUZI, D. SALEH LEBEIHI Y RACHID SGHAIR.
INICIO DE LA VISTA ORAL
A las 14:25 horas de hoy, 15/10/2010, un grupo de 30 abogados marroquíes aproximadamente (quizás algunos más) ataviados con la Toga Profesional, entraron conjuntamente y de forma coordinada entre ellos, en la Sala del Tribunal Penal de Casablanca, ocupando la totalidad del espacio reservado a los Abogados de la Defensa, dificultando la ubicación de los Juristas Observadores Internacionales, y situándose delante del Tribunal haciendo casi imposible que los miembros del Tribunal pudieran visualizar a los acusados y al público asistente.
Constituido el Tribunal, y antes de iniciarse la sesión de juicio por parte del Presidente, el grupo de abogados marroquíes comenzó a quejarse a gritos de la presencia de los Juristas Internacionales, alegando que debían desocupar los bancos, y que se fuesen a observar a sus países.
Los Observadores Juristas nos levantamos del segundo banco que ocupábamos, y el juez volvió decir que podíamos permanecer en él.
Los abogados marroquíes gritaban enfurecidos.
Cinco minutos después el Presidente comenzó a llamar a los saharauis imputados, empezando por los tres que estaban en prisión, D. Ali Salem Tamek, D. Ahmed Ennassiri y D. Brahim Dahane, y por lo tanto ausentes de la Sala, y los llamó reiteradas veces; Y, prosiguió llamando a los que estaban en libertad provisional y presentes en la Sala, Dª Degja Lechgar, D. Yahdid Terrouzi, D. Saleh Lebeihi y Rachid Sghair, quienes se identificaron, y desde el pasillo en el que estaban intentaron desplazarse hacia el Tribunal coreando eslóganes a favor de la lucha del Pueblo Saharaui, y cuando iniciaban los cánticos, el grupo de abogados marroquíes comenzó a gritar, a insultar a los saharauis, a provocar a los Observadores y al público saharaui asistente.
El Tribunal salió corriendo de la Sala, apresuradamente, y no hizo ningún llamamiento al orden, ni similar, no regresando en ningún momento posterior.
Los Abogados marroquíes continuaban gritando, vociferando, aclamando a Marruecos, y la marroquinidad del Sáhara, amenazando a los Observadores Juristas diciendo que el "apoyo al pueblo saharaui nos iba a costar caro", insultando a los Abogados Españoles, llamando a los españoles terroristas y asesinos, que habían aniquilado a los beréberes del RIF y que habíamos exterminado a todos los árabes de Andalucía, que Argelia nos pagaba por nuestro trabajo, y continuando con más insultos. (…)
Igualmente intentaron agredir al público, lográndolo en algunas ocasiones.
Una abogada marroquí, integrante del grupo exaltado, se subió a una mesa y a gritos insultaba al público. Y, todo ello ante una absoluta pasividad y permisividad de las fuerzas policiales presentes en la Sala.
Mientras todo esto acontecía, los Abogados Saharauis integrantes de la Defensa de los Acusados, permanecían colocados delante de la Mesa del Tribunal, en absoluto silencio en actitud contemplativa, procediendo a salir de la Sala antes que lo hiciera el público y los Juristas Internacionales.
Los saharauis presentes en la Sala comenzaron a corear la frase "VIVA LA LUCHA DEL PUEBLO SAHARAUI", cántico al que se unió la mayoría del público asistente, siendo estás las únicas palabras que se oyeron en la Sala durante varios minutos, situación que enardeció aún más al grupo de abogados marroquíes, quienes otra vez de forma violenta intentaron lanzarse contra el público asistente, colocándose ante ellos algunos policías quienes a su vez empujaban al público saharaui presente.
Esta situación de agresión y tensión en el interior de la Sala se extendió durante algo más de media hora.
Cuando los saharauis imputados, el público, y los Observadores Juristas Internacionales comenzaron a salir de la Sala, el grupo de abogados marroquíes continuó lanzando vítores, a aplaudir, y a proferir vivas a favor del rey de Marruecos, y diciendo que el Sáhara es marroquí, y mofándose de España. A su vez, siguieron el paso de las personas que salían de la Sala, y una vez en el hall de la sede del Juzgado, se incorporaron a los abogados marroquíes personal administrativo del Tribunal, portando una foto del Rey de Marruecos, celebrando que habían expulsado a los Juristas del Tribunal.
La manifestación organizada por los abogados marroquíes recorrió todo la planta baja del edificio judicial llegando a la entrada principal en el que se saludaron alegremente con los policías presentes.
Mientras sucedía lo anterior, en la salida del edificio judicial, varias mujeres y hombres marroquíes al reconocer a Doña Aminattou Haidar la insultaron e intentaron agredirla, sin que pudieran lograrlo debido a la protección que le brindo el público saharaui rodeándola en todo momento.
Los Abogados de la Defensa al salir de la Sala se dirigieron al despacho del Presidente del Tribunal, quien les manifestó que el Juicio quedaba suspendido, y se señalaba nuevamente para el día 05 de noviembre de 2010, habida cuenta la imposibilidad de celebrarlo hoy.
SITUACION PROCESAL
1. D. Brahim Dahane, D. Ali Salem Tamek, y D. Ahmed Ennassiri se encuentran privados de libertad en la cárcel de Salé (Rabat) desde el 12 de octubre de 2009, a la que fueron conducidos tras su detención en el interior del avión en el aeropuerto de Casablanca el día 08 de octubre de 2009, cuando regresaban de visitar los Campamentos de Refugiados Saharauis en Tindouf. Desde el momento de la detención hasta el día 12/ 10/2009 no se tuvo conocimiento de su paradero ni de las condiciones de su detención.
2. El Gobierno marroquí, a través de su Ministro de Comunicación y Portavoz del Gobierno, Khalid Naciri, manifestó que Dª Degja Lechgar, D. Yahdid Terrouzi, D. Saleh Lebeihi y Rachid Sghair, D. Ali Salem Tamek, D. Ahmed Ennassiri y D. Brahim Dahane, a los que se ha denominado el GRUPO DE LOS 7, habían atentando contra la integridad territorial de Marruecos, la seguridad de Marruecos, y se les sometía a la jurisdicción militar.
3. En el mes de Febrero de 2010 fue puesta en libertad provisional, Dª Degja Lechga, única mujer integrante del Grupo de los 7; y el 18 de mayo de 2010, fueron también puestos en libertad provisional tres de los detenidos del mismo Grupo, D. Yahdid Terrouzi, D. Saleh Lebeihi y Rachid Sghair, permaneciendo en prisión hasta la actualidad D. Ali Salem Tamek, D. Ahmed Ennassiri y D. Brahim Dahane.
4. El 23 de septiembre de 2010, el Tribunal Militar marroquí declaró su incompetencia para conocer del asunto, inhibiéndose a favor de los Tribunales Penales Ordinarios de Casablanca. La inhibición se produce justamente cuando faltaban 7 días para la conclusión del plazo de detención preventiva correspondiente a la jurisdicción militar, y el necesario señalamiento y celebración de juicio, en su caso.
5. Por parte del Tribunal Penal y el Procurador Real de Casablanca, al efectuarse la admisión de la inhibitoria procedente del Tribunal Militar de Rabat, no se dispuso el traslado de los Tres Presos a la Prisión de Casablanca, ni se les condujo personalmente ante dichos órganos judiciales para notificarles la nueva situación en la que se encontraban, así como tampoco al resto de los imputados en el referido procedimiento.
El Tribunal de Casablanca, no ha comunicado a D. Ali Salem Tamek, a D. Ahmed Ennassiri a D. Brahim Dahane, a Dª Degja Lechga, a D. Yahdid Terrouzi, D. Saleh Lebeihi, ni a Rachid Sghair, que el procedimiento seguido contra ellos está ahora siendo tramitado en su jurisdicción, y tampoco a los tres primeros, que permanecen en privados de libertad, se les ha notificado que tipo de medidas se ha adoptado con respecto a su situación personal.
6. El señalamiento del Juicio para el día 15/10/2010 se hizo público por el Tribunal dos semanas antes, sin proceder a notificación personal alguna a ninguno de los imputados. Los Abogados de la defensa, interesaron se les informase sobre la situación de los tres procesados que permanecían en prisión, y considerando que los mismos se encontraban en la prisión de Salé (Rabat) solicitaron que se acordase lo necesario para que se asegurase su presencia en el Juicio Oral el día 15/10/2010, materia que es competencia del Procurador del Rey y Tribunal.
7. El 14 de octubre de 2010 por la tarde, víspera de la fecha señalada para la celebración del Juicio, se remitió por el Procurador Real del Casablanca a la Prisión de Casablanca una solicitud para que los Tres Presos, D. Ali Salem Tamek, D. Ahmed Ennassiri y D. Brahim Dahane, fueran trasladados al juicio al día siguiente, recibiendo contestación en la que la Dirección de la Prisión manifiesta que las personas cuyo traslado se solicita no están en dicha prisión por lo que no se realizara traslado alguno.
8. El Juicio fue suspendido por la incomparecencia de los Tres Imputados que están en prisión, según manifestó a los Abogados de la Defensa el Presidente del Tribunal, señalándose como nueva fecha para su celebración el Viernes 05/11/2010, sin precisar la hora.
9. La Defensa de los Siete Imputados no pudo intervenir en el acto del Juicio por la situación de caos creada por el grupo de abogados marroquíes y que en ningún momento fue objeto de llamada al orden por el Presidente del Tribunal, cercenándose así el Derecho de Defensa.
Casablanca -Marruecos- a, 15 de octubre de 2010
IAJUWS
domingo, 3 de octubre de 2010
Las fuerzas de seguridad marroquíes llevan a cabo contundentes expulsiones en masa de cientos de migrantes subsaharianos
Noticias de MSF
30.09.2010
Médicos Sin Fronteras expresa su profunda preocupación por el deterioro de la situación médica y humanitaria de los inmigrantes subsaharianos en Marruecos, debido a la intensificación de las redadas y expulsiones masivas llevadas a cabo recientemente por las fuerzas policiales marroquíes. Cientos de migrantes, entre ellos mujeres y niños, fueron deportados a “tierra de nadie”, en la frontera entre Marruecos y Argelia, y abandonados allí durante la noche sin comida ni agua.
Las incursiones de las fuerzas de seguridad marroquíes comenzaron el 19 de agosto, y a día de hoy se siguen llevando a cabo en diferentes ciudades de Marruecos como Oujda, Alhucemas, Nador, Tánger, Rabat, Casablanca y Fez. En muchas de estas redadas, la policía hizo uso de excavadoras y en Nador incluso de helicópteros, destruyendo las tiendas de campaña, las casas de los migrantes y sus pertenencias personales.
Según los datos recopilados por la organización médico-humanitaria hasta el 10 de septiembre, entre 600 y 700 migrantes habían sido detenidos durante estas redadas y llevados posteriormente a la frontera entre Marruecos y Argelia, donde quedaron abandonados a su suerte sin comida ni agua. Entre ellos había niños y mujeres, algunas de ellas embarazadas, y personas con problemas médicos y lesiones, muchas de ellas directa o indirectamente relacionadas con las redadas policiales. Su única alternativa en esas condiciones era regresar a Oujda a pie o tratar de pasar a Argelia. Al haber sido abandonados allí en mitad de la noche, corrían además el riesgo de ser atacados y robados por los bandidos y contrabandistas que operan en la zona. Los que lograron llegar de vuelta a Oujda están ahora en una situación de completa indigencia, pues no tienen absolutamente nada.
"Nuestro equipo ha sido testigo directo del impacto que han tenido estas redadas y expulsiones masivas en el estado de salud física y mental de los migrantes", explica Jorge Martín, coordinador general de MSF en Marruecos. "Hemos proporcionado asistencia médica a una mujer que había dado a luz a su hijo tan sólo seis días antes de la expulsión. Fue arrestada por la policía y pasó cinco días en un calabozo con su hijo recién nacido. Después de aquello, fue expulsada de nuevo a la frontera. Ha conseguido volver a Oujda, pero ahora sufre un síndrome gastrointestinal agudo”.
Durante estas últimas semanas, los equipos de MSF han constatado un alarmante aumento de pacientes con problemas médicos relacionados con los incidentes de violencia. De los 186 pacientes que han recibido asistencia médica por parte de los equipos de MSF en estas últimas semanas, 103 tenían lesiones y daños directa o indirectamente vinculados a la violencia de las detenciones. Las duras condiciones de vida que afrontan los migrantes, y la falta de refugios, también han contribuido al aumento de los problemas médicos.
Casi la mitad de los migrantes que recibieron atención médica por parte de los equipos de MSF durante las últimas semanas presenta síntomas médicos vinculados con las difíciles condiciones de vida y la falta de higiene. El 18% de ellos tenía infecciones de la piel, el 10% tenía infecciones respiratorias y el 11% tenía problemas digestivos.
"El incremento de las medidas restrictivas para el control de la migración en Marruecos tiene un impacto directo en la salud y la dignidad de los migrantes y los refugiados", explica Jorge Martín.
Las redadas y expulsiones masivas a la frontera aumentan su vulnerabilidad y les exponen a un riesgo todavía mayor. MSF pide a las autoridades marroquíes que se adhieran a sus obligaciones en virtud del derecho internacional y nacional a la hora de aplicar medidas para controlar la migración.
Las autoridades deben respetar la dignidad y la integridad de los migrantes y deben evitar exponerlos a una situación de mayor vulnerabilidad e inseguridad. Tal y como se estipula en la legislación marroquí, las mujeres embarazadas, los niños y los demás grupos vulnerables de migrantes no pueden ser expulsados.
MSF ha trabajado en Marruecos desde el año 2000 llevando a cabo varios proyectos de salud en Tánger, Casablanca, Rabat y Oujda, lugares donde sus equipos prestan asistencia médica y humanitaria a los inmigrantes subsaharianos, y donde abogan para se respete su dignidad y tengan un mejor acceso a la asistencia sanitaria. Actualmente, MSF gestiona un proyecto en Oujda en el que proporciona atención médica y psicológica a los migrantes y refugiados.
Fuente:MSF
viernes, 1 de octubre de 2010
¿España puede vender armas a Marruecos?
La revista shukran acaba de publicar el ejemplar número 28, correspondiente al mes de septiembre, y que en esta ocasión ha contado con la colaboración del Observatorio Aragonés para el Sahara Occidental para un artículo relativo a la venta de armas de España a Marruecos.
Cualquier ciudadano informado es conocedor que tres cuartas partes del Sáhara Occidental se encuentran ocupadas militarmente por Marruecos desde hace más de 35 años. Durante el periodo que duró la guerra entre Marruecos y el Frente POLISARIO, Marruecos no dudó en bombardear a civiles indefensos que huían por el desierto hacia territorio argelino. En estos bombardeos empleó fósforo blanco y napalm. Por estas acciones, y otras, se investiga judicialmente a autoridades marroquíes por un presunto delito de genocidio contra la población saharaui. Aunque no se logró la paz, la guerra cesó -temporalmente- con un alto el fuego alcanzado en 1991, de cuya supervisión se encargan los cascos azules de Naciones Unidas. Sin embargo, la ilegal ocupación militar y policial permanece a día de hoy. Si Marruecos no se retira del Sáhara, entre otros motivos, es gracias al dominio y superioridad militar sobre un territorio que no le pertenece. Lo que no todo el mundo conoce es que el Gobierno español autoriza transferencias de armamento al ejército marroquí. La aplicación de la Ley 53/2007, de Comercio Exterior de material de defensa y de doble uso, norma que establece cuales son los requisitos que se deben de cumplir para exportar armas a terceros países, debería impedir estas exportaciones. La Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble (JIMMDU) es el órgano que preceptivamente tiene la función de informar cada una de las solicitudes de exportación. Preocupados por esta situación, el pasado mes de abril, diferentes organizaciones sociales y jurídicas, entre las que se encuentra AFAPREDESA y el Observatorio Aragonés para el Sahara Occidental, presentamos una denuncia ante el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio solicitando que se revoquen las licencias concedidas, que se nos diera vista de diferentes expedientes administrativos y que se paralizaran las transferencias de armamento a Marruecos.
En la respuesta de la Secretaria de Estado de Comercio, Dª Silvia Iranzo asegura que “las autoridades españolas han valorado las condiciones de uso […] de forma que se garantice que el destino, usuario y uso finales del material exportado sean los autorizados por el Gobierno español y se impida una reexportación o un uso no deseados”. Después, el 8 de junio, en su comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso defendió la venta de material de defensa y doble uso a Marruecos por considerar que estas exportaciones no violan los Derechos Humanos ni alimentan conflictos en curso y por estimar que los productos no serán utilizados con fines de represión interna, añadiendo que "en ningún momento, se ha destinado a alimentar el conflicto que el país tiene abierto con el Sáhara”.
Los criterios establecidos en el artículo 8 de la Ley 53/2007 son claros: se deben rechazar las exportaciones de armas “cuando existan indicios racionales de que el material de defensa, el otro material o los productos y tecnologías de doble uso puedan ser empleados en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional, puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes, puedan ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos, tengan como destino países con evidencia de desvíos de materiales transferidos o puedan vulnerar los compromisos internacionales contraídos por España. Para determinar la existencia de estos indicios racionales se tendrán en cuenta los informes sobre transferencias de material de defensa y destino final de estas operaciones que sean emitidos por organismos internacionales en los que participe España, los informes de los órganos de derechos humanos y otros organismos de Naciones Unidas, la información facilitada por organizaciones y centros de investigación de reconocido prestigio en el ámbito del desarrollo, el desarme y los derechos humanos, así como las mejores prácticas más actualizadas descritas en la Guía del Usuario del Código de Conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas”.
Informes de organizaciones internacionales de derechos humanos (Human Rights Watch, Amnistía Internacional,…) y documentos oficiales de organismos internacionales (informe del Parlamento Europeo del 2008, informe de la Misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos del año 2006….) acreditan las violaciones de derechos humanos cometidas por Marruecos en el Sáhara Occidental y deberían conducir necesariamente al cese de este comercio letal. Los testimonios que nos siguen llegando cada día confirman que estas prácticas son una constante, ahora incluso pueden dar fe de ellas los diferentes grupos de españoles que han sido agredidos directamente por la policía marroquí. La confianza exhibida por la Secretaria de Comercio al manifestar haber “exigido documentos de control muy estrictos, en concreto certificados de último destino firmados por las autoridades del Reino de Marruecos, de forma que se garantice que el destino, usuario y uso finales del material exportado sean los autorizados por el Gobierno español y se impida una reexportación o un uso no deseados” no contribuye a tranquilizarnos. Es conocido el grado de respeto de Marruecos en materia de derechos humanos y su nivel de compromiso con el Derecho Internacional. Geoffrey Robertson, juez de apelación en el tribunal de la ONU de crímenes de guerra en Sierra Leona, refiriéndose a los certificados de último destino afirmaba que “esa certificación no vale ni el precio del papel en el que está escrita (o en el que es remitida por fax): no es legalmente vinculante en el país importador y solo se solicita para proteger de las críticas al Estado exportador cuando sus armas aparecen en las manos o en el lugar equivocados”.
Frente a la preocupación de las oenegés se alza el compromiso del Gobierno con la industria militar. Constantino Méndez, Secretario de Estado de Defensa, declaró en la prensa que “estamos decididos a apoyarlas e impulsar su internacionalización"…."Es verdad que hemos tardado en tomar conciencia de la importancia de tener una política de exportación. …debemos acompañar a las empresas con las relaciones entre gobiernos, algo que otros países hacen con naturalidad". La exigencia de transparencia e información es contestada con una negativa al acceso a los expedientes, escudándose en el carácter secreto de las actas de la JIMDU, impidiendo el control exhaustivo de las decisiones. No se sabe quienes se benefician de este comercio y si existen intereses individuales en que el conflicto permanezca estancado en la situación actual.
