Bucharaya Beyun, representante en España de la República Arabe Saharaui Democrática, Ali Salem Tamek, activista saharaui defensor de los derechos humanos en los territorios ocupados, Rafael Antorrena, de la Asociación Um Draiga de Amigos del Pueblo Saharaui en Aragón y Luis Mangrané Cuevas, vicepresidente del Observatorio aragonés para el Sáhara Occidental, trasladaron el pasado viernes a los parlamentarios aragoneses integrantes de la Ponencia Paz para el Pueblo Saharaui su preocupación por la situación creada por el juicio contra veinticinco saharauis detenidos en los sucesos acaecidos en el campamento de Gdeim Izik
Ali Salem Tamek, vicepresidente del Colectivo
Defensores Saharauis de los derechos humanos (CODESA), hizo llegar a los
parlamentarios aragoneses su denuncia por el juicio contra veinticinco
saharauis detenidos en los sucesos acaecidos en el campamento de Gdeim Izik,
que han sido condenados a penas que van desde cadena perpetua a 20 años de
cárcel.
Salem ha calificado el proceso de “juicio político” al ser los detenidos
activistas saharauis por la autodeterminación del Sáhara Occidental, y ha
recalcado que “es un juicio ilegal, ya
que no hay pruebas y los detenidos son civiles que han sido juzgados por un
tribunal militar”, lo que demuestra, en palabras del compareciente, que
“Marruecos no respeta los derechos
humanos y está muy lejos de la imagen que trata de proyectar cómo país con un
estado de derecho avanzado que respeta las leyes y los derechos humanos”.
Salem ha expresado también su
convencimiento de que “la sociedad
española apoya la causa saharaui” y “cree pero que el Gobierno central no actúa, aunque debería hacerlo, ya
que si es realmente un Gobierno democrático debería escuchar a sus ciudadanos”,
añadiendo que “también debería prestar
oídos a sus antiguos ciudadanos”.
En la
Ponencia han intervenido en representación de las Cortes de
Aragón, y de sus respectivos grupos parlamentarios, los diputados Eduardo Peris
(PP), Carlos Tomás (PSOE), Manuel Lorenzo Blasco (PAR), José Luis Soro (CHA) y
Patricia Luquín (IU).
Los integrantes de la Ponencia aprobaron por
unanimidad la siguiente declaración institucional:
LA
PONENCIA PAZ
PARA EL PUEBLO SAHARAUI
La Ponencia Paz para el
Pueblo Saharaui presenta esta PROPUESTA DE RESOLUCIÓN INSTITUCIONAL en base a la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 8 de noviembre de 2010 el Campamento de Gdeim Izik, a
las afueras de El Aaiún, organizado por miles de personas saharauis para
protestar por sus deplorables condiciones de vida, fue disuelto violentamente
por las fuerzas de ocupación marroquíes causando víctimas y desaparecidos.
Este campamento de más de 20.000 personas pretendía
denunciar la situación en que viven los y las saharauis en el Territorio No
Autónomo del Sahara Occidental, último territorio de África pendiente de
descolonización bajo tutela del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Una situación de continuas violaciones de derechos humanos, expoliación de sus
recursos naturales, detenciones arbitrarias, desapariciones y torturas.
En lo que se ha venido en reconocer como el inicio de la Primavera Árabe, con esa
disolución violenta por parte de la fuerza ocupante marroquí, el régimen de
Marruecos procedió a detener y a obtener declaración bajo tortura a 24
saharauis para responsabilizarlos de la hipotética muerte de agentes marroquíes
en los acontecimientos de la violenta disolución de Gdeim Izik.
Posteriormente, y a pesar de no tener jurisdicción sobre el
Territorio no Autónomo del Sahara Occidental, el régimen marroquí procedió a
juzgarlos en un tribunal militar que a juicio de numerosos observadores
internacionales no contó con las debidas garantías por falta de pruebas.
Las armas con las que supuestamente fueron asesinados los agentes carecían de huellas dactilares de los acusados. Además, sólo se practicó una prueba forense y no se realizó ningún test de ADN. Tras nueve días de juicio y siete horas de deliberación el tribunal militar marroquí condenó a nueve activistas a cadena perpetua, a cuatro a 30 años de cárcel, a otros diez a penas de entre 20 y 25 años y a los dos últimos a dos años de cárcel.
Las armas con las que supuestamente fueron asesinados los agentes carecían de huellas dactilares de los acusados. Además, sólo se practicó una prueba forense y no se realizó ningún test de ADN. Tras nueve días de juicio y siete horas de deliberación el tribunal militar marroquí condenó a nueve activistas a cadena perpetua, a cuatro a 30 años de cárcel, a otros diez a penas de entre 20 y 25 años y a los dos últimos a dos años de cárcel.
Estas durísimas penas suponen un nuevo atentado contra el
pueblo saharaui, contra su derecho de autodeterminación y su existencia, ya que
se trata de un pueblo sometido permanentemente a violaciones por parte de la
fuerza ocupante marroquí.
Diferentes instituciones europeas, parlamentos nacionales y
el propio Parlamento Europeo han venido sistemáticamente denunciando estas
violaciones y exigiendo que la
Misión de las Naciones Unidas desplegada en la zona (MINURSO,
Misión de Naciones Unidas para el
referéndum en el Sahara Occidental), monitorice el respeto a los
derechos humanos del pueblo saharaui.
El pasado 7 de febrero, la última sesión del Parlamento
Europeo aprobó su mandato para la
XXII sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones
Unidas a celebrar en Ginebra del 25 de
febrero al 22 de marzo donde se solicita, además de una solución justa y
duradera al conflicto mediante el ejercicio de un referéndum de
autodeterminación, la libertad de todos los presos políticos saharauis.
21. Manifiesta su preocupación por el
hecho de que sigan violándose los derechos humanos en el Sáhara Occidental;
pide que se protejan los derechos fundamentales del pueblo del Sáhara
Occidental, incluidos la libertad de asociación, la libertad de expresión y el
derecho de manifestación; exige la liberación de todos los presos políticos
saharauis; saluda el nombramiento de un enviado especial para el Sahel y
destaca la necesidad de un seguimiento internacional de la situación de los
derechos humanos en el Sáhara Occidental; apoya una solución justa y duradera
del conflicto basada en el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui,
de conformidad con las resoluciones de las Naciones Unidas;
Por todo lo anteriormente expuesto, acuerda
adoptar la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
- Suscribir el mandato del Parlamento Europeo a la XXII sesión del Consejo de
Derechos Humanos de Naciones Unidas y exigir al reino de Marruecos la libertad
de todos los presos políticos saharauis, incluido el Grupo de 24 presos de
Gdeim Izik, recientemente condenados por
un tribunal militar marroquí, así como pedir la protección de los derechos
fundamentales del pueblo saharaui, destacar la necesidad de un mecanismo
internacional de seguimiento de los derechos humanos en el Sahara Occidental y
apoyar una solución del conflicto basada en el ejercicio del derecho a la
autodeterminación del pueblo saharaui, como establecen numerosas resoluciones
de las Naciones Unidas.
- Enviar el presente acuerdo al Ministro de Asuntos
Exteriores, Embajador de Marruecos en Madrid, al Presidente del Congreso de
Diputados, al Presidente del Senado, Presidente del Parlamento Europeo,
Comisaria Europea de Cooperación Internacional, Ayuda Humanitaria y Respuesta a
las Crisis y a la
Alta Representante de la Unión Europea para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.
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