NOVIEMBRE 16, 2009
La policía recurre al permiso previo para interrumpir las visitas de extranjeros
Nueva York) - Marruecos ha adoptado otra medida regresiva para los derechos humanos al impedir las visitas "no autorizadas" de extranjeros a los hogares de activistas saharauis del Sáhara Occidental, señaló hoy Human Rights Watch.
Desde el 19 de octubre de 2009, la policía ha interrumpido cinco visitas de este tipo de periodistas y abogados de derechos humanos españoles, diciéndoles en cada uno de los casos que estas visitas requieren la autorización previa de las autoridades.
Esta práctica, que no tiene aparentemente fundamento en la legislación marroquí, representa una nueva restricción de los derechos de los saharauis y de los visitantes de la región. Anteriormente, los agentes de policía de paisano no intervenían generalmente cuando los extranjeros entraban a las casas de conocidos activistas saharauis, aunque solían vigilar abiertamente dichas visitas desde la distancia.
"Un país que se vanagloria de la apertura le dice ahora a algunos ciudadanos que no pueden decidir quién puede visitarles", señaló Joe Stork, director adjunto para Oriente Medio y Norte de África de Human Rights Watch. "Se trata de una restricción inaceptable del derecho a la libertad de asociación y el derecho a la intimidad", agregó.
Las restricciones de las visitas a los hogares de activistas saharauis coinciden con una postura manifiestamente más dura de las autoridades marroquíes con respecto a los promotores de la autodeterminación de los territorios disputados del Sáhara Occidental. Marruecos ha ejercido su control de facto sobre la antigua colonia española desde 1975, y la considera una parte integral de su territorio nacional. Otros países no han reconocido oficialmente este hecho.
Siete saharauis están detenidos desde su regreso, el 8 de octubre, de una visita a los campamentos de refugiados saharauis en Argelia, administrados por el Frente Polisario. El Polisario es un movimiento independentista que se opone a la soberanía marroquí y reclama un referendo de autodeterminación para la población del Sáhara Occidental. Las autoridades marroquíes acusaron a los detenidos de dañar la "seguridad externa del Estado" y remitieron los casos a un tribunal militar, una decisión muy poco habitual e inquietante para los civiles acusados.
El propio rey Mohammed VI ha marcado un nuevo tono con respecto a los saharauis partidarios de la autodeterminación que cuestionan efectivamente la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental.
"O se es un patriota o un traidor", declaró el monarca el 6 de noviembre, con motivo del 34º aniversario de la "Marcha Verde" para la toma de control de la región. "¿Hay algún país que toleraría que un puñado de personas fuera de la ley exploten la democracia y los derechos humanos para poder conspirar con el enemigo contra su soberanía, unidad e intereses vitales?", se preguntó.
Los visitantes extranjeros a los que se obligó a salir de las casas de saharauis en los incidentes recientes eran periodistas y abogados españoles que habían viajado al Sáhara Occidental para presenciar los juicios contra saharauis y recopilar información sobre derechos humanos.
En el incidente más reciente, ocurrido el 12 de noviembre, Luis Mangrané Cuevas, abogado representante del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) intentó visitar a Sultana Khaya, vicepresidenta del Foro de la Mujer Lavenir Saharaui, en su casa de Boujdour. Mangrané había llegado a la región para observar el juicio contra la activista saharaui Hassana Alouate.
(Foto: Boujdour, 19 de noviembre, camino de la Comisaria.)
La policía le interceptó cerca de la casa de Khaya y le dijo que necesitaba autorización para entrar. En la comisaría le dijeron que podría encontrarse con Khaya en un café. Sin embargo, cuando los dos se sentaron a hablar en un café, llegaron agentes de policía que ordenaron a Magrané que saliera de Boujdour y le acompañaron a una parada de taxis, donde se montó en un taxi que le llevó a El Aiún.
Así se desarrollaron los cuatro incidentes previos:
Cerca de las siete y media de la tarde del 10 de noviembre, Mangrané y Dolores Travieso Darias, otra abogada española enviada por GCAE para observar el juicio, visitaron a Hassan Duihi en su casa de El Aiún. Después de una media hora, agentes de policía de paisano se presentaron en la puerta y dijeron a Duihi, miembro de la Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones Graves de Derechos Humanos (ASVDH), quien recibe con frecuencia visitas de extranjeros, que pidiera a los dos abogados que salieran de su casa y regresaran a su hotel. Los agentes de policía comunicaron a Duihi que tenía que obtener un permiso previo de la policía para cualquier extranjero que quisiera visitar su casa.
Cerca de las nueve y diez de la noche del 3 de noviembre, seis agentes de policía de paisano se presentaron en la casa de El-Ghalia Djimi, vicepresidente de la ASVDH, en El Aiún, durante una visita de dos abogadas españolas. Las abogadas, Inés Miranda y Araceli Fernández de Córdoba Cantizano, se encontraban en la ciudad para observar el juicio contra el activista saharaui Cheikh Amidane, en representación de la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental, con sede en España.
La policía informó a las abogadas que tenían que obtener un permiso del Ministerio de Comunicación para las visitas y les ordenó que salieran de la casa. Djimi llevaba años recibiendo en su casa a visitantes extranjeros interesados en los derechos humanos, sin tener que informar primero a las autoridades. Los funcionarios ahora le dijeron que tenía que solicitar su autorización por adelantado cuando quisiera recibir a visitantes extranjeros.
El 22 de octubre, agentes de policía de paisano ordenaron a dos periodistas españolas, Beatriz Mesa de Radio Cope y El Periódico, y Erena Calvo de Ser Radio y el diario El Mundo, que salieran de la casa de Sidi Mohamed Daddache, presidente del Comité de Defensa del Derecho de Autodeterminación del Pueblo Saharaui (CODAPSO), en El Aiún. Ambas reporteras viven en Marruecos y se encuentran acreditadas por las autoridades marroquíes.
El 19 de octubre, agentes de policía de paisano se presentaron en la casa de El Aiún de Hmad Hammad, vicepresidente del CODAPSO, y ordenaron la salida de Ruth Sebastián García y Simplicio del Rosario García. Los dos abogados españoles habían viajado a El Aiún para asistir al juicio contra el activista estudiantil saharaui Mohamed Berkane, celebrado ese mismo día más temprano.
Durante tres misiones de investigación entre 2005 y 2007, los representantes de Human Rights Watch visitaron muchas residencias privadas en El Aiún y Asmara, entre ellas las de activistas saharauis. Aunque fue posible observar con frecuencia agentes de policía de paisano vigilando las casas desde la distancia, no interrumpieron estas visitas.
"Los activistas pro derechos humanos, como cualquier otra persona, deben tener libertad para recibir y visitar a quién quieran, sin tener que obtener permiso", señaló Stork. "Cuando las autoridades restringen este derecho parece que están intentando interrumpir el flujo de información sobre sus propias prácticas", agregó.
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