La vía administrativa ha quedado cerrada con la respuesta de la Secretaria Estado de Comercio, contra su decisión se ha interpuesto el correspondiente recurso contencioso-administrativo de manera que serán los Tribunales de Justicia los encargados de resolver la cuestión legal. En todo caso, siempre podrán plantear nuevas denuncias administrativas ante el Ministerio de Comercio, o de otro tipo, en relación al contenido de la Ley 53/2007 y teniendo en cuenta la situación y acontecimientos que se viven en Marruecos y en el Sahara Occidental.
Desde un punto de vista político, las exportaciones de armas a Marruecos dan aliento y legitimidad al Reino alauí. El pasado 15 de diciembre de 2009 se aprobó en el Congreso de los Diputados de España una Proposición no de ley, en cuyo punto 5, se insta a “seguir defendiendo las resoluciones aprobadas por el Congreso de los Diputados en el sentido de que el estatuto definitivo del Sáhara Occidental respete la legalidad internacional y sea el resultado del libre ejercicio del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación mediante referéndum de acuerdo con la carta de Naciones Unidas y las resoluciones del Consejo de Seguridad”. ¿Cómo se puede hacer compatible el contenido de esta proposición y a la vez armar a una de las partes del conflicto? Quizás sea con una adaptación de la conocida teoría del palo y la zanahoria cómo el Gobierno pretende contribuir a resolver la cuestión del Sáhara Occidental ¿Obligando a los saharauis a aceptar el proyecto de autonomía marroquí para deshacerse de un conflicto que le molesta y perdura en la agenda desde hace más de tres décadas por la ejemplar resistencia de los saharauis?
Sabemos que Marruecos se está armando hasta los dientes, en parte con armas españolas, y que los saharauis aguantan en condiciones extremas en los campamentos de refugiados gracias a la ayuda internacional, en parte española. El Gobierno español, en lugar de promover en los foros internacionales acciones en las que se exija a Marruecos el respeto del Derecho Internacional en la cuestión del Sáhara Occidental apoya militarmente al opresor y dosifica la ayuda humanitaria a las víctimas de esta situación. De esta manera quizás algún día nuestros gobernantes consigan que el Frente Polisario acepte un plan de autonomía marroquí por el que ya ha manifestado sus preferencias el ejecutivo español. Todo un ejemplo de la gran alma y visión de alcance de nuestros gobernantes, espíritu cuya comprensión está más allá de la capacidad de la sociedad española.
Cualquier ciudadano informado es conocedor que tres cuartas partes del Sáhara Occidental se encuentran ocupadas militarmente por Marruecos desde hace más de 35 años. Durante el periodo que duró la guerra entre Marruecos y el Frente POLISARIO, Marruecos no dudó en bombardear a civiles indefensos que huían por el desierto hacia territorio argelino. En estos bombardeos empleó fósforo blanco y napalm. Por estas acciones, y otras, se investiga judicialmente a autoridades marroquíes por un presunto delito de genocidio contra la población saharaui. Aunque no se logró la paz, la guerra cesó -temporalmente- con un alto el fuego alcanzado en 1991, de cuya supervisión se encargan los cascos azules de Naciones Unidas. Sin embargo, la ilegal ocupación militar y policial permanece a día de hoy. Si Marruecos no se retira del Sáhara, entre otros motivos, es gracias al dominio y superioridad militar sobre un territorio que no le pertenece. Lo que no todo el mundo conoce es que el Gobierno español autoriza transferencias de armamento al ejército marroquí. La aplicación de la Ley 53/2007, de Comercio Exterior de material de defensa y de doble uso, norma que establece cuales son los requisitos que se deben de cumplir para exportar armas a terceros países, debería impedir estas exportaciones. La Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble (JIMMDU) es el órgano que preceptivamente tiene la función de informar cada una de las solicitudes de exportación. Preocupados por esta situación, el pasado mes de abril, diferentes organizaciones sociales y jurídicas, entre las que se encuentra AFAPREDESA y el Observatorio Aragonés para el Sahara Occidental, presentamos una denuncia ante el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio solicitando que se revoquen las licencias concedidas, que se nos diera vista de diferentes expedientes administrativos y que se paralizaran las transferencias de armamento a Marruecos.
En la respuesta de la Secretaria de Estado de Comercio, Dª Silvia Iranzo asegura que “las autoridades españolas han valorado las condiciones de uso […] de forma que se garantice que el destino, usuario y uso finales del material exportado sean los autorizados por el Gobierno español y se impida una reexportación o un uso no deseados”. Después, el 8 de junio, en su comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso defendió la venta de material de defensa y doble uso a Marruecos por considerar que estas exportaciones no violan los Derechos Humanos ni alimentan conflictos en curso y por estimar que los productos no serán utilizados con fines de represión interna, añadiendo que "en ningún momento, se ha destinado a alimentar el conflicto que el país tiene abierto con el Sáhara”.
Los criterios establecidos en el artículo 8 de la Ley 53/2007 son claros: se deben rechazar las exportaciones de armas “cuando existan indicios racionales de que el material de defensa, el otro material o los productos y tecnologías de doble uso puedan ser empleados en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional, puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes, puedan ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos, tengan como destino países con evidencia de desvíos de materiales transferidos o puedan vulnerar los compromisos internacionales contraídos por España. Para determinar la existencia de estos indicios racionales se tendrán en cuenta los informes sobre transferencias de material de defensa y destino final de estas operaciones que sean emitidos por organismos internacionales en los que participe España, los informes de los órganos de derechos humanos y otros organismos de Naciones Unidas, la información facilitada por organizaciones y centros de investigación de reconocido prestigio en el ámbito del desarrollo, el desarme y los derechos humanos, así como las mejores prácticas más actualizadas descritas en la Guía del Usuario del Código de Conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas”.
Informes de organizaciones internacionales de derechos humanos (Human Rights Watch, Amnistía Internacional,…) y documentos oficiales de organismos internacionales (informe del Parlamento Europeo del 2008, informe de la Misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos del año 2006….) acreditan las violaciones de derechos humanos cometidas por Marruecos en el Sáhara Occidental y deberían conducir necesariamente al cese de este comercio letal. Los testimonios que nos siguen llegando cada día confirman que estas prácticas son una constante, ahora incluso pueden dar fe de ellas los diferentes grupos de españoles que han sido agredidos directamente por la policía marroquí. La confianza exhibida por la Secretaria de Comercio al manifestar haber “exigido documentos de control muy estrictos, en concreto certificados de último destino firmados por las autoridades del Reino de Marruecos, de forma que se garantice que el destino, usuario y uso finales del material exportado sean los autorizados por el Gobierno español y se impida una reexportación o un uso no deseados” no contribuye a tranquilizarnos. Es conocido el grado de respeto de Marruecos en materia de derechos humanos y su nivel de compromiso con el Derecho Internacional. Geoffrey Robertson, juez de apelación en el tribunal de la ONU de crímenes de guerra en Sierra Leona, refiriéndose a los certificados de último destino afirmaba que “esa certificación no vale ni el precio del papel en el que está escrita (o en el que es remitida por fax): no es legalmente vinculante en el país importador y solo se solicita para proteger de las críticas al Estado exportador cuando sus armas aparecen en las manos o en el lugar equivocados”.
Frente a la preocupación de las oenegés se alza el compromiso del Gobierno con la industria militar. Constantino Méndez, Secretario de Estado de Defensa, declaró en la prensa que “estamos decididos a apoyarlas e impulsar su internacionalización"…."Es verdad que hemos tardado en tomar conciencia de la importancia de tener una política de exportación. …debemos acompañar a las empresas con las relaciones entre gobiernos, algo que otros países hacen con naturalidad". La exigencia de transparencia e información es contestada con una negativa al acceso a los expedientes, escudándose en el carácter secreto de las actas de la JIMDU, impidiendo el control exhaustivo de las decisiones. No se sabe quienes se benefician de este comercio y si existen intereses individuales en que el conflicto permanezca estancado en la situación actual.
La vía administrativa ha quedado cerrada con la respuesta de la Secretaria Estado de Comercio, contra su decisión se ha interpuesto el correspondiente recurso contencioso-administrativo de manera que serán los Tribunales de Justicia los encargados de resolver la cuestión legal. En todo caso, siempre podrán plantear nuevas denuncias administrativas ante el Ministerio de Comercio, o de otro tipo, en relación al contenido de la Ley 53/2007 y teniendo en cuenta la situación y acontecimientos que se viven en Marruecos y en el Sahara Occidental.
Desde un punto de vista político, las exportaciones de armas a Marruecos dan aliento y legitimidad al Reino alauí. El pasado 15 de diciembre de 2009 se aprobó en el Congreso de los Diputados de España una Proposición no de ley, en cuyo punto 5, se insta a “seguir defendiendo las resoluciones aprobadas por el Congreso de los Diputados en el sentido de que el estatuto definitivo del Sáhara Occidental respete la legalidad internacional y sea el resultado del libre ejercicio del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación mediante referéndum de acuerdo con la carta de Naciones Unidas y las resoluciones del Consejo de Seguridad”. ¿Cómo se puede hacer compatible el contenido de esta proposición y a la vez armar a una de las partes del conflicto? Quizás sea con una adaptación de la conocida teoría del palo y la zanahoria cómo el Gobierno pretende contribuir a resolver la cuestión del Sáhara Occidental ¿Obligando a los saharauis a aceptar el proyecto de autonomía marroquí para deshacerse de un conflicto que le molesta y perdura en la agenda desde hace más de tres décadas por la ejemplar resistencia de los saharauis?
Sabemos que Marruecos se está armando hasta los dientes, en parte con armas españolas, y que los saharauis aguantan en condiciones extremas en los campamentos de refugiados gracias a la ayuda internacional, en parte española. El Gobierno español, en lugar de promover en los foros internacionales acciones en las que se exija a Marruecos el respeto del Derecho Internacional en la cuestión del Sáhara Occidental apoya militarmente al opresor y dosifica la ayuda humanitaria a las víctimas de esta situación. De esta manera quizás algún día nuestros gobernantes consigan que el Frente Polisario acepte un plan de autonomía marroquí por el que ya ha manifestado sus preferencias el ejecutivo español. Todo un ejemplo de la gran alma y visión de alcance de nuestros gobernantes, espíritu cuya comprensión está más allá de la capacidad de la sociedad española.
lunes, 6 de septiembre de 2010
El Periodico de Aragón
El conflicto permanente
5/09/2010
Los colectivos prosaharauis denuncian la actitud del Gobierno español ante la situación del Sáhara Occidental y piden que las agresiones no caigan en el olvido.
Todos coinciden: hace falta que peguen a un extranjero para que la situación que se vive en el Sáhara Occidental salga a la luz. El caso de las aragonesas Pilar Fortuño y Emma Pomar, que llegaron como turistas a El Aaiún y acabaron siendo agredidas al ejercer como observadoras internacionales en el recibimiento de un grupo de activistas saharauis, ha vuelto a poner de actualidad en la comunidad un conflicto que no es nuevo.
Ellas, que aunque sensibilizadas con la causa no acudieron a la zona con ningún objetivo político, ya han manifestado que volverán. Los colectivos en defensa del pueblo saharaui insisten en la importancia de la presencia internacional para, por un lado, minimizar la violencia y, por el otro, contribuir a hacer visible la situación.
La llegada de observadores --ya sea abogados destinados a controlar la legalidad de los juicios o simples ciudadanos que confían en que la acción policial sea menor si ellos están presentes-- no es nueva, aunque se intensificó a raíz de la detención en el aeropuerto de Casablanca, en octubre del 2009, del conocido como "grupo de los siete", formado por activistas saharauis que regresaban de los campamentos de Tinduf. Tanto Rafael Antorrena, miembro de Um Draiga, como el abogado Luis Mangrané, del Observatorio aragonés para el Sáhara Occidental, o Álvaro Sanz, portavoz de la Presidencia de IU-Aragón, coinciden en defender la necesidad de estas misiones. Los tres han visto sobre el terreno las consecuencias. Antorrena, incluso, fue agredido el pasado mes de abril. Aun así, insisten en que no es suficiente y reprochan al Gobierno español su actitud.
Las declaraciones de la secretaria de Política Internacional del PSOE, Elena Valenciano, que tras la detención en El Aaiún de 11 activistas canarios manifestó que el Gobierno "difícilmente puede proteger a los españoles en otro país si se dedican a actividades que no son legales" --en referencia a la falta de autorización del grupo para manifestarse-- no sentaron nada bien entre los colectivos prosaharauis. Tampoco las del secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Juan Pablo de la Iglesia, que puso en duda la versión de los arrestados. Fortuño y Pomar también denunciaron a su vuelta a Zaragoza la falta de ayuda de la embajada.
"Dicen que esto pasa por no respetar la ley, pero Marruecos es un ocupante, y Naciones Unidas y todos lo saben", insiste Mangrané. De manera similar se expresa Antorrena. "El Gobierno es cómplice --lamenta--. ¿De qué ley hablan? La ley marroquí impera allí por la fuerza, dicen que los agresores son civiles, pero son policías de paisano". El abogado recuerda que España vende armas a Marruecos, "que sirven para perpetuar la opresión". "¿A esto se refiere Zapatero cuando dice que hay intereses en juego?", cuestiona.
Ya han pasado más de 30 años desde que España, antigua potencia colonial del Sáhara Occidental, abandonó la zona, dejándola en manos de Marruecos y Mauritania. El conflicto sigue enquistado y saharauis y activistas internacionales denuncian una opresión que alcanza también a extranjeros y periodistas. Mientras tanto, las demandas de los que conocen el problema de cerca se repiten: "que el Ejecutivo español se posicione, que Naciones Unidas actúe para velar por los derechos humanos y, sobre todo, que la gente sepa lo que ocurre, y lo sepa de verdad".
5/09/2010
Los colectivos prosaharauis denuncian la actitud del Gobierno español ante la situación del Sáhara Occidental y piden que las agresiones no caigan en el olvido.
Todos coinciden: hace falta que peguen a un extranjero para que la situación que se vive en el Sáhara Occidental salga a la luz. El caso de las aragonesas Pilar Fortuño y Emma Pomar, que llegaron como turistas a El Aaiún y acabaron siendo agredidas al ejercer como observadoras internacionales en el recibimiento de un grupo de activistas saharauis, ha vuelto a poner de actualidad en la comunidad un conflicto que no es nuevo.
Ellas, que aunque sensibilizadas con la causa no acudieron a la zona con ningún objetivo político, ya han manifestado que volverán. Los colectivos en defensa del pueblo saharaui insisten en la importancia de la presencia internacional para, por un lado, minimizar la violencia y, por el otro, contribuir a hacer visible la situación.
La llegada de observadores --ya sea abogados destinados a controlar la legalidad de los juicios o simples ciudadanos que confían en que la acción policial sea menor si ellos están presentes-- no es nueva, aunque se intensificó a raíz de la detención en el aeropuerto de Casablanca, en octubre del 2009, del conocido como "grupo de los siete", formado por activistas saharauis que regresaban de los campamentos de Tinduf. Tanto Rafael Antorrena, miembro de Um Draiga, como el abogado Luis Mangrané, del Observatorio aragonés para el Sáhara Occidental, o Álvaro Sanz, portavoz de la Presidencia de IU-Aragón, coinciden en defender la necesidad de estas misiones. Los tres han visto sobre el terreno las consecuencias. Antorrena, incluso, fue agredido el pasado mes de abril. Aun así, insisten en que no es suficiente y reprochan al Gobierno español su actitud.
Las declaraciones de la secretaria de Política Internacional del PSOE, Elena Valenciano, que tras la detención en El Aaiún de 11 activistas canarios manifestó que el Gobierno "difícilmente puede proteger a los españoles en otro país si se dedican a actividades que no son legales" --en referencia a la falta de autorización del grupo para manifestarse-- no sentaron nada bien entre los colectivos prosaharauis. Tampoco las del secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Juan Pablo de la Iglesia, que puso en duda la versión de los arrestados. Fortuño y Pomar también denunciaron a su vuelta a Zaragoza la falta de ayuda de la embajada.
"Dicen que esto pasa por no respetar la ley, pero Marruecos es un ocupante, y Naciones Unidas y todos lo saben", insiste Mangrané. De manera similar se expresa Antorrena. "El Gobierno es cómplice --lamenta--. ¿De qué ley hablan? La ley marroquí impera allí por la fuerza, dicen que los agresores son civiles, pero son policías de paisano". El abogado recuerda que España vende armas a Marruecos, "que sirven para perpetuar la opresión". "¿A esto se refiere Zapatero cuando dice que hay intereses en juego?", cuestiona.
Ya han pasado más de 30 años desde que España, antigua potencia colonial del Sáhara Occidental, abandonó la zona, dejándola en manos de Marruecos y Mauritania. El conflicto sigue enquistado y saharauis y activistas internacionales denuncian una opresión que alcanza también a extranjeros y periodistas. Mientras tanto, las demandas de los que conocen el problema de cerca se repiten: "que el Ejecutivo español se posicione, que Naciones Unidas actúe para velar por los derechos humanos y, sobre todo, que la gente sepa lo que ocurre, y lo sepa de verdad".
jueves, 2 de septiembre de 2010
DIAGONAL ARAGON. Incidentes en El Aaiún
Blanca Enfedaque
Martes 31 de agosto de 2010.
Aragón dirige su mirada hacia la represión marroquí
Dos zaragozanas fueron agredidas por la policía marroquí mientras acompañaban a un grupo de activistas saharauis en El Aaiún. Recién llegadas a Aragón, reclaman la atención y la ayuda internacional para intervenir en esta “guerra de baja intensidad”.
Suena el teléfono del consulado español en Agadir, en la madrugada del 23 de agosto. A un lado del hilo se escuchan unas voces angustiadas. Se trata de Pilar Fortuño y Emma Pomar, dos zaragozanas que emprendieron un viaje turístico y terminaron ejerciendo de observadoras internacionales a El Aaiún, ciudad saharaui actualmente ocupada por Marruecos. Con la voz rota por el miedo denuncian que un grupo de policías vestidos de paisano les han atacado cuando acompañaban a un grupo de activistas saharauis que retornaban a casa tras haber participado en una conferencia en Argelia sobre derechos humanos. Con voz soñolienta, el funcionario –probablemente ciudadano marroquí– asegura: “estas cosas pasan todos los días, mañana por la mañana ya veremos”.
“Esperábamos en casa la llegada de unos activistas –recuerda Emma– y desde el momento en el que pusieron el pie fuera del coche, comenzaron a llover los golpes”. “Nosotras nos quedamos en la puerta de la casa, intentando ayudar a que entrara la gente dentro”, rememora Pilar. Tras recibir patadas, puñetazos e insultos, Pilar y Emma pasaron tres días “sitiadas” junto con veinte activistas saharauis y otros dos observadores: la catalana Isabel Terraza y el mexicano Antonio Velázquez.
Pero la tensión comenzó antes. Las zaragozanas afirman que desde su llegada, el 12 de agosto, la policía les fue siguiendo a todas partes. “Fueron los mismos que luego nos pegaron –asevera Pilar–, pero eso es lo de menos, lo que hay que denunciar es que los saharauis viven con furgones llenos de policía en las puertas de sus hogares. Las consecuencias para ellos son mucho peores que una paliza: desapariciones, torturas indecibles, violaciones…”. Ambas niegan la versión sostenida por los gobiernos marroquí y español, quienes aseguran que los atacantes fueron colonos. “Se trata de policías vestidos de civiles. Hay más de éstos que con uniforme”.
“En esos momentos, ante la situación de desprotección, nos sentimos muy respaldadas por los medios de comunicación –reconocen ambas–, así como por un grupo de saharauis que se ha jugado su vida y su libertad por ayudarnos”. Sin embargo, sienten que la actitud tomada por España ante este caso es la de “allanarle el camino a Marruecos”, pues según relatan sólo recibieron presiones para que se marcharan de allí. También reconocen la labor realizada desde el Gobierno de Aragón, que sí les ofreció apoyo.
Por el momento no han decidido si emprenderán acciones legales, pero lo que tienen muy claro es que volverán, ya que “es necesaria la presencia de observadores internacionales”. “Si hubiéramos estado veinte extranjeros en vez de cuatro, dudo que esto hubiera pasado”, se lamenta Pilar.
Una guerra de baja intensidad
Desde que las jóvenes regresaran a Zaragoza, el lunes 30 de agosto, la tensión en los territorios ocupados se ha recrudecido. Las represalias tomadas contra el grupo de activistas canarios son sólo la punta del iceberg. En conexión telefónica desde El Aaiún, Waly El Houcini, un joven saharaui de 22 años residente en Mora de Ebro describe la situación. “Nunca había visto tanta policía junta. Nos pegan por salir a la calle pacíficamente con una bandera, sin mediar palabra –denuncia–. Ayer mismo, la policía hirió a cuatro menores, ocho mujeres y 16 hombres, algunos de ellos están muy graves”.
Waly narra cómo su hermano pequeño tiene que soportar las amenazas de la policía marroquí cada vez que va a comprar el pan. “Te vamos a cortar las piernas y a romper la boca, como hicimos con tu madre”. Frases como éstas son dolorosamente cotidianas en los territorios ocupados. “Se supone que hay democracia, pero nosotros no la vemos”, señala.
El Aaiún, que hasta 1975 fue la capital del Sáhara español, es el resultado de un proceso de descolonización atropellado. Y es que el caso de España es paradigmático. Más allá de haber abandonado a su suerte hace 35 años a decenas de miles de ciudadanos españoles, en la última década se ha lucrado con la venta de armas, convirtiéndose en la sexta exportadora mundial, con ventas multimillonarias a 67 países, entre ellos Marruecos.
Desde el Observatorio Aragonés para el Sáhara Occidental, el abogado zaragozano Luis Mangrané afirma que “los incidentes de este verano demuestran, una vez más, que Marruecos es un país al que España no debería vender armas”. Tras los incidentes de Melilla, que Marruecos califica como ciudades “ocupadas”, ha quedado demostrada, nuevamente, la incompatibilidad de las transferencias de armamento de España hacia Marruecos, por contravenir los “intereses generales de la defensa nacional y de la política exterior del Estado”. Éste es uno de los criterios que establece el artículo 8 de la Ley 53/2007 y que debe valorar la administración española para rechazar o autorizar las transferencias de armamento a otros países.
Mangrané, que viaja regularmente a los territorios ocupados para asistir a juicios de activistas saharauis en calidad de observador internacional, lo tiene claro: “Las recientes agresiones a los activistas canarios no son más que la punta del iceberg de la violación de los derechos humanos que sufre diariamente la población saharaui en los territorios ocupados ilegalmente por Marruecos en el Sáhara Occidental”.
Durante el primer semestre de 2009 se autorizaron por parte del Ministerio de Comercio español ventas de material de defensa por valor de 29,5 millones de euros a Marruecos. Por ello, diferentes oenegés interpusieron el pasado mes de junio un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional para revocar y paralizar estas transferencias de armamento.
Ante la respuesta del presidente Zapatero de "que están en juego intereses comerciales y económicos" al respecto de la reacción del Gobierno español frente a estas agresiones, el abogado zaragozano se cuestiona “si entre estos intereses se encuentran los de la industria armamentista española, gracias a la cual se perpetúa un conflicto que dura ya más de tres décadas”.
Martes 31 de agosto de 2010.
Aragón dirige su mirada hacia la represión marroquí
Dos zaragozanas fueron agredidas por la policía marroquí mientras acompañaban a un grupo de activistas saharauis en El Aaiún. Recién llegadas a Aragón, reclaman la atención y la ayuda internacional para intervenir en esta “guerra de baja intensidad”.
Suena el teléfono del consulado español en Agadir, en la madrugada del 23 de agosto. A un lado del hilo se escuchan unas voces angustiadas. Se trata de Pilar Fortuño y Emma Pomar, dos zaragozanas que emprendieron un viaje turístico y terminaron ejerciendo de observadoras internacionales a El Aaiún, ciudad saharaui actualmente ocupada por Marruecos. Con la voz rota por el miedo denuncian que un grupo de policías vestidos de paisano les han atacado cuando acompañaban a un grupo de activistas saharauis que retornaban a casa tras haber participado en una conferencia en Argelia sobre derechos humanos. Con voz soñolienta, el funcionario –probablemente ciudadano marroquí– asegura: “estas cosas pasan todos los días, mañana por la mañana ya veremos”.
“Esperábamos en casa la llegada de unos activistas –recuerda Emma– y desde el momento en el que pusieron el pie fuera del coche, comenzaron a llover los golpes”. “Nosotras nos quedamos en la puerta de la casa, intentando ayudar a que entrara la gente dentro”, rememora Pilar. Tras recibir patadas, puñetazos e insultos, Pilar y Emma pasaron tres días “sitiadas” junto con veinte activistas saharauis y otros dos observadores: la catalana Isabel Terraza y el mexicano Antonio Velázquez.
Pero la tensión comenzó antes. Las zaragozanas afirman que desde su llegada, el 12 de agosto, la policía les fue siguiendo a todas partes. “Fueron los mismos que luego nos pegaron –asevera Pilar–, pero eso es lo de menos, lo que hay que denunciar es que los saharauis viven con furgones llenos de policía en las puertas de sus hogares. Las consecuencias para ellos son mucho peores que una paliza: desapariciones, torturas indecibles, violaciones…”. Ambas niegan la versión sostenida por los gobiernos marroquí y español, quienes aseguran que los atacantes fueron colonos. “Se trata de policías vestidos de civiles. Hay más de éstos que con uniforme”.
“En esos momentos, ante la situación de desprotección, nos sentimos muy respaldadas por los medios de comunicación –reconocen ambas–, así como por un grupo de saharauis que se ha jugado su vida y su libertad por ayudarnos”. Sin embargo, sienten que la actitud tomada por España ante este caso es la de “allanarle el camino a Marruecos”, pues según relatan sólo recibieron presiones para que se marcharan de allí. También reconocen la labor realizada desde el Gobierno de Aragón, que sí les ofreció apoyo.
