Desalambre
14 de julio 2013
Eduardo Melero Alonso
- Profesor de derecho administrativo en la UAM y miembro del Centro Delàs de Estudios para la Paz
El Reino de Marruecos es un buen cliente de las empresas
españolas de armamento. Según las estadísticas oficiales, durante el
período 1995-2002, las exportaciones españolas de material de defensa a
Marruecos alcanzaron la cantidad de 251 millones de euros. Durante este
período de tiempo todos los años se ha mantenido un flujo constante de
armamento que ni siquiera fue interrumpido tras el incidente armado en
la Isla de Perejil de julio de 2002.
Estas
exportaciones han respondido, en primer lugar, a los intereses propios
de la industria armamentista. Una industria favorecida por la política de fomento de las exportaciones que lleva años poniendo en práctica el Gobierno español.
Las exportaciones de armamento se utilizan también como un instrumento
de política exterior. En este sentido, además de las exportaciones
mencionadas, hay que señalar que en 2008 el Gobierno español cedió a
Marruecos ocho juegos de lanzadoras de bombas de aviación por el precio
simbólico de un euro, pese a estar valorados en 86.848 euros. Ese mismo
año también se aportaron por el precio de un euro seis torpedos ligeros.
Las exportaciones españolas de armamento a Marruecos han servido para
mejorar las relaciones diplomáticas entre ambos países, reforzando al
mismo tiempo la posición del Estado marroquí.
Estos
datos ponen de manifiesto cuál es la prioridad del Gobierno español.
Según la legislación española y la normativa de la Unión Europea no se
pueden autorizar exportaciones de armamento a países que violan los
derechos humanos, cuando se puedan agravar tensiones o conflictos
existentes, o cuando se pueda utilizar el armamento para imponer por la
fuerza una reivindicación territorial. Todas estas circunstancias
concurren en el caso de Marruecos. Un país que vulnera sistemáticamente
los derechos de la población saharaui que vive bajo la ocupación militar
del régimen marroquí.
Estas circunstancias no han
impedido que el Gobierno español permita la exportación de armamento a
Marruecos. No sólo eso, sino que se está trabajando al más alto nivel en
el Ministerio de Defensa para reforzar la colaboración industrial en materia de defensa entre ambos países. Lo que supondrá un incremento de las exportaciones de armamento españolas a Marruecos, entre ellas las de vehículos todoterreno militares fabricados por UROVESA.
El Gobierno español está dando prioridad a los intereses de la
industria armamentista y a las relaciones diplomáticas con Marruecos
para favorecer las políticas de lucha contra el terrorismo y contra la
inmigración.
Ante esta situación, varias
organizaciones de la sociedad civil van a presentar este lunes una
denuncia ante el Ministerio de Economía. Se trata de la Coordinadora
Estatal de Asociaciones de Solidaridad con el Sahara, Justicia i Pau, la
Asociación Andaluza de Juristas por el Sáhara, el Observatorio
Asturiano para el Sáhara Occidental, y el Observatorio Aragonés para el
Sáhara Occidental.
La denuncia pretende hacer pública
la irresponsable política gubernamental de exportaciones de armamento a
Marruecos. Las organizaciones denunciantes están ejerciendo así un
papel de control de la política del Gobierno, contribuyendo a la mejora
de nuestro sistema democrático. Porque las exportaciones de armas no
sólo tienen consecuencias en el exterior.
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario