lunes, 30 de abril de 2012

La Ley de Transparencia es opaca sobre la venta de armas


El Periódico de Aragón.- Espacio 3

La Ley de Transparencia es opaca sobre la venta de armas




Un todoterreno de fabricación española (izquierda) usado por el ejército marroquí en el Sáhara.



D. CHIC 28/04/2012

Durante los levantamientos populares de la conocida como Primavera Árabe los medios de comunicación dieron a conocer que se había utilizado para la represión civil armamento español tanto en Libia --bombas racimo procedentes de la fábrica de Zaragoza-- como en el Sáhara ocupado --con la acción de vehículos de doble uso en El Aaiún, durante el desmantelamiento del campamento Gdeim Izik, llamado el Campamento de la Libertad--, pese a que la legislación española indica claramente que la venta de armas a países en guerra o en zonas desestabilizadas está prohibida.
Con anterioridad, varias de estas organizaciones suscribieron solicitudes de información relativas a la venta de armas dirigidas a la Secretaría de Estado de Comercio, siempre con respuesta negativa por acogerse a la Ley de Secretos de Estado. Para denunciar estos hechos se desarrollaron campañas de presión activa sobre el papel perverso del Estado español en la venta de armamento de origen español destinado a Marruecos y se logró algún pequeño cambio de las actitudes. Estas denuncias se basaban en la ocupación ilegal y violenta del Sahara Occidental, desde la invasión del territorio en 1975 hasta la actualidad.
Con estos antecedentes no es raro que durante el periodo de consulta pública abierto para el desarrollo del anteproyecto de Ley de Transparencia, un grupo de organizaciones no gubernamentales, entre las que se encuentran el Centre d'Estudis per la Pau J.M. Delàs y diversas asociaciones de solidaridad con el pueblo saharaui hayan presentado un conjunto de alegaciones por entender que la nueva ley "supone un ataque al derecho al acceso de información pública relativa al comercio exterior de armas".
De este modo, dentro del procedimiento de consulta pública al que se ha sometido el Anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, diferentes organizaciones no gubernamentales de amplio espectro han presentado unas alegaciones conjuntas denunciando el futuro texto de la normativa.
Entre las oenegés que se adhieren a esta iniciativa se encuentra una organización dedicada al fomento de una cultura de paz y la construcción de una sociedad desarmada y que, desde 1999, denuncia los efectos negativos del militarismo y el comercio de armas, así como entidades firmantes son organizaciones sociales, jurídicas y de solidaridad con el pueblo saharaui, como CEAS-SAHARA –la Coordinadora Estatal de Asociaciones de Solidaridad con el Sáhara-, Um Draiga –la asociación de Amigos del Pueblo Saharaui en Aragón-, y organizaciones jurídicas como IAJUWS -Asociación Internacional de Juristas por el Sahara Occidental-, el Observatorio Aragonés para el Sahara Occidental, el Observatorio asturiano para el Sahara Occidental y JUPADEHU –una agrupación de Juristas por la Paz y los Derechos Humanos-.
LOS INTERESES DE LA INDUSTRIA.- Las entidades firmantes denuncian que la opacidad del anteproyecto y que la futura Ley “podría aumentar la opacidad sobre el comercio de armamento al considerar que la transparencia en esta materia puede perjudicar los intereses de la industria armamentista”. Por estas razones consideran que en el texto se vierte un secretismo calculado en relación con el comercio de armas que según ellos “tiene  como única finalidad favorecer las exportaciones de armamento”
De este modo, “en contra de las pretendidas bondades democráticas que el Gobierno predica del anteproyecto lo cierto es que una concepción democrática de la defensa exige, por el contrario, que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a saber sobre la información relacionada con la defensa nacional”, subrayan los firmantes de las alegaciones. Por ello solicitan “la modificación del anteproyecto para que se incluyan, expresamente, la información relativa a la defensa y al comercio exterior de armamento como materias propias del derecho de acceso a la información pública”.
Los ánimos no son especialmente optimistas entre los impulsores de las alegaciones a la ley, pues saben que es difícil que obtengan una respuesta favorable. De hecho, casi no hace falta ni recordar la vinculación del actual Ministro de Defensa con las fábricas españolas de armamento. El portavoz del  Observatorio Aragonés para el Sahara Occidental, Luis Mangrané, destaca que la presión mediática se ha apagado en los últimos meses, pero no pierden totalmente la esperanza.
“No creemos que nuestras propuestas vayan a tener un trato político favorable”, asegura, pero por otro lado, no están dispuestos a tirar la toalla. Si sus peticiones caen en saco roto, durante el trámite parlamentario están dispuestos a seguir plantando batalla política para frenar un comercio de armamento que consideran inmoral.

El Periódico se hace eco de nuestras alegaciones a la Ley de Transparencia


jueves, 12 de abril de 2012


Asociaciones pro derechos humanos reclaman información pública en materia de defensa y comercio de armamento

Durante el periodo de consulta pública abierto para el desarrollo del anteproyecto de Ley de Transparencia, un grupo de ONGs, entre las que se encuentran el Centre d’Estudis per la Pau J.M. Delàs y diversas asociaciones de solidaridad con el pueblo saharaui, han presentado un conjunto de alegaciones por entender que “la nueva ley supone un ataque al derecho al acceso de información pública relativa al comercio exterior de armas”.

Dentro del procedimiento de consulta pública al que se ha sometido el Anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, diferentes organizaciones no gubernamentales de amplio espectro han presentado unas alegaciones conjuntas denunciando el nuevo texto. Entre las organizaciones que se adhieren a esta iniciativa se encuentra el Centre d’Estudis per la Pau J.M. Delàs, organización dedicada al fomento de una cultura de paz y la construcción de una sociedad desarmada y que, desde 1999, denuncia los efectos negativos del militarismo y el comercio de armas.

El resto de entidades firmantes son organizaciones sociales, jurídicas y de solidaridad con el pueblo saharaui, como CEAS-SAHARA (Coordinadora Estatal de Asociaciones de Solidaridad con el Sáhara), Um Draiga (asociación de Amigos del Pueblo Saharaui en Aragón), y organizaciones jurídicas como IAJUWS (Asociación Internacional de Juristas por el Sahara Occidental), el Observatorio Aragonés para el Sahara Occidental, el Observatorio asturiano para el Sahara Occidental y JUPADEHU (Juristas por la Paz y los Derechos Humanos).

Con anterioridad, varias de estas organizaciones suscribieron solicitudes de información relativas a la venta de armas dirigidas a la Secretaría de Estado de Comercio, siempre con respuesta negativa por acogerse a la Ley de Secretos de Estado. Se desarrollaron campañas de denuncia activa sobre el papel perverso del Estado español en la venta de armamento de origen español destinado a Marruecos. Denuncia que se basa en la ocupación ilegal y violenta del Sahara Occidental, desde la invasión del territorio en 1975 hasta la actualidad.

Posteriormente, durante los levantamientos populares de la ‘Primavera Árabe’ se conoció que se había utilizado para la represión civil armamento español tanto en Libia (bombas racimo) como en el Sahara ocupado (vehículos militares en El Aaiún, durante el desmantelamiento del campamento Gdeim Izik), pese a que la legislación española indica claramente que la venta de armas a países en guerra o en zonas desestabilizadas está prohibida.

Las entidades firmantes denuncian “la opacidad del anteproyecto y que la futura Ley podría aumentar la opacidad sobre el comercio de armamento al considerar que la transparencia en esta materia puede perjudicar los intereses de la industria armamentista. Un secretismo que en el comercio de armas tiene como única finalidad favorecer las exportaciones de armamento”. “En contra de las pretendidas bondades democráticas que el Gobierno predica del anteproyecto lo cierto es que una concepción democrática de la defensa exige, por el contrario, que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a saber sobre la información relacionada con la defensa nacional”, subrayan. Por ello, solicitan “la modificación del anteproyecto para que se incluyan, expresamente, la información relativa a la defensa y al comercio exterior de armamento como materias propias del derecho de acceso a la información pública”.

martes, 10 de abril de 2012



Alegaciones presentadas al Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno mediante el procedimiento de Consulta Pública Electrónica


 
 http://www.leydetransparencia.gob.es/consulta/index.htm



EL ANTEPROYECTO DE LA LEY DE LA OPACIDAD DE LA DEFENSA

El Anteproyecto de la Ley de Transparencia consagra la defensa nacional como un ámbito opaco al escrutinio de los ciudadanos. El Anteproyecto pretende reconocer el derecho de acceso a la información en poder de las Administraciones públicas. Sin embargo, este derecho no puede ejercerse sobre aquella información que afecte a la seguridad nacional y a la defensa. La exclusión en materia de defensa tiene carácter absoluto al quedar totalmente fuera del concepto de información pública. El anteproyecto de la Ley de Transparencia es así mucho más restrictivo que la Ley sobre Secretos Oficiales. Según esta última, el Gobierno puede clasificar como secreta aquella información cuyo conocimiento público pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado. Es la existencia de una situación de riesgo la que justifica que se mantenga oculta a los ciudadanos determinada información. El anteproyecto de la Ley de Transparencia no exige que el conocimiento de la información pueda suponer un peligro para la defensa. Se trata de un matiz muy importante, ya que de esta manera se permite que el Gobierno decida libremente qué información hacer pública y cuál no. Obviamente, no se informará sobre aquellas cuestiones que puedan ofrecer a los ciudadanos una imagen negativa de la defensa. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa no tendría porqué informar sobre el coste económico de las operaciones militares en el exterior o sobre la cifra de muertos y heridos que se han producido. La regulación es coherente con el concepto de cultura de defensa establecido en la Ley Orgánica de la Defensa Nacional. Cultura de defensa que tiene como finalidad que la sociedad española se identifique con la actuación de las Fuerzas Armadas. Según el anteproyecto, el derecho de acceso a la información pública también podrá ser restringido si la divulgación de la información puede suponer un perjuicio a los intereses económicos y comerciales. Esta excepción podría aplicarse a cuestiones relacionadas con la defensa nacional como el comercio de armamento. La futura Ley de Transparencia podría aumentar la opacidad sobre el comercio de armamento al considerar que la transparencia en esta materia puede perjudicar los intereses de la industria armamentista. El secretismo en el comercio de armas tiene como única finalidad favorecer las exportaciones de armamento, como se puso de manifiesto con el escándalo de la exportación de bombas racimo españolas a Libia en 2008. En definitiva, el Anteproyecto de la Ley de Transparencia no hace más que confirmar que la defensa nacional es uno de los ámbitos políticos con mayor déficit democrático. Nuestros poderes públicos no quieren que se abra un debate público sobre la política de defensa, sobre porqué y de qué debemos defendernos. Ésta es la razón de fondo por la que impiden el ejercicio del derecho de acceso a la información sobre cualquier cuestión relacionada con la defensa. Una concepción democrática de la defensa exige, por el contrario, que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a saber sobre la información relacionada con la defensa nacional. Por ello, se solicita la modificación del anteproyecto para que se incluyan expresamente la información relativa a la defensa y al comercio exterior de armamento como materias propias del derecho de acceso a la información pública.