Por el momento no han decidido si emprenderán acciones legales, pero lo que tienen muy claro es que volverán, ya que “es necesaria la presencia de observadores internacionales”. “Si hubiéramos estado veinte extranjeros en vez de cuatro, dudo que esto hubiera pasado”, se lamenta Pilar.
Una guerra de baja intensidad
Desde que las jóvenes regresaran a Zaragoza, el lunes 30 de agosto, la tensión en los territorios ocupados se ha recrudecido. Las represalias tomadas contra el grupo de activistas canarios son sólo la punta del iceberg. En conexión telefónica desde El Aaiún, Waly El Houcini, un joven saharaui de 22 años residente en Mora de Ebro describe la situación. “Nunca había visto tanta policía junta. Nos pegan por salir a la calle pacíficamente con una bandera, sin mediar palabra –denuncia–. Ayer mismo, la policía hirió a cuatro menores, ocho mujeres y 16 hombres, algunos de ellos están muy graves”.
Waly narra cómo su hermano pequeño tiene que soportar las amenazas de la policía marroquí cada vez que va a comprar el pan. “Te vamos a cortar las piernas y a romper la boca, como hicimos con tu madre”. Frases como éstas son dolorosamente cotidianas en los territorios ocupados. “Se supone que hay democracia, pero nosotros no la vemos”, señala.
El Aaiún, que hasta 1975 fue la capital del Sáhara español, es el resultado de un proceso de descolonización atropellado. Y es que el caso de España es paradigmático. Más allá de haber abandonado a su suerte hace 35 años a decenas de miles de ciudadanos españoles, en la última década se ha lucrado con la venta de armas, convirtiéndose en la sexta exportadora mundial, con ventas multimillonarias a 67 países, entre ellos Marruecos.
Desde el Observatorio Aragonés para el Sáhara Occidental, el abogado zaragozano Luis Mangrané afirma que “los incidentes de este verano demuestran, una vez más, que Marruecos es un país al que España no debería vender armas”. Tras los incidentes de Melilla, que Marruecos califica como ciudades “ocupadas”, ha quedado demostrada, nuevamente, la incompatibilidad de las transferencias de armamento de España hacia Marruecos, por contravenir los “intereses generales de la defensa nacional y de la política exterior del Estado”. Éste es uno de los criterios que establece el artículo 8 de la Ley 53/2007 y que debe valorar la administración española para rechazar o autorizar las transferencias de armamento a otros países.
Mangrané, que viaja regularmente a los territorios ocupados para asistir a juicios de activistas saharauis en calidad de observador internacional, lo tiene claro: “Las recientes agresiones a los activistas canarios no son más que la punta del iceberg de la violación de los derechos humanos que sufre diariamente la población saharaui en los territorios ocupados ilegalmente por Marruecos en el Sáhara Occidental”.
Durante el primer semestre de 2009 se autorizaron por parte del Ministerio de Comercio español ventas de material de defensa por valor de 29,5 millones de euros a Marruecos. Por ello, diferentes oenegés interpusieron el pasado mes de junio un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional para revocar y paralizar estas transferencias de armamento.
Ante la respuesta del presidente Zapatero de "que están en juego intereses comerciales y económicos" al respecto de la reacción del Gobierno español frente a estas agresiones, el abogado zaragozano se cuestiona “si entre estos intereses se encuentran los de la industria armamentista española, gracias a la cual se perpetúa un conflicto que dura ya más de tres décadas”.
lunes, 16 de agosto de 2010
¿Tengo una pregunta para usted?
Rubalcaba puede aprovechar el viaje del próximo lunes, cuando el Ministro de Interior español se reúna con su homólogo marroquí tiene una ocasión inmejorable para preguntarle por cual ha sido el trato que desde finales del verano pasado han dado los miembros de las fuerzas de seguridad marroquí a los diferentes ciudadanos españoles que se han desplazado al Sahara Occidental ocupado ilegalmente por Marruecos.
En su informe de noviembre de 2009, Human Rights Watch denunciaba las restricciones de movimientos y el trato dado a periodistas y juristas españoles a los que se expulsa arbitrariamente de los domicilios de ciudadanos saharauis.
Del acoso inicial se ha pasado a las agresiones directas, testimonio y víctima de las mismas ha sido el miembro de la Asociación UM DRAIGA de Amigos del Pueblo Saharaui en Aragón, Rafael Antorrena, quien elaboró un detallado informe del viaje que realizó el pasado mes de abril en compañía de Berta Herranz.
Estas agresiones lejos de cesar se han incrementado en los últimos tiempos y así nos lo contó la periodista Laura Gallego en Guinginbali .
Este medio de comunicación nos ha dado noticia de las agresiones que han sufrido los españoles que han acompañado a activistas saharauis que regresaban de visitar los campamentos de refugiados en Tinduf (Argelia). Además de las agresiones sufridas por la propia Laura Gallego se recoge otro desgarrador testimonio, el del joven extremeño Javier Sopeña .
Como la ausencia de nuestro Ministro de Exteriores no obedece a un síndrome veraniego, Rubalcaba debe exigir, respecto a todos estos incidentes, a Taieb Cherkaoui las explicaciones que durante todo este tiempo no le ha pedido su compañero de gabinete Sr. Moratinos al Gobierno marroquí.
En su informe de noviembre de 2009, Human Rights Watch denunciaba las restricciones de movimientos y el trato dado a periodistas y juristas españoles a los que se expulsa arbitrariamente de los domicilios de ciudadanos saharauis.
Del acoso inicial se ha pasado a las agresiones directas, testimonio y víctima de las mismas ha sido el miembro de la Asociación UM DRAIGA de Amigos del Pueblo Saharaui en Aragón, Rafael Antorrena, quien elaboró un detallado informe del viaje que realizó el pasado mes de abril en compañía de Berta Herranz.
Estas agresiones lejos de cesar se han incrementado en los últimos tiempos y así nos lo contó la periodista Laura Gallego en Guinginbali .
Este medio de comunicación nos ha dado noticia de las agresiones que han sufrido los españoles que han acompañado a activistas saharauis que regresaban de visitar los campamentos de refugiados en Tinduf (Argelia). Además de las agresiones sufridas por la propia Laura Gallego se recoge otro desgarrador testimonio, el del joven extremeño Javier Sopeña .
Como la ausencia de nuestro Ministro de Exteriores no obedece a un síndrome veraniego, Rubalcaba debe exigir, respecto a todos estos incidentes, a Taieb Cherkaoui las explicaciones que durante todo este tiempo no le ha pedido su compañero de gabinete Sr. Moratinos al Gobierno marroquí.
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