El año pasado los saharauis que viven en el Sahara Occidental ocupado por Marruecos se liberaron del miedo que sienten hacia el ocupante marroquí y establecieron un campamento de protesta en las afueras de El Aaiún. En el informe del Secretario General de las Naciones Unidas al Consejo de Seguridad, de fecha 1 de abril de 2011, se hace referencia a estos acontecimientos: “a comienzos de octubre, un grupo de saharauis levantó un campamento en Gdim Izik, a unos 15 kilómetros al sureste de El-Aaiún, con la intención de exigir medidas socioeconómicas a las autoridades marroquíes. El campamento fue creciendo de forma gradual hasta llegar a tener 6.610 tiendas, según las estimaciones realizadas por el Programa sobre Aplicaciones Operacionales de Satélite del Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones, basándose en imágenes por satélite. Se cree que el número de personas acampadas, que varió considerablemente con el tiempo, llegó a ser de más de 15.000”. No está claro el coste de víctimas finales como consecuencia del desmantelamiento de esta protesta y de la posterior violencia que se desató en las ciudades ocupadas por Marruecos, víctimas a las que habría que añadir los desaparecidos y presos políticos. Sí lo está que entre los fallecidos figura un niño, Nayem Elgarhi (el vehículo en que viajaba fue ametrallado por el ejército marroquí), un ciudadano español (Babi Hamday Buyema) y Said Dambar (asesinado por la policía marroquí de un tiro en la cabeza al salir de un cibercafé en el que había presenciado un partido de fútbol español).
Para el reconocido intelectual Noam Chomsky, las masivas protestas actuales en Oriente Medio y África del Norte comenzaron precisamente con la protesta de Gdeim Izik. Un año después las protestas y torturas continúan en los territorios ocupados pero los grandes medios no las cubren informativamente, tampoco parece interesarles las revueltas de las ciudades de Marruecos.
¿Cual fue la respuesta del Gobierno español a esta brutal intervención? El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, se limitó a la consabida perorata del Gobierno "lamenta" y muestra su "honda preocupación"; un año después sigue sin condenar estas brutales acciones. No se puede esperar otra reacción del actual Gobierno, cómo va a condenar al ocupante marroquí cuando durante el periodo 2000-2010 España le ha vendido (y regalado) armas a Marruecos por más de 200 millones de euros.
Cuando el Presidente Zapatero llegó al poder en 2004 vaticinó la resolución del conflicto en seis meses, sin embargo en estos años el Gobierno español se ha convertido en cómplice activo del marroquí, poco más le puede exigir el Reino de Marruecos a España, aparte de que reconozca la soberanía marroquí del Sahara Occidental. Cuando Aminetu Haidar regresó al Sahara Occidental, en diciembre de 2009, el Gobierno emitió una nota oficial en la que manifestaba que “la Ley marroquí se aplica en el territorio del Sahara Occidental” y Ramón Jáuregui, para referirse a la prohibición de Marruecos de que políticos y periodistas españoles entraran a El Aaiún antes del ataque al campamento del Aaiún, afirmó en el Congreso que “la admisión en territorio forma parte del núcleo duro de la soberanía de un país". Declaraciones matizadas por el Gobierno al recalcar que “España no ha realizado ningún acto de reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el Sahara occidental”. Faltaría más, seríamos el primer país en el mundo. Somos conscientes que la actuación de España no va a resolver este conflicto, pero las acciones y omisiones del actual ejecutivo solo hacer que reforzar el statu quo de Marruecos en diferentes aspectos:
1) En lo económico. La actual ministra de Agricultura hizo todos los esfuerzos posibles para que "cuanto antes" se renovase el convenio pesquero con Marruecos "por lo menos un año y si es por dos, mejor". Un auténtico expolio por incluir ilegalmente las aguas del Sahara y que sirve para financiar la ocupación marroquí.
2) Reforzando la impunidad. Después de la brutal intervención de noviembre pasado, el Ministro de Interior Rubalcaba, candidato a la presidencia en las próximas elecciones generales, se reunió en Madrid con su homólogo, Taib Cherkaui, al que acompañaba una comitiva en la que participaba el general marroquí Hosni Benslimane, imputado en la querella que por genocidio contra el pueblo saharaui se tramita ante la Audiencia Nacional y reclamado por un juez francés, euro-orden de detención incluida, por el asesinato del político marroquí Ben Barka (general condecorado por el gobierno de Rodríguez Zapatero en 2005 con la "Gran Cruz de Isabel la Católica").
3) Recortando libertades. Del 'No a la Guerra' se ha pasado a una titular de Cultura, González-Sinde, que a los intelectuales comprometidos con los saharauis les acusa de no ser "expertos", exigiéndoles que no jueguen el "papel de opinar y de contribuir a la confusión".
4) En lo diplomático. Desde que los socialistas llegaron al Gobierno, en 2004, mantuvieron en público una pretendida e inmoral equidistancia en el conflicto del Sáhara Occidental, pero en realidad engañaban a la opinión pública y apoyaron e incluso se ofrecieron a asesorar a Marruecos sobre cómo elaborar su propuesta de conceder una autonomía, pero bajo soberanía marroquí. Los cables de wikileaks han evidenciado que Moratinos elaboró un "non paper", documento sin membrete, proponiendo abandonar los términos de "descolonización, soberanía e independencia" y cambiarlos por "regionalización, autonomía y autogobierno" y sugiriendo para el Sáhara "una solución similar a la que España ha dado a Cataluña".
El 12 de noviembre de 2010, Zapatero pontificaba que "los intereses de España son lo que el Gobierno tiene que poner por delante" y añadía que la relación con Marruecos es “prioritaria para España” y se limitó a expresar su “preocupación” por lo ocurrido en El Aaiún. Unas declaraciones que nos recuerdan la frase de Albert Camus: “la tiranía totalitaria no se edifica sobre las virtudes de los totalitarios sino sobre las faltas de los demócratas”.
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