MADRID // En Dajla, los activistas saharauis acaban a menudo maltrechos y
golpeados en el vertedero local, después de pasar por las manos de la
policía marroquí que los abandona allí para que vuelvan a pie a la
ciudad, como si quisiera subrayar que para ellos son sólo basura. La
práctica se ha hecho tan frecuente que cuando un saharaui desaparece,
muchas veces sus familiares y amigos ponen rumbo directamente al
vertedero para recogerlo y llevarlo de vuelta a casa.
Pero la forma de actuar de Marruecos hacia los saharauis va mucho más
allá, según las asociaciones y colectivos que llevan años denunciando
las violaciones de derechos humanos en la antigua colonia española. Unos
territorios que Marruecos se anexionó por la fuerza en 1975, gracias a
la Marcha Verde y a los ilegales Acuerdos Tripartitos de Madrid.
Asociaciones como el Observatorio Aragonés del Sáhara Occidental. Dos
de sus miembros, el jurista Luis Mangrané y la activista Blanca
Enfedaque, acaban de volver de una misión de acompañamiento sobre el
terreno en la que han “comprobado” cómo Marruecos, además de desatar
todo el poder de su aparato de seguridad contra los activistas, sigue
“utilizando a los tribunales”, no para impartir justicia, sino como un
privilegiado “instrumento de represión”, asegura Mangrané.
El martes pasado, 16 saharauis de entre 20 y 46 años comparecieron
ante un tribunal marroquí de apelación en El Aaiún, la capital
administrativa del territorio. Todos están acusados por delitos de
derecho común, como pertenencia a banda armada, por su supuesta
participación en los sucesos de otoño de 2011 en Dajla. El 25 de
septiembre del año pasado, un partido de fútbol acabó con graves
enfrentamientos entre marroquíes y saharauis, en los que murieron siete
personas.
Las autoridades marroquíes sostuvieron entonces que todo empezó como
una mera reyerta entre hinchas de los dos equipos, a los que siguieron
actos de vandalismo. La versión de los saharauis de Dajla, que hoy por
hoy son ya sólo el 30% de la población de la ciudad, fue muy diferente.
Según ellos, bandas de marroquíes armados con palos y cuchillos
atacaron a los saharauis, con el apoyo de la policía, y penetraron en
los barrios habitados por población autóctona echando abajo las puertas y
saqueando las casas. Un joven saharaui, Maichan Mohamed Lamin Lahbib,
nacido en 1982, murió a causa de “los múltiples golpes propinados por
los colonos marroquíes en las calles de la ciudad”, denunció entonces la
asociación Sahara Thawra.
Los otros seis fallecidos, de acuerdo con la versión de los
saharauis, perecieron por “fuego amigo” de la policía marroquí en dos de
los casos, y los cuatro restantes perdieron la vida en un accidente de
tráfico en un coche robado a un saharaui.
Los activistas que comparecieron el martes ante el tribunal fueron
detenidos, acusados por su supuesta participación en los sucesos de
Dajla, y luego condenados en primera instancia a penas que van de uno a
tres años de cárcel. La vista de la apelación del pasado martes se
aplazó finalmente a petición de la defensa. Otros 14 saharauis
inculpados por los mismos delitos siguen prófugos de la justicia
marroquí.
Las misiones de juristas
Desde hace años, la Asociación Internacional de Juristas por el
Sáhara Occidental (IAJUWS, en sus siglas en inglés) y el Consejo General
de la Abogacía de España envían misiones de acompañamiento y vigilancia
cuyos participantes asisten a los juicios de saharauis. A la vista de
la apelación de los presos de Dajla asistieron el martes los abogados
Luis Mangrané, que también forma parte de la IAJUWS, y Magdalena Such,
acompañados de la activista del Observatorio Aragonés Blanca Enfedaque.
Para Mangrané, el argumento que demuestra que la justicia marroquí es
un “arma de represión” parte del hecho de que estas condenas fueron
dictadas pese a que no había “nada” para incriminar a los acusados. Este
letrado asegura que la Fiscalía no presentó “ni pruebas ni testigos” y
que además las confesiones “fueron obtenidas mediante torturas”.
Otro hecho es en su opinión “revelador”. Los detenidos, juzgados
todos por “los mismos delitos y el mismo grado de participación en
ellos” –explica Mangrané- han sido condenados a penas diferentes.
Blanca Enfedaque recalca que esto se debe a que los activistas más
veteranos “que ya eran conocidos por la policía y llevaban tiempo en la
lucha” han sido objeto de penas de cárcel más largas para apartarlos de
la circulación, “lo que apunta a que las autoridades marroquíes
aprovecharon los sucesos de Dajla para descabezar al movimiento
independentista de la ciudad”.
Otro de los fines de estas acusaciones es desacreditar a los
activistas, asegura Enfedaque: “Como dice Brahim Dahan [un conocido
activista saharaui de Derechos Humanos], Marruecos acusa de delitos
comunes a quienes en realidad son presos políticos con la intención de
banalizar su lucha”.
Estos presos han denunciado haber sido torturados. En vano, pues los
tribunales han hecho caso omiso y no han permitido que fueran
reconocidos por un médico. Ni siquiera en el caso de Aomar Elmahjoub
Elkazzazi, que denunció haber sido violado.
La historia de Sukaina
Sukaina El Idrissi (izq.) junto con los también activistas saharauis Brahim Dahán y Mamia Salek, en El Aaiún.
Sukaina el Idrissi es una de esas mujeres saharauis cuya odisea vital
parece haber discurrido de forma análoga a la de otras activistas más
conocidas para el gran público, como Aminetu Haidar, y cuya vida ha
estado marcada, al igual que en el caso de Haidar, por la cárcel, la
tortura y la desaparición forzosa. También por la coherencia, porque los
más de diez años que esta mujer ha pasado en prisión no han conseguido
silenciarla.
Sukeina nació en 1957 en Gueltat Zemur en el seno de una familia
nómada que se dedicaba a criar ganado buscando pastos en todo el Sáhara
Occidental. Desde muy joven, empezó a militar en pro del derecho a la
autodeterminación lo que le valió ser secuestrada el 15 de enero
de 1981. Con los ojos vendados y las manos atadas fue conducida a un
antiguo cuartel del ejército español reconvertido en cárcel, donde fue
torturada salvajemente.
Después siguieron diez años de reclusión, sin tener derecho a un
abogado ni a comparecer ante un tribunal, en algunos de los centros de
detención secreta de peor recuerdo para los saharauis, como el terrible
Qalaat M’gouna.
Tras recuperar la libertad, Sukaina no se calló. Y volvió a la cárcel
en varias ocasiones, donde de nuevo fue torturada. Su delito no fue
otro que seguir reclamando la autodeterminación del Sáhara Occidental,
un derecho por lo demás recogido, aunque sólo sobre el papel, en más de
50 resoluciones de Naciones Unidas.
La última de las agresiones que ha sufrido esta saharaui, ahora
divorciada y madre de tres hijos, tuvo lugar el 25 de agosto durante la
visita al Sáhara Occidental de una delegación del Centro para la
Justicia y los Derechos Humanos de la fundación estadounidense Robert
Kennedy.
En presencia de numerosos testigos, varios policías, azuzados por el
pachá de El Aaiún en persona, le propinaron una paliza. El propio pachá
pateó a Sukaina en la cabeza y en los riñones. Durante varios días la
activista estuvo orinando sangre. Después, un médico local apareció en
la radio de El Aaiún acusándola de mentir y de organizar un “montaje”.